Refugiados en España: por una solidaridad activa y sin excepciones
Ocurre algo sorprendente en nuestro triste espacio nacional que a muchos parecerá secundario, tangencial, pero que es muy importante para quienes lo padecen y demostrativo de la calidad ética de la sociedad en que vivimos, y de la sociedad política en particular. Se trata de los refugiados. Como ya hemos intentado explicar -y otros, y sobresalientemente EL PAÍS, lo han hecho también- miles de latinoamericanos siguen sin tener resuelta su situación legal. Las disposiciones transitorias son ambiguas y contradictorias. El Ministerio del Interior, por ejemplo, ha otorgado una especie de amnistía y ha fijado una fecha para que los ciudadanos latinoamericanos se refugien en un marco legal inexistente, metiendo, de paso, a todos en el mismo saco: a los que no tienen documentación en regla y a los que la tienen. Son dos casos diferentes y no le extrañe al señor ministro del Interior que los primeros se resistan a legalizarse como su Ministerio quiere, por la sencilla razón de que si los documentados con pasaporte se refugian pierden toda perspectiva o esperanza de regreso en un futuro no lejano -dos, tres años-. Lo razonable, lo humano, sería establecer dos estatutos: uno, para los que por la fuerza de las circunstancias -falta de documentación- deberán refugiarse y, dos, para los que están en regla con sus signos de identidad.Así, los latinoamericanos que huyeron de las dictaduras van de ventanilla en ventanilla, con el riesgo de verse tratados frecuentemente como sospechosos de la delincuencia, e incluso maltratados de palabra y más por funcionarios que -así lo deseamos creer- cumplen mal las instrucciones recibidas de sus superiores. Vencidos, derrotados y desterrados de sus países, desamparados en España, deben de confiar en la buena voluntad -tan escasa- del funcionario de turno o emplear recursos de la más fina picaresca hispánica para sobrevivir en el mundo de la semilegalidad. Una y otra vez uno se pregunta y pregunta a las máximas autoridades si una desconsideración tan brutal es necesaria y para qué.
En una entrevista recientemente publicada el representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señor Guy Prim, confirmaba lo dicho más atrás: «Por primera vez, España se ha convertido en país de asilo. Los obstáculos (que encuentran los refugiados) vienen por la falta de costumbre de la práctica de asilo. Faltan estructuras para recibir a la gente: no hay comités de barrios para refugiados; no todos los partidos políticos tienen comisiones para ellos -y si las tienen, añado, no las ejercen adecuada y oportunamente-, y lo mismo ocurre con los sindicatos. »
Pero vayamos a lo sorprendente. Mientras el Gobierno no parece tener ninguna prisa en legislar un estatuto del refugiado -las noticias más o menos oficiales dicen que no será presentado hasta bien entrado 1980- que daría un gran impulso para solucionar los problemas citados, y la oposición está ocupada en congresos, consensos y más consensos, UCD acepta sin reticencias, al menos públicas, traer refugiados del sudeste asiático. Frente a la tragedia de esa región del mundo -tragedia que no comenzó ayer, por cierto- es correcto que se acojan refugiados, según lo solicita ACNUR, pero, paralelamente, si no antes, hay que solucionar los problemas de los que ya tenemos aquí: los de los latinoamericanos. De otra forma se podría sospechar que el gesto humanitario del Gobierno español es puro fuego de artificio ante la comunidad internacional.
Porque, a fuer de sincerol, la tranquilidad con que UCD se toma la cuestión de los latinoamericanos nos hace pensar que algunos de sus integrantes a veces confunden el significado del verbo representar. Por una parte se puede representar a la voluntad ciudadana en el Gobierno; por otra, se puede representar un determinado papel para alguien: por ejemplo, para los ciudadanos españoles y la comunidad internacional. Gobernar un país se nos antoja un negocio complicado, pero no es, o no debiera ser, levantarse cada mañana, disfrazarse, maquillarse, hacer de ilusionista y entrar en escena para hacer algo que «el público» (los electores y la CEE, por ejemplo) espera. Se es demócrata y humanitario o no se es. La fórmula de progresistas para afuera y conservadores hacia adentro ya la han aplicado y la aplican otros gobernantes en el mundo y no hay lugar para dar gato por liebre. Al final, de cualquier forma, el juego o la trampa siempre se descubre y pueden resultar más, respetables los derechistas coherentes que los tramoyistas. En este caso, por añadidura, el afuera (los refugiados latinoamericanos) están adentro, y no hay mucho espacio para ambigüedades.
Y nos estamos refiriendo a un adentro y un afuera muy significativos para la política exterior española. Resulta una flagrante contradicción que el presidente Suárez viaje a Brasil y se presente como artífice de la democracia en España, pero no solucione el problema que aquí tratamos con tanta insistencia como poca ventura. La asistencia de España a la Conferencia de los no Alineados o su integración como observadora en el Pacto Andino son pasos importantes en vista a una relación menos paternalista con los países de nuestro propio idioma, pero esa iniciativa no será llevada a buen fin en tanto y en cuanto no se encuentre una solución para los ciudadanos de países americanos que están ahora aquí.
No faltarán quienes piensen que esta insistencia es excesiva cuando el Ministerio del Interior acaba de ampliar el plazo para acogerse a la condición de refugiado. Sin embargo, la reacción producida nos está demostrando que la cuestión no es tan sencilla ni está resuelta. Porque es ínfimo -quinientos sobre 15.000, ha dicho el Ministerio- el número que se ha presentado. ¿A qué se debe? La respuesta es bastante simple: el miedo. La gente debe refugiarse ante un estatuto inexistente, un estatuto incógnita. Es cierto que el texto que algún día se sancione -quién sabe cuándo- por las Cortes, deberá de respetar un modelo original (el de la convención del protocolo). Pero también es cierto que el texto español podrá tener restricciones. Y de allí resulta que es improcedente -aun cuando sea el mal menor- llevar a los latinoamericanos a refugiarse sin que conozcan la legislación que, eventualmente, los acogerá, Se les obliga a confiar en los políticos españoles y, particularmente, en UCD. Y decimos se les obliga porque la desidia gubernamental sobre el particular no puede menos que producir sospechas sobre las intenciones del partido en el poder respecto a ellos.
¿Qué ocurriría si las Cortes deciden que el refugio no sea otorgado a quienes hayan atentado contra la seguridad del Estado en sus países de origen? En tal caso, ¿quién determinará lo que significa «atentar contra la seguridad del Estado», de Videla, Pinochet y los demás tiranos de turno? El día que UCD paralizó el proyecto del PSOE, el señor Pérez Llorca tuvo a bien hacer acusaciones de terrorismo que no eran otra cosa que un proceso de intención. ¿Es necesario recordarle a este señor y a otros señores que, aunque hoy estén haciendo méritos derechistas en UCD, otrora militaron activamente en la izquierda antifranquista y eran, según las estrictas y brutales leyes de entonces, también terroristas? ¿Cuántos políticos que ahora se sientan en las Cortes eran «subversivos y terroristas» para Franco, sus súbditos y secuaces?
El presidente Suárez abraza a Yaser Arafat y se entrevista con el Comandante Cero, Eden Pastora, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dos personas que, como todos sabemos, han sido acusadas miles de veces de terroristas. Pero el Gobierno no puede o no debe practicar la flexibilidad y la relatividad diplomática a su antojo. El estatuto del refugiado debe ser amplio, dúctil, no debe de estar influenciado por aquellos que hacen terrorismo agitando el terrorismo. Y las leyes que igualan a los ciudadanos latinoamericanos con los españoles deben de ser respetadas, porque no es posible ni aconsejable, mirando hacia adelante, hacia América, en este caso, que exista una colonia aquí que no tiene legislación y sí problemas. Y los refugiados latinoamericanos, en tanto, respetan y respetarán las leyes españolas. Hasta ahora, nada indica lo contrario.
El miedo de los latinoamericanos y la correlativa dignidad de los españoles respecto de su problemática solamente que darán resueltos si se cumplen, de una buena vez, los compromisos internacionales contraídos, si no se sigue llevando como mero problema policial algo que corresponde a los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior.
Y si esto debe hacerlo la derecha en el poder y que se proclama democrática, por ello debe de luchar una izquierda que no puede, ni debe, permanecer muda, ni tan siquiera tímida. La acción solidaria ha sido, y queremos creer que aún es, uno de los pilares de la izquierda. Santiago Carrillo y sus camaradas, los diputados y senadores del PSOE, y los representantes de otros partidos sensibles al problema saben bien lo que significa ser oposición y ser perseguidos, perder guerras y marchar al exilio, pasar por campos de concentración y sentirse perdidos en el mundo. No es sólo cuestión de cumplir, de presentar proyectos de estatutos, sino de hablar de esta cuestión, no dejarla pasar, no postergarla, como tantas otras cosas, para después (¿después de qué?), porque la solidaridad y la dignidad no tienen excepciones.
