Acalorada polémica en Castro Urdiales sobre el proyecto Bofill

Con la suspensión del pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en el que se planteaba discutir la decisión adoptada por el gobernador civil de suspender el acuerdo de la Corporación sobre la celebración de una consulta popular en torno al controvertido tema de la urbanización de Castro Novo, finalizaron tres horas de enfrentamientos verbales entre los concejales y el numeroso público que abarrotaba las dependencias municipales.Entre tanto, el alcalde había solicitado de la Policía Municipal y, posteriormente, de la Guardia Civil el desalojo del público, sin que la orden llegase a cumplirse, a pesar de la presencia en el salón de plenos de quince números de la Guardia Civil armados de metralletas, que se limitaron a soportar estoicamente el escándalo durante más de una hora. Tras la suspensión, alrededor de 140 personas, entre las que se encontraban los cuatro concejales de la coalición de Izquierda Castreña Unida (ICU), se encerraron en el Ayuntamiento, actitud que no abandonarían hasta las ocho y media de la mañana de ayer, al serles notificado que el pleno suspendido continuaría hoy, sábado.

Unicamente la lectura del acta del día anterior se pudo realizar en un clima de cierta tranquilidad, si bien la tensión ambiental era perceptible desde mucho antes del inicio de la sesión municipal. Los enfrentamientos comenzaron inniediatamente, tras darse lectura al acuerdo gubernativo por el que quedaba en suspenso la decisión de someter a consulta popular el tema de Castro Novo, proyecto urbanístico de Ricardo Bofill, y un recurso de la promotora Castro Mar, SA, en que, veladamente, se amenaza con responsabilidades pecuniarias a los concejales, en el caso de que el retraso de las obras pudiera producirles pérdidas económicas, argumento que, al parecer, ha sido determinante para que los componentes de Unión Electoral Independiente (UEI) -agrupación que consiguió una holgada mayoría en las elecciones municipales- diesen marcha atrás en su primera decisión de apoyar el referéndum.

También se procedería a la lectura de un informe, solicitado por UEI, del secretario de la Corporación, en el que se afirma la ilegalidad del acuerdo adoptado en su día. A partir de ese momento, y tras manifestar los concejales de la citada coalición su intención de dejar en suspenso el acuerdo -los miembros de la Corporación pertenecientes a ICU, PSOE y UCD se oponían a ello, pidiendo que la Corporación se manifestase a favor de la consulta popular y, por tanto, que interpusiera recurso contra la decisión gubernativa-, la polémica saltó a la sala y se produjeron insultos e imprecaciones contra ciertos miembros de la Corporación y de éstos, a su vez, contra el público. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos y la imposibilidad de proceder al desalojo del salón, el alcalde, Manuel Gutiérrez Elorza, optaría por la suspensión del pleno.

A última hora de ayer, el alcalde de Castro Urdiales ha confirmado a EL PAIS que la continuación del pleno suspendido se celebrará a puerta cerrada.