UCD abandonó el pleno por desacuerdo con el número de vecinos que forman las juntas de distrito
Los veinticinco concejales de UCD del Ayuntamiento de Madrid abandonaron ayer la sesión plenaria que celebraba la Corporación, al no ser aceptada por la mayoría de los concejales -comunistas y socialistas- una enmienda que habían presentado sobre el nombramiento de los miembros de las juntas municipales de los dieciocho distritos de la ciudad. El punto de fricción estuvo en el número de vecinos -no concejales- que podrían integrarse en esas juntas. La retirada de los concejales ucedistas hizo que no pudiera celebrarse un pleno posterior, en el que iba a debatirse una emisión de deuda pública municipal, por valor de casi 2.500 millones de pesetas, con destino al presupuesto especial de la Gerencia Municipal de Urbanismo. La aprobación de este punto precisaba, de acuerdo con el artículo 303 de la ley de Régimen Local, los votos favorables de los dos tercios de los miembros de la Corporación, número que se alcanza con la presencia de UCD.
La sesión plenaria, iniciada con veinte minutos de retraso, se estancó en el primer punto del orden del día, por el que la alcaldía-presidencia presentaba una moción para la constitución de las juntas municipales de distrito. La moción explicaba cómo la ley Especial del Municipio de Madrid, de 1963, inició, con la creación de estos organismos, una descentralización que posteriormente no tuvo desarrollo. Tras la aparición de la ley de Elecciones Locales de 1978, los cauces para la elección de vocales, entre los que, según la ley especial, debía haber tres vecinos de reconocido prestigio, quedaron inutilizados, por lo que, según la moción, se había producido un vacío legal.A raíz de esta situación, el alcalde proponía la constitución de unas juntas que, con carácter transitorio, sirvieran en cada distrito como órganos colegiados de relación vecinal. El funcionamiento y la composición de cada junta, un presidente y seis vocales, se mantendrían hasta que se dictara una norma de rango suficiente.
José Luis Alvarez, en nombre de UCD, manifestó que estaba de acuerdo, «tanto en el establecimiento de las juntas, como en sus competencias y fucionamiento, pero no en la composición y origen de los vocales. Mantenemos la tesis de que de esos seis vocales, tres sean concejales y tres vecinos, de forma que los primeros con el presidente tengan mayoría». El argumento del señor Alvarez, basado en la posibilidad de que los vecinos impusieran sus decisiones a los representates elegidos democráticamente, fue apoyado por una serie de afirmaciones sobre la inconstitucionalidad de una mayoría vecinal, sobre la contradicción que representarían «estas doctrinas asambleístas, contrarias al concepto democrático », y sobre la decisión de UCD, si se aprobaba la moción sin incluir un añadido sobre la limitación a tres del número de vecinos, de tomar todas las medidas legales a su alcance.
Tras la aparación del alcalde, Enrique Tierno, en el sentido de que en la moción no estaba determinada la proporción entre concejales y vecinos, por lo que era una norma hueca, Alonso Puerta recordó que la composición de las juntas era transitoria, hasta que se apruebe la ley de régimen local.
Ramón Tamames añadió que si se aceptaba la enmienda ucedista los 58 concejales tendrían que ocupar 72 puestos. La postura comunista fue de apoyo al texto original, «ya que la enmienda de UCD no es el mecanismo más conveniente para formar hoy las juntas municipales».
La intervención del señor Herrero de Miñon, de UCD, creó un estado de tensión, ya que, después de acusar de huecas las intervenciones de sus oponentes, manifestó que no quería calificar esta política de nacionalsocialismo: «Esto es establecer una dictadura», agregó, antes de definir las prácticas de la izquierda como «claramente leninistas».
La segunda fase del debate contó con la participación del señor Puerta, que ironizó sobre el parlamento del señor Herrero de Miñón y reafirmó que el gobierno de las juntas estaba unido al gobierno municipal. Ramón Tamames hizo hincapié en que con la elección de estas juntas se estaba desarrollando la autonomía municipal de la que hablaba la Constitución, y José Luis Alvarez insistió en que UCD mantenía su postura para defender al municipio.
Votada en primer lugar la enmienda, obtuvo veinticinco votos a favor y 31 en contra. La moción del alcalde, por su parte, consiguió 31 a favor y veinticinco en contra.
La reacción del grupo de UCD al término de la votación sorprendió a todos los asistentes, ya que José Luis Alvarez manifestó que «con pena y ante lo que consideramos un error y una transgresión legal », y por respeto al municipio, sus miembros y los electores, los concejales de UCD se ausentaban de las sesiones «para que se reflexione y se vuelva de este acuerdo contrario a los principios de representatividad ya la Constitución».
La retirada de los veinticinco concejales fue inmediata, aunque al alcalde le dio tiempo para pedir que reconsideraran su posición.
A pesar de la retirada del grupo de UCD, se aprobaron el resto de los puntos, pero no se pudo celebrar el pleno extraordinario previsto a continuación, en el que se necesitaban los votos favorables de dos tercios para aprobar una emisión de deuda pública por valor de 2.454.960.000 pesetas, con las que se iba a cubrir el presupuesto especial de Gerencia Municipal de Urbanismo de 1979.
