El decreto de bilingüismo, conflicto añadido en el País Valenciano

Su publicación originó reacciones encadenadas. Salvador Peiró, director general de la Consejería, que ahora ostenta el ucedista José Peris, lo calificó de un buen paso hacia la autonomía. «Consolida la autonomía, en tanto que nos regula el instrumento de comunicación esencial de la región. Partiendo de que el País Valenciano es bilingüe, no pone elementos de discordia.» La Real Sociedad Económica de Amigos del País, entidad privada de origen ilustrado, valoró con matices su publicación como un hito más en el proceso de normalización lingüística que ofrece amplias posibilidades para la escolarización en valenciano.Sin embargo, en el decreto aparecía una discriminación en relación a las anteriores regulaciones del bilingüismo en otras autonomías, que, una vez más, trataba de orillar el reconocimiento de las conclusiones de los científicos sobre el origen de la lengua. Una coordinadora de entidades culturales creada con el apoyo sindical, de la universidad y de arraigadas instituciones pedagógicas, para conseguir una escuela plenamente valenciana, ante la desconfianza del decreto y del nuevo equipo de la Consejería, criticó el decreto con variados argumentos. El texto no explicita, tal como lo hace el de Baleares, la regulación de la enseñanza del catalán atendiendo con prioridad a las variantes regionales, aplaza mediante la disposición transitoria segunda su aplicación hasta el curso 1980-1981 y hace voluntaria la enseñanza del valenciano (al contrario que otros decretos).

El decreto olvida además la demarcación de las áreas lingüísticas. «La falta de delimitación de las zonas y comarcas en nuestro país», comenta un portavoz del STE del País Valenciano, sindicato asambleario federado a la UCSTE, «dificulta la determinación de la cooficialidad del castellano y el valenciano en las zonas castellano parlantes y asimismo, la oficialidad del catalán en las comarcas de habla valenciana. Este decreto no respeta el derecho de los inmigrantes castellanoparlantes residentes en las comarcas de habla valenciana, pues no establece los medios para su integración lingüística.»

El decreto no resuelve el funcionamiento del curso iniciado, al establecer que se aplaza por un año la entrada en funcionamiento de los efectos académicos. Una primera lectura de la disposición dejaba en suspenso la continuación del plan experimental y creaba un vacío para 1980, al no entrar en funcionamiento los nuevos efectos. Fuentes de la Consejería, que aseguraron la publicación inmediata de la orden ministerial que despejara estas incógnitas, aseguraron a EL PAÍS que la disposición se refiere a evaluaciones académicas y, por tanto, continuará el cuerpo de profesores y la red de centros, todo ello ampliado, del plan experimental, si bien se ampliará la relación de entidades capacitadas para la preparación del profesorado. El plan experimental fue aplicado con el asesoramiento del equipo del filólogo Manuel Sanchis, partidario de la unidad lingüística del catalán, y el ICE, de la Universidad Literaria con buenos resultados. Tres centenares largos de profesores impartieron clases de valenciano a 24.000 alumnos, pertenecientes a 150 centros, durante el pasado curso. La Consejería de Educación ha cambiado de titular, al defenestrarse al anterior conseller y a sus colaboradores por su afinidad con las posiciones de Sanchis, y el nuevo equipo busca dar canchas a otras entidades culturales y al ICE de la Politécnica, que no comparten el origen catalán del valenciano.

En el País Valenciano no se puede hablar de desescolarización, pero sí de mala escolarización. Años atrás suponía una de las tasas más altas entre las diversas regiones, en relación a su población escolar, con una supremacía de la enseñanza estatal a excepción de Valencia, plaza fuerte de la privada.

La escolarización en los niveles de preescolar y EGB se ajusta a diversos modelos, según las características socioeconómicas de las comarcas. Uno claramente urbano, que corresponde a las tres capitales provinciales, donde los cinturones suburbiales almacenan a los niños en plantas bajas sin espacios de recreo, mientras que el centro se apiñan entre los cuatro muros de los vetustos colegios de pago. A caballo de los modelos urbano y rural, se da el intermedio, característico de poblaciones como Sagunto, Gandía y Alcira, con grupos sociales, enriquecidos por la naranja, que mantienen colegios privados religiosos. Las zonas rurales, por último, son coto privado de la estatal con escasos ensayos de grandes concentraciones escolares.

La política de subvenciones se ajusta a esta desigual escolarización, y, por tanto, se da el caso de que la comarca de L'Horta, donde se encuentra el cinturón urbano de Valencia, absorbe un 73% de la ayuda de la Administración central a esta provincia. Estas subvenciones, aseguraron los diversos portavoces sindicales consultados, favorecen el desprestigio de la escuela pública desasistida económicamente y refuerzan la escuela privada, todo ello a costa del dinero del contribuyente.