La integración de Navarra en Euskadi, problema sin resolver

A pesar de que Navarra no está incluida en la territorialidad que abarca el Estatuto de Guernica, la llamada «cuestión navarra» ha sido el determinante para que el grupo más significativo de la izquierda abertzale -Herri Batasuna- se posicione en contra del Estatuto vasco. «Sin Navarra», dijo recientemente Telesforo Monzón, «ni un solo paso adelante.» La cuestión no es nueva. Se planteó en 1931, durante la discusión del Estatuto de Estella, que al final no prosperó por maniobras ajenas a la voluntad popular, fue el fantasma que pesó sobre el proyecto de Estatuto de 1933 y fue, finalmente, la gran decepción de los nacionalistas en el texto aprobado el 1 de octubre de 1936. En cierta medida, Navarra ha sido el eterno problema del País Vasco a la hora de poner en marcha ambiciosos proyectos políticos.

El 14 de junio de 1931, los ayuntamientos del País Vasco aprobaban en una asamblea celebrada en Estella (Navarra) el proyecto de Estatuto elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos, con algunas ligeras modificaciones. A pesar de la presión ejercida por los alcaldes vascos, que en número de 450 llegaron a desplazarse a Madrid en un tren especial para entrevistarse con el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, el Estatuto de Estella debía ajustarse a la nueva Constitución republicana y, por tanto, ser reelaborado.Las comisiones gestoras encargadas de elaborar el nuevo proyecto de Estatuto consultaron a las diputaciones sobre la conveniencia de redactar estatutos para cada región o, por el contrario, un único texto para las cuatro provincias. Los ayuntamientos de Navarra se reunieron en Pamplona, el 31 de enero de 1932, y decidieron, por mayoría absoluta, apoyar el Estatuto vasco por entender que era la fórmula correcta en aquel momento.

Los cinco meses siguientes fueron. en Navarra un auténtico hervidero que, en cierta medida, presagiaba un desenlace controvertido. El 19 de junio de 1932, en el teatro Gayarre, de Pamplona, comienza la tumultuaria asamblea que debía decidir si Navarra, a través de los ayuntamientos, aceptaba o rechazaba el Estatuto vasco. En la sesión matinal, los apoderados de los ayuntamientos discutieron interminablemente sin llegar a ningún acuerdo, a pesar de que únicamente estaban facultados para votar a favor o en contra del Estatuto. Por la tarde, después de una intervención del alcalde de Pamplona, se puso a votación el tema. Varios apoderados que debían votar afirmativamente se ausentaron de la sala; otros votaron en blanco o en contra, a pesar de que tenían el mandato expreso de sus respectivas corporaciones para decir sí al Estatuto vasco.

El recuento dio el siguiente resultado: 123 ayuntamientos votaron no al Estatuto vasco; 109 dijeron sí, y 35 se abstuvieron. Posteriormente, se descubrió que varios apoderados habían falsificado el mandato de su voto, por lo que, según José Antonio de Aguirre, diputado a Cortes por Navarra durante la República y posteriormente, presidente del Gobierno vasco, el resultado pudo haber sido el siguiente: 127 ayuntamientos a favor del Estatuto vasco; 115 en contra, y veinticinco abstenciones. En cualquier caso, los resultados demostraron la enorme división que existía sobre el tema en el viejo reino.

Desenganchada Navarra de la vía estatutaria elegida por Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, la comisión gestora reelaboró el Estatuto, que fue aprobado el 5 de noviembre de 1933. De esta forma, se cerraba un capítulo decisivo en la historia del País Vasco, que tendría su continuación en la promulgación del Estatuto el 1 de octubre de 1936, una vez iniciada la guerra civil. Navarra quedaba definitivamente separada y encuadrada a raíz del levantamiento militar del general Mola entre los territorios que apoyaban la cruzada del general Franco.

Los proyectos de reintegración foral no prosperaron

Finalizada la guerra civil, Navarra siguió conservando su status foral, pero sin que a lo largo de cuarenta años ninguno de los corporativos que formaron parte de la Diputación Foral de Navarra tomaran la iniciativa para recuperar las competencias originarias de la provincia. Unicamente en el verano de 1976 tres diputados forales, los señores Arza, Izazoqui y Visus, propusieron a la Diputación que acordara exigir a la Administración central la reintegración foral plena, sin que el tema prosperara. Posteriormente, la Diputación, en los últimos días de su mandato, antes de convocarse elecciones democráticas, propuso al Gobierno un proyecto de reintegración foral, que contemplaba la posibilidad de que Navarra tuviera moneda propia, virrey, aduanas en las fronteras, etcétera. El proyecto no prosperó porque ni el Gobierno ni la propia Diputación, en vísperas de su cese legal, mostraron realmente interés en el tema.

A partir del 3 de abril de 1979, la configuración política de Navarra cambió sustancialmente. Por un lado, los navarros eligieron nueva Diputación, integrada por siete miembros, como órgano de gobierno del viejo reino; por otro, una antigua institución de Navarra, sus Cortes, volvían de nuevo a la escena política a través del Parlamento Foral, compuesto por setenta miembros, que ha de ser el encargado del control y fiscalización del ejecutivo. Tanto para la Diputación como para el Parlamento Foral, el problema de Navarra quedó claro: iniciar un proceso de negociaciones con el Gobierno -la vía del pacto foral- que posibilite la recuperación de todas las facultades originarias del viejo reino. Y una vez salvado este tema, enfrentarse con la cuestión más polémica: si o no a la comunidad autónoma vasca.

La moción discordante puede promover una nueva consulta popular

A pesar de haber aceptado la vía de la negociación con el Gobierno, la semana pasada se introdujo en el panorama político navarro un nuevo elemento, de la mano de Euskadiko Ezkerra y el Partido de los Trabajadores de Euskadi. Los dos grupos, con el apoyo del PCE y ESEI, presentaron una moción ante la mesa interina del Parlamento Foral para que la Cámara se pronuncie favorablemente por la incorporación de Navarra a Euskadi. Lo que parecía que no iba a llegar nunca, se presentó en plena campaña estatutaria con la intención de que «se produzca un debate en el seno del pueblo de Navarra, que finalice con la integración democrática en la comunidad autónoma del País Vasco».

De esta forma, la moción será examinada por la mesa interina que, en el caso de tomarla en consideración, optará por remitirla a la comisión de régimen foral y, posteriormente, si se aprueba, al Pleno del Parlamento. Si la Cámara se pronuncia favorablemente (es necesaria la mayoría absoluta), el presidente comunicará la decisión a la Diputación Foral y ésta al Gobierno para que el Rey, a través de un real decreto, promueva la celebración de un referéndum en Navarra para apoyar o no la decisión del Parlamento. En el supuesto de que Navarra dijera sí a la integración, una comisión mixta Parlamento y Diputación Foral-Parlamento y Gobierno vasco elaborarán la reforma del Estatuto para dar entrada a Navarra. El nuevo Estatuto reformado deberá ser aprobado por el Parlamento Foral de Navarra y el Parlamento vasco y, posteriormente, por los electores de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Finalmente, el nuevo texto necesitaría para entrar en vigor el refrendo de las Cortes Generales, a través de una ley orgánica.

Más fácil para Santander que para Navarra

«Es una auténtica carrera de obstáculos», señaló a EL PAIS Patxi Zabaleta, dirigente de Herri Batasuna, «que está puesta para impedir la integración. A mí me parece que Santander, por poner un ejemplo, si quiere incorporarse a Euskadi, lo tiene más sencillo que Navarra.»

Sin embargo, el PNV considera que el Estatuto es la única vía posible que deja la puerta abierta a la incorporación. «En la práctica, Navarra va a tener que dar los mismos pasos que las otras regiones. «Nosotros pensamos que la integración se podrá producir en breve -en un plazo no superior a los doce a catorce meses- Es cuestión», precisaron a EL PAIS dirigentes del PNV, «de que los partidos que están de acuerdo en la incorporación aceleren el proceso institucional de Navarra para que un nuevo Parlamento Foral decida sobre el tema. En la práctica, no debe pasar más de un año.»

La cuestión Navarra-Euskadi, en opinión del PSOE, debe ser tratada sin apasionamiento y desde la perspectiva de una Navarra más solidaria. «Primero, conseguir la reintegración foral», manifestó a EL PAIS un portavoz socialista «después, la reordenación institucional de la provincia, y finalmente, comprobar cómo se produce la consolidación de la comunidad autónoma del Estatuto vasco. Una vez que se den estas condiciones hay vías: la prevista en la disposición transitoria cuarta de la Constitución y el artículo 22.2 del Estatuto de Guernica, que preví convenios entre los territorios forales. Es una cuestión de utilizar la vía útil.»