El Gabinete negocia con los sindicatos el final de la huelga de funcionarios de Justicia

Una entrevista del senador socialista Francisco Ramos con el vicepresidente Abril y con el director general de Justicia, y otras del comité de huelga y de CCOO con el Ministerio de Justicia, constituyen las únicas novedades en el conflicto que protagoniza el personal subalterno de la Administración de justicia. Desde hace tres días, en protesta por su exclusión en el proyecto de ley de retribuciones para los funcionarios al servicio del poder judicial, los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes mantienen una actitud de huelga indefinida que ha provocado la semiparalización de la Administración de justicia.

El mencionado proyecto de ley, que los huelguistas pretenden sea retirado de las Cortes, apareció publicado el jueves en el Boletín Oficial del Congreso, lo que hace más improbable que el Gobierno acceda a esta pretensión. Fuentes sindicales exculpaban al Ministerio de Justicia de la responsabilidad directa sobre la elaboración del mencionado proyecto de ley, al tiempo que responsabilizaban del conflicto a los ministerios económicos del Gobierno.Pilar Arroyo, dirigente de CCOO, manifestaba ayer su perplejidad ante la actitud del Gobierno. No es comprensible que no tenga en cuenta para llevar adelante el mencionado proyecto de ley la necesidad de reducir el gasto público, y alegue precisamente este motivo para no acceder a las reivindicaciones de los cuerpos subalternos. El proyecto de ley, según CCOO, ha supuesto librar un crédito de mil millones de pesetas; la supresión del artículo nueve del mismo, que es el que excluye a los cuerpos subalternos y traslada su dependencia a la función pública, sólo supondría otros seiscientos millones y afectaría a un colectivo mucho mayor.

Las reivindicaciones de los oficiales, auxiliares y agentes, están siendo apoyadas, por otra parte, por distintos magistrados y jueces de Madrid, Murcia y Andalucía, al tiempo que la Administración advierte a los huelguistas que va a iniciar las sanciones a los mismos.

En cuanto al nivel de participación de la huelga, las versiones de la Administración y del comité de los trabajadores continúan siendo diametralmente opuestas. Para la Administración la huelga se mantuvo el viernes con una participación del 50% de los funcionarios y adoptó la forma de huelga de celo en quince provincias. En Valencia y Cáceres, añadieron las fuentes oficiales, los funcionarios se han reincorporado al régimen normal de trabajo. El comité de huelga, por su parte, insiste en que el paro está siendo secundado por los 14.000 oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de justicia.

¿Una huelga política?

Eduardo García, miembro de la FETAP-UGT y del comité de huelga, negó ayer rotundamente que el paro tuviera carácter político. La FETAP-UGT, que siempre se ha mostrado contraria a los sindicatos profesionales y que en la anterior huelga de la Administración de justicia se opuso a la misma y criticó duramente al Sindicato Libre e Independiente de los Cuerpos de la Administración de Justicia, por haberla promovido, se encuentra ahora corresponsabilizada al 50% con el mencionado sindicato en el comité de huelga.Eduardo García, que no quiso entrar en el amarillismo o no del Sindicato Libre «porque hemos acordado una pacto de lealtad mientras dure el conflicto», manifestó a EL PAIS que la directiva actual del mencionado sindicato no tiene nada que ver con la que dirigió la anterior huelga. «Los miembros del Sindicato Libre que están en el comité son amigos personales míos y puedo asegurar que no son unos fachas. Además, siendo el sindicato mayoritario en la Administración de justicia ha permitido a FETAP-UGT, que tiene mucha menos presencia en este sector, estar representada con igual número de miembros en el comité de huelga. Nosotros, a cambio, aportamos el apoyo parlamentario del PSOE, ya que ellos son independientes de los partidos.»

La huelga no es política, añadió el dirigente ugetista, «son determinados periódicos como El Alcázar o El Imparcial, los que han aprovechado nuestra huelga, como aprovechan cualquier acontecimiento que les venga bien, para afirmar que el Gobierno de UCD no gobierna, y han manipulado nuestra protesta para sus fines». En descargo del Sindicato Libre, y refiriéndose al editorial del último número de EL PAIS, que estuvo dedicado a este conflicto, Eduardo García, tras manifestar que estaba de acuerdo en muchos de los aspectos planteados y calificar de «agudísimo» el último párrafo del mismo, aseguró que la adhesión del Sindicato Libre al homenaje al señor De Miguel, magistrado que contribuyó a la ilegalización y penalización de CCOO en la última etapa del franquismo, «no tenía nada que ver con estos hechos». La adhesión al homenaje, según el dirigente ugetista, se debió a la carta que había dirigido Adolfo de Miguel al presidente del Tribunal Supremo en apoyo de las reivindicaciones de oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de justicia, «que es un gesto valiente», ya que el citado magistrado entregaba parte de su sueldo a la Mutualidad de Funcionarios Subalternos.

CCOO, según manifestó a EL PAIS Pilar Arroyo, denuncia este tipo de huelga porque no la considera adecuada para defender unas reivindicaciones, que, por otra parte, sí comparte. En la Administración, «y en eso han sido más radicales hasta ahora los compañeros de UGT», no se puede convocar una huelga indefinida, sin ningún plan de negociaciones, con los funcionarios en sus casas -sin asistir al centro de trabajo- y desatendiendo la realización de los servicios de justicia urgentes. Desde el principio hemos estado en contra de esta forma de huelga», dice Pilar Arroyo, «aunque compartimos la reivindicación de que se incluya a los oficiales, auxiliares y agentes en el proyecto de ley del Gobierno.»

CCOO propuso la realización de huelgas de dos o tres días a la semana, combinando las acciones de presión con la negociación, y si tras varias semanas el Gobierno no cambiaba su postura, pasar a una huelga de celo. «Nuestra postura, sin embargo, no fue aceptada por el Sindicato Libre y por UGT, que nos dijeron que no estaban dispuestos a negociar la forma de la huelga. Por ello», añade Pilar Arroyo, «allá donde nosotros hemos tenido fuerza para imponer nuestras tesis en las asambleas, casos de Sevilla, Valencia o Barcelona, los paros se están realizando con asistencia a los centros de trabajo.

CCOO, aunque no puede hacer acusaciones en firme, cree que algunos sectores de la dirección del Sindicato Libre, no así las bases, están próximos a planteamientos de la derecha o la extrema derecha. «Algunos planteamientos irreales en la Administración», dice Pilar Arroyo, «sirven de pretexto para arremeter de forma desaforada contra el Gobierno y contra los sindicatos de clase.»