El Gobierno cancela la licencia de la Caja Hispánica de Crédito

El Banco de España ha notificado la cancelación de la inscripción en el registro de la Caja Hispana de Crédito, Sociedad Cooperativa, decidida en un reciente Consejo de Ministros. Contra la sociedad, que tiene en la actualidad un activo aproximado a los 250 millones de pesetas y 1.100 cuentas de depositantes, hay interpuestas siete acciones judiciales por un total de cuarenta millones de pesetas, una de las cuales plantea una demanda de quiebra.

El Banco de España notificó la decisión adoptada en Consejo de Ministros de declarar la disolución de la Caja Hispana de Crédito, Sociedad Cooperativa.Desde el pasado mes de agosto siete personas jurídicas han emprendido acciones judiciales contra la entidad por valor total aproximado de cuarenta millones de pesetas. Una de ellas, presentada por una empresa dedicada a la exportación e importación, es una demanda de quiebra que ha sido aplazada.

La Caja Hispana de Crédito dispone, según fuentes oficiosas, de un capital social aproximado a los ochenta millones de pesetas y un activo que se acerca a los 250 millones. De las 1.100 cuentas que figuran en su relación de impositores, alrededor de ochocientas corresponden a imposiciones que no llegan al medio millón y sólo una veintena tiene titulares con inversiones considerables, entre los que figuran varias órdenes religiosas.

La entidad, que funciona en Madrid desde 1973, cuenta con 150 millones de pesetas, aproximadamente, en impagados y fallidos. El patrimonio de la Caja Hispana de Crédito se acerca al centenar de millones. La plantilla de la sociedad se compone de siete personas: un director, un cajero y cinco empleados con categoría de oficiales y suboficiales.

En la actualidad, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito estudia la posibilidad de devolver las cantidades adeudadas a los pequeños impositores. Para ello se piensa en realizar esta operación a través de una derrama a fondo perdido de las entidades de crédito cooperativo o a través de la sustitución del título de acreedor. Las citadas entidades de crédito tienen en constitución un fondo de riesgo, para insolvencia, que no se puede utilizar en esta circunstancia por no estar todavía en funcionamiento. Este fondo está creado desde hace dos años para bancos y cajas con aportaciones de todas las entidades y el Banco de España.

El martes se celebró una reunión entre los más importantes impositores de la entidad, en la que se decidió crear una comisión gestora con objeto de estudiar las posibilidades de recurrir administrativamente frente a la declaración de disolución de la entidad y, en cualquier caso, a que sea la misma sociedad la que se liquide. El obstáculo más grave lo constituye la demanda de quiebra presentada contra la Caja Hispana de Crédito el pasado mes de agosto.

Una historia de quince meses

La disolución de la entidad se remonta a hace quince meses, en que varios inspectores del Banco de España prepararon un informe sobre la actividad de la sociedad. Hace tres meses, el Banco de España propuso la disolución de la entidad al Ministerio de Economía.La marcha negativa de la sociedad comenzó a manifestarse a partir del año 1977. A partir de entonces comenzaron a sucederse los fallidos y se efectuó, según se estima en algunos círculos, una capitalización falsa. El Banco de España obligó a subir el volumen de capital y esta operación se realizó con aportaciones personales o de terceros.

Los rectores de la Caja Hispana de Crédito alegan que la situación de la sociedad está motivada por la falta de liquidez, debida a la lentitud y dificultad para el recobro de sus activos y, por otra parte, por la desafortunada gestión en la otorgación de créditos a terceros realizada por anteriores ejecutivos.

En medios oficiosos se estima que son tres las causas fundamentales que han llevado a la disolución de la entidad. La primera, la aceptación de clientes oportunistas que acudieron a la Caja en busca de extratipos a sus imposiciones, y la de aquellos a cuyos créditos no podían hacer frente. Como segunda causa se alega la escasa capacidad gerencial de los equipos que dirigieron la entidad. La tercera, y así consta en un informe oficial que cita la fecha de 31 de enero de 1978, el exceso de riesgo aceptado por parte de alguna dirección.

El número de entidades de crédito cooperativo -no rural- que funciona en España asciende a veintidós, siete de las cuales trabajan en Madrid. Todas gozan de salud financiera, excepto dos: la Caja Hispana de Crédito y la Central del Ahorro Popular, con sede en Valencia, que al parecer se enfrenta a 35 millones de pérdidas, y dificultades legales en el desempeño de la dirección.