Guerra civil latente en El Salvador

Las tímidas promesas liberalizadoras formuladas por el presidente de El Salvador, general Carlos Humberto Romero, no han conseguido en lo más mínimo detener el clima de violencia que vive el país. El abierto enfrentamiento entre la extrema derecha y la extrema izquierda salvadoreñas se acentúa día a día y confirma las pesimistas impresiones del obispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien recientemente aseguró que en el pequeño país centroamericano «ya hay una guerra civil ».Como para ratificar las contradicciones del régimen seudodemocrático del general Romero, mientras éste prometía que no habría más militares en la presidencia después de las elecciones generales de 1982 y que se garantizaría el respeto al pluralismo ideológico, la ultraderechista Unión Guerrera Blanca, auspiciada desde el poder, desencadenaba una de las más violentas persecuciones de opositores que se recuerdan.

La culminación de estas acciones se produjo el pasado viernes, cuando ocho enmascarados, armados hasta los dientes, asesinaron, a la vista del público, a otros tantos empleados de un taller mecánico en la capital salvadoreña. Los asesinos penetraron violentamente en el taller, según testigos presenciales, y sin mediar palabra, alinearon de cara a la pared a los ocho mecánicos y dispararon sobre ellos. De manera coincidente, la policía política realizaba en el barrio una redada para detener a presuntos miembros del grupo Fuerzas Populares de Liberación, uno de los más activos en la presente lucha política.

La explicación oficial a esta matanza fue que ninguna organización policial había participado en ella y que, en efecto, en el domicilio de uno de los mecánicos muertos se habían hallado armas y propaganda que le identificaban como miembro de las FPL.

Con estos precedentes, la escasa credibilidad que pudiera tener aún el presidente Romero se ha volatilizado. Su invitación formal a la Cruz Roja para que visite las cárceles salvadoreñas y compruebe que «no existen presos políticos» en el país, los anuncios de reformas de la ley Electoral para permitir la participación de todas las fuerzas democráticas en las elecciones legislativas de marzo de 1980, para las que pidió la supervisión de la OEA y la promesa formal de que su partido presentará un civil como candidato en los comicios presidenciales de 1982, no han causado el menor impacto ni en la población salvadoreña ni entre los observadores diplomáticos.