La agresión al alcaIde plantea la necesidad de un pacto entre los partidarios mayoritarios

La cadena de acciones violentas dirigidas contra instituciones y dirigentes democráticos en nombre de discrepancias sobre los símbolos valencianos, cuyo último eslabón ha sido la agresión al alcalde de Valencia y quema de las banderas que ondean en el Ayuntamiento, plantea la necesidad de una negociación política a fondo entre las tres fuerzas parlamentarias (UCD, PSPV-PSOE y PCPV-PCE) para establecer un compromiso que garantice la consecución del proceso autonómico.

En estos términos se manifestaron diversos dirigentes políticos, que calificaron las últimas agresiones de «detonante para buscar una nueva plataforma de entendimiento entre los tres partidos, que concluya en una declaración política pacificadora». Estas mismas fuentes coincidieron en señalar que el clima de violencia creado por las posturas enfrentadas en torno a la simbología y rentabilizado en la calle por los sectores ultras no se soluciona reforzando la fuerza represiva, sino con una negociación a tres bandas, «porque el tema es político y necesita de acuerdos con contenido político».Ayer se apuntaba la posibilidad de que esta misma semana socialistas y ucedistas, en tanto que fuerzas mayoritarias, iniciarían una ronda de conversaciones, abocada a poner al día el compromiso autonómico firmado por un amplio espectro de fuerzas políticas un año atrás, y determinar los extremos de la negociación sobre el contenido del Estatuto (símbolos, denominación de la lengua y del territorio entre otros temas) y redistribución de competencias del Consejo, cuya presidencia socialista está difícilmente gobernando con la oposición de UCD, que copó todas las carteras. Tras el inicio de estas conversaciones los representantes comunistas se integrarían como tercera fuerza política del País Valenciano.

Los dos partidos de la izquierda parlamentaria, frente a las declaraciones de UCD, que señala como origen de la escalada de tensión el acuerdo por la mayoría de izquierda del anterior Consejo a favor de la bandera de las cuatro barras sin franja azul, han denunciado la inhibición del gobernador civil y la falta de una política de orden público que defienda a los representantes del pueblo frente a las agresiones «ultras».

La ejecutiva del PSOE, partido al que pertenece el alcalde de Valencia, ha expresado que «puesto que la máxima responsabilidad en materia de orden público corresponde al gobernador civil desde que el Ministerio del Interior desposeyó a los municipios de toda competencia en esta material quedando inermes ante las continuas provocaciones de los fascistas, que intentan recuperar por la violencia una calle que perdieron en las urnas, y dado que el gobernador civil ha demostrado su incompetencia e inhibición, exigimos su inmediato cese o sustitución por persona más idónea».

Frente a esta valoración UCD ha lamentado «la división y el enfrentamiento del pueblo valenciano que se está produciendo por la actitud de quienes quieren imponer su criterio sin el refrendo popular», y asimismo ha querido poner de manifiesto «las profundas contradicciones de la izquierda que convoca, acude, apoya y aplaude sus manifestaciones en la calle y no acepta que existan otros que manifiesten el sentir arraigado del pueblo valenciano a los demás».

Sin embargo, el secretariado del comité central del Partido Comunista del País Valenciano considera la ausencia de UCD en las últimas convocatorias autonomistas una de las razones de desestabilización en la vida política valenciana. En estos términos se expresa un comunicado que señala «la inhibición de UCD ha obligado a que la izquierda que acepta la Constitución asumiera casi en exclusiva la movilización popular de apoyo al Estatuto de Autonomía y la defensa en la calle del espacio del compromiso autonómico.»

Causa de la quema

El origen del fuego que quemó la bandera del Consejo y, por extensión, la española y la senyera de la ciudad de Valencia, ha sido determinado en un informe de la Policía Municipal. Según estas fuentes, desde la plaza se lanzó un algodón-pólvora que recubría un objeto metálico que con el golpe se prendió. Este objeto fue lanzado mediante un tirador por una persona adiestrada en ejercicios de puntería, desde la parte frontal del balcón del Ayuntamiento, a una distancia de veinte a cuarenta metros. Se da la coincidencia de que minutos antes de que fuera lanzado entró por una cristalera situada en la parte superior de los mástiles una bola metálica de centímetro y medio de diámetro (en poder de la Policía Municipal), que rompió la cristalera y que habría servido de ensayo. Otras versiones apuntan a que el objeto incendiario podría haber sido lanzado desde mayor distancia con un dispositivo de superior precisión.La comisión permanente de la Corporación municipal se reunirá el próximo lunes, y por la tarde convocará un pleno al objeto de tratar los últimos incidentes que acompañaron la histórica celebración del 9 de octubre. Entre las propuestas que socialistas y comunistas van a formular en la reunión figura el debate sobre la actuación del Gobierno Civil y del algún concejal que favoreció el ambiente de crispación creado fuera del Ayuntamiento al iniciarse el acto.

El alcalde de Valencia, Ricardo Pérez, mantuvo sendas entrevistas con el capitán general, Jaime Milans del Bosch, y con el gobernador civil, José María Fernández. La entrevista con la autoridad castrense se enmarcaba en la visita de cumplimiento tras acceder a la alcaldía. Fuentes castrenses habían señalado con anterioridad a la realización de esta entrevista su valoración negativa por la quema de la bandera nacional, que suponía un deterioro de la vida ciudadana. Asimismo agregaron que las fuerzas del Ejército allí presentes tenían órdenes de retirarse si en el acto no estaba la enseña nacional.

Por otro lado, la entrevista con el gobernador se produjo a raíz de la reunión celebrada en la sede del Gobierno Civil entre directores generales del Ministerio de Obras Públicas, trasladados a esta ciudad para resolver temas de su competencia con el presidente de la Diputación, alcalde de la ciudad y gobernador civil.