CEOE valora positivamente el programa del Gobierno

La patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) se pronunció ayer favorablemente respecto al contenido del programa económico a medio plazo presentado hace dos semanas por el Gobierno, incorporando algunas precisiones a su desarrollo, especialmente en los temas relativos a la política fiscal y al control del gasto público, con particular referencia a la Seguridad Social. Básicamente, los empresarios se muestran de acuerdo con las líneas esenciales del documento, aunque expresan ciertas dudas sobre la capacidad del Gabinete para ponerlo en práctica.

La postura de la patronal frente a la formulación de política económica del Gobierno fue aprobada en el curso de la reunión mantenida el pasado martes por su comité ejecutivo y dada a conocer ayer por su presidente, Carlos Ferrer. El documento aprobado en dicha reunión consta de dieciocho folios, encabezados por el lema Comentarios al programa económico del Gobierno.

En principio, la CEOE estima favorable bajo cualquier óptica la existencia misma de un programa económico a medio plazo y considera que el elaborado por el Gobierno se encuentra en línea con la filosofía actualmente desarrollada por la mayor parte de los gabinetes europeos. Asimismo, se valora positivamente el reconocimiento de la realidad y la imposibilidad de mantener la actual situación en los aspectos más conflictivos de la economía española. Sin embargo, los empresarios consideran que algunas de las causas reales de la crisis económica han quedado omitidas del texto del Gobierno, que pretende fundamentar la crítica coyuntura actual en la elevación de los precios del petróleo, dato cierto, pero no exclusivo, a juicio de los dirigentes de la patronal. Entre las causas omitidas, la CEOE señala: un déficit del sector público previsto para 1979 en 195.000 millones de pesetas absolutamente infinanciables; una política monetaria teóricamente correcta, pero que ha provocado la caída en vertical de la financiación a medio y largo plazo; una política fiscal que ha desestimulado claramente el ahorro y la inversión y la inexistencia de una regulación adecuada de las relaciones laborales, unida a la rigidez de las normas vigentes y las excesivas reivindicaciones sindicales, que han contribuido a deteriorar la productividad y poner en peligro la supervivencia de muchas empresas. También se citan genéricamente una serie de medidas de carácter coyuntural que, sin atacar los problemas básicos de la economía, agravaron unos aspectos so pretexto de solventar otros.

Reducir el déficit de la Seguridad Social

Gasto público. La CEOE elogia la valentía con que el Gobierno reconoce el crecimiento desmesurado que se estaba produciendo en el volumen de gasto, pero estima que la reducción del déficit anunciada (100.000 millones sobre los 400.000 previstos) mantiene todavía un saldo negativo superior en 100.000 millones al señalado en el presupuesto, que ya era infinanciable, con la salvedad de que la reducción indicada se hace en parte por vía de incrementar la presión fiscal, a partir del decreto-ley de 20 de julio, de financiación de los entes locales, y del impuesto suplementario sobre la gasolina.

Se echa en falta la concreción de medidas y criterios de actuación encaminados a reducir el déficit de la Seguridad Social, crecientemente financiada por trabajadores y empresarios. Aquí, la patronal propone la liberalización de determinados servicios -sin especificar ninguno- «en los que la iniciativa privada pueda ser más eficaz que el sector público».

En lo que se refiere a los gastos de la Administración, la patronal llama la atención sobre «el despilfarro y falta de productividad» que caracterizan los gastos corrientes y que los de inversión «son, en general, mucho más ineficientes e improductivos, incluso en cuanto a creación de puestos de trabajo, que los llevados a cabo por la iniciativa privada».

En último término, CEOE expresa su preocupación por las decisiones que puedan adoptarse en materia de financiación de comunidades autónomas, indicando que no deben suponer un incremento de la carga fiscal, sino tan sólo un trasvase de los ingresos desde el poder central a las comunidades autónomas.

Política fiscal. Los impuestos sobre el patrimonio y las plusvalías son considerados por la patronal como causantes esenciales del descenso experimentado por el ahorro y la inversión en los últimos años. Se considera inaceptable cualquier incremento de la presión fiscal en los próximos años -tal y como señala el Plan- y se indica que, en caso de que éste sea imprescindible, sería conveniente realizarlo a través del impuesto sobre el gasto, como medio de mantener los estímulos al ahorro y la inversión que el propio programa económico anuncia.

Al presentar el documento elaborado por el comité ejecutivo, uno de sus miembros, Félix Mansilla, criticó duramente la reforma fiscal efectuada, señalando que sus planteamientos respondían en mayor medida a las tesis del 27º Congreso del Partido Socialista Español que a la ideología del grupo en el Gobierno. Se refirió también a la necesidad de incluir los costes de la Seguridad Social en el cómputo de la presión fiscal y alertó sobre los peligros de incrementar la inflación mediante la aplicación apresurada del Impuesto sobre el Valor Añadido. El documento de CEOE considera que la aplicación de este nuevo sistema, que facilitaría la transparencia de los sistemas de desgravación fiscal a la exportación, debe ser en un mínimo de diez años a partir de la fecha de adhesión a la CEE y, en cualquier caso, una baza negociadora en Bruselas.Relaciones Laborales y desempleo. En sus consideraciones, la patronal insiste en la necesidad de ir hacia el reconocimiento de un mayor grado de flexibilidad en las relaciones laborales. Esta agilización se concretaría en los sistemas de contratación, reconociendo con mayor amplitud los contratos temporales y a tiempo parcial y en la posibilidad de reajustar adecuadamente las plantillas sin tener que esperar a que las empresas entren en crisis o se aproximen a ella.

Respecto al paro, reconocido como el principal problema del país, la CEOE insiste en que la recuperación de la inversión se fundamente sobre todo en el restablecimiento de la confianza y en la potenciación de la inversión, además de las indicadas medidas de modificación de las relaciones laborales, de las que el futuro estatuto del trabajador no es sino un primer paso.

Rentas y salarios. Los incrementos salariales deben limitarse por debajodel aumento de la productividad y ser inferiores al incremento del índice de precios al consumo, «teniendo en cuenta el efecto que en ellos tenga el incremento del precio del petróleo. La política de rentas propugnada por la CEOE debe permitir que los incrementos salariales liberen recursos para la inversión. Es así como se podrá demostrar la solidaridad efectiva entre los trabajadores que tienen puesto de trabajo y los que carecen de él. »

Las consideraciones de la CEOE sobre el programa económico incluyen también la solicitud de que la política monetaria se aplique con un mayor grado de flexibilidad y, sobre todo, sin los saltos bruscos a que el Banco de España tiene acostumbrado al sistema crediticio. Asimismo, se señala la necesidad de aplicar la liberalización arancelaria, anunciadá de modo gradual, y que el Estado apoye la reestructuración y el saneamiento de otros sectores industriales no especificados en el programa, como pudieran ser la construcción y los bienes de equipo. También se incluye una discreta referencia a la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas.