La reivindicación de la reforma agraria sigue viva en el Sur

Entre el escepticismo de la izquierda y los reparos formalistas de algunos sectores de la derecha vuelve a hablarse hoy, so pretexto del proyecto de ley de fincas manifiestamente mejorables que está en tramitación en las Cortes, de la reforma agraria. La vieja reivindicación, presente desde hace siglos en todos los programas de los grupos radicales y de los partidos de izquierda, continúa teniendo sentido en nuestro país, aunque su enfoque -en los programas de la izquierda de hoy- se ha desprendido del halo romántico y simplista que tuvo. aborda hoy esta reclamación histórica de los traba adores del campo andaluz.

Nadie ha dicho «esto es el principio de la socialización de la economía», como se llegó a decir cuando se discutía la reforma agraria de la República. La izquierda, aunque acepta el proyecto de ley de fincas manifiestamente mejorables elaborado por el Gobierno, esboza una amplia e irónica sonrisa cuando se hace mención a la advertencia de Lamo de Espinosa, el titular de Agricultura, a los terratenientes: «La reforma agraria ha fracasado siempre en España por falta de dinero, pero en esta ocasión el Gobierno tiene la voluntad de llegar a las expropiaciones de utilización hasta donde sea necesario.»Esta ley puede mejorar la legislación que ya existía con el franquismo de cara a la expropiación de algunas fincas, pero nada más, piensa la izquierda. A la derecha más tradicional le satisface todavía menos un proyecto de ley que, de aplicarse a alguien, se, aplicaría a ese sector fundamentalmente. De todos modos, guardan cierta moderación en sus críticas públicas y, a lo sumo, Pastor Ridruejo, el presidente de Alianza Popular, declaró a Abc de Sevilla sobre el tema de las expropiaciones: «Ha sido una medida injusta. La Administración tiene sus responsabilidades, porque se ha obligado a los empresarios agricultores a mantener unos cultivos que no podían sostener económicamente, a la vez que desde la Administración no se les ha estimulado mediante subvenciones. Han hecho recar las culpas de la situación del campo sobre los empresarios, mientras que la Administración es la causante de que no se hayan potenciado los cultivos sociales.»

El proyecto de ley de fincas manifiestamente mejorables, según el texto aprobado por el Congreso, fue debatido por el Senado en la tarde de ayer (véase la sección de Nacional). Contempla la posible expropiación de fincas en secano y regadío, de acuerdo con unos determinados baremos de dimensión, cuando se encuentren sin cultivar, desaprovechen de modo manifiesto medios o recursos disponibles facilitados por el Estado u otros entes públicos, o cuando la explotación de las mismas no responda «a los aprovechamientos que, atendiendo al interés nacional, sean necesarios para incrementar adecuadamente el empleo».

El PSOE, según fuentes de su Grupo parlamentario del Senado, considera aceptable el texto de esta ley, «que puede ser efectivo en manos de un Gobierno que tenga ganas e interés en aplicarlo». Sus discrepancias se circunscriben a evitar la obstrucción del proceso de expropiación mediante recursos contenciosos administrativos, a exigir la presencia de los sindicatos en estos procesos y a los baremos de dimensión para fincas expropiables. La Comisión de Agricultura del Senado introdujo pocos cambios en el texto aprobado por el Congreso, pero entre ellos sustituyó la palabra «finca» por «inmueble».

Una polémica en vísperas del Pleno del Senado

«Andalucía es una de las regiones donde la tierra está mejor cultivada. No niego que hay fincas manifiestamente mejorables, pero creo que tendrán que buscarlas con un candil», declaraba hace dos semanas José Bohórquez, presidente de la Federación de Agricultores de Andalucía, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Sevilla, para puntualizar «la sorprendente información facilitada por el Ministerio sobre la entrevista que mantuvimos el lunes».

El presidente de la patronal agraria andaluza se refería a las informaciones aparecidas sobre la mencionada entrevista, cuya filtración atribuía a la Administración, en las que, se decía que los grandes empresarios habían testimoniado al ministro una gran inquietud por la posible aplicación, por parte del Gobierno, de la ley de fincas manifiestamente mejorables. El ministro de Agricultura, Jaime Lamo, respondió a esta inquietud advirtiéndoles a los terratenientes del riesgo de expropiación en el uso de sus tierras que corrían, si no cambiaban los planteamientos de cultivo o aprovechamiento agrícola de las mismas. Les hizo ver, en este sentido, que durante los últimos años se habían incrementado considerablemente los cultivos de cereales (especialmente trigo y cebada), que requieren muy poca mano de obra, en detrimento de otros cultivos (remolacha, algodón, maíz, e incluso olivar), que son cultivos sociales y altamente empleadores de mano de obra. «La reforma agraria», les dijo Lamo a los empresarios, según la mencionada información, «ha fracasado, siempre en España por falta de dinero, pero en esta ocasión el Gobierno tiene la voluntad de llegar a las expropiaciones de utilización hasta donde sea necesario.» Este tipo de expropiación es mucho menos costosa, no requiere, grandes recursos financieros y cumple perfectamente los objetivos de erradicación del paro agrícola.

Tanto el presidente de la Federación de Agricultores de Andalucía, en la conferencia de prensa mencionada, como posteriormente Javier López de la Puerta, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (ASAGA) de Sevilla, desmintieron los extremos de la mencionada información. Según López de la Puerta, ellos no se oponen a la ley de fincas manifiestamente mejorables: lo que les preocupa en este asunto son los criterios con que se aplique la ley y lo que ellos entienden como una campaña con alguna finalidad política que se está llevando a cabo desde el Ministerio. «Nos preocupa que se estén filtrando noticias tergiversadas, como la de nuestra entrevista con el ministro, y que se esté hablando ya, antes de la aprobación de la ley, de listas de fincas susceptibles de expropiación. El otro día declaró aquí, en Sevilla, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, que le había asegurado el ministro de Agricultura que había diez fincas dispuestas para expropiarse en Carmona. Durante todo el día me han estado llamando empresarios de Carmona a ver si aquí, en ASAGA, sabíamos algo. No es serio, no podemos continuar en esta incertidumbre.» Nosotros no decimos que no hay fincas mejorables en Andalucía, continuó el presidente de ASAGA, pero lo que no se puede hacer es hablar de expropiaciones determinadas sin aguardar a concretar los criterios que se van a aplicar.

«Los agricultores aceptamos la crítica constructiva, pero la rechazamos de plano cuando roza la demagogia.» El Ministerio únicamente se refiere a los efectos de la crisis de la agricultura (abandono de los cultivos sociales por parte de los empresarios), pero no a las causas que lo producen: fuertes aumentos de los costes de producción, frente a la congelación de precios de los productos. «Los empresarios no han dejado de cultivar remolacha, algodón u olivo por egoísmo o por comodidad. Dejamos de cultivar remolacha por las desafortunadas importaciones de azúcar cubano que realizó un ministro.» Se están arrancando olivos, pero sigue sin adoptarse una política olivarera y de grasas. Para el presidente de ASAGA la solución a los graves problemas del campo andaluz pasa por «una actualización de toda la política agraria con proyección clara hacia el futuro, teniendo en cuenta las circunstancias condicionantes, como puede ser la adhesión de España a la CEE»; por el aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos, que hoy están infrautilizados; por una ley de financiación agraria, y por la clarificación legislativa de las sociedades de transformación agraria. «Que me den la protección arancelaria del sector industrial y quizá renuncie al 80% de las subvenciones.» La Administración tiene que comprender que «el agricultor andaluz responde mucho mejor ante los estímulos que ante las coacciones».

«Pero ¿quién ha hablado de reforma agraria? Aquí lo único que hay sobre el tapete es un proyecto de ley de fincas manifiestamente mejorables, que, por otra parte, no va mucho más lejos en sus posibilidades de expropiación de fincas que las contempladas ya por la legislación franquista. Lo demás es demagogia», manifestó un joven agricultor de izquierdas cuando le planteamos el tema. «A mí lo que me preocupa es la instrumentación política que se está haciendo y se va a hacer de esta ley», opina Miguel Manaute, directivo de la Unión de Agricultores y Ganaderos (COAG), considerada como una patronal progresista.

Para Manaute, la ley de fincas es necesaria, pero incompleta. Falta definir qué hay que entender como manifiestamente mejorables. Porque a lo mejor alguien planifica cultivar remolacha para mejorar la explotación de su finca, dice el directivo de la COAG, y al año que viene se encuentra con que la Administración contingenta este producto. Por otra parte, añade, una política agraria para Andalucía no debe contemplar exclusivamente el tema de las fincas; depende de muchos otros factores, como, por ejemplo, las negociaciones de adhesión al Mercado Común. Desde el punto de vista agrícola, se puede paliar algo el paro con esta ley, concede Miguel Menaute, pero la resolución del problema pasa por la industrialización. «Yo creo que el Gobierno se ha querido curar en salud y ha sacado la ley, adelantándose a que pudieran hacerlo las izquierdas.»

Sacrificar a los terratenientes

Ignacio Vázquez, latifundista del PCE, opina que el proyecto de ley es un proyecto «inconcreto» y que «es una demagogia amenazar sin estructurar realmente la política agraria que quieren. Aquí la reforma agraria la hará la derecha, el capital, porque es la manera de quitarse de encima muchos problemas. Con el subterfugio de "la función social de la propiedad"», dice Ignacio Vázquez, «pueden quitarse de en medio a los terratenientes. ¿Qué le importa al capital la agricultura? Los grandes negocios y los grandes beneficios están en la banca, en la industria o en el comercio. No en el campo. Sacrificar a un colectivo marginal, como es el de los terratenientes, puede suponerle además», sostiene, «apunta-