Arquitectos se defienden contra la declaración de incompatibilidad

José Luis Martínez Suárez, alcalde de Oleiros (La Coruña), y Gerardo Estévez, concejal de Santiago de Compostela, contestaron conjuntamente a la declaración oficial que hizo recientemente el Colegio de Arquitectos de Galicia declarando incompatibles los cargos de alcalde o concejal y el ejercicio de la profesión de arquitecto dentro del término municipal en el que se ostente la primera función.Ambos profesionales de la arquitectura consideran que su colegio no había dejado suficientemente claro, antes de las elecciones, «que los arquitectos que pasaran a formar parte de los ayuntamientos no serían libres en su actuación profesional».

«Se pasó», dicen los interesados, «a la incompatibilidad decretada sin prudencia de ningún tipo, sin escuchar a los propios afectados, que incluso tuvimos que enterarnos de cuál era nuestra situación a través de los medios de información». Informan que desde que ejercen sus cargos municipales les ha sido visado su trabajo en varias ocasiones, y opinan que «como ciudadanos elegidos democráticamente por el voto popular consideramos que solamente las instituciones democráticas emanadas del mismo son las llamadas a legislar las posibles situaciones de incompatibilidad en que se puedan encontrar estas y todas las profesiones y actividades; actuando de otro modo, lo único que se hace es discriminar nuestros derechos constitucionalmente reconocidos. En primer lugar, respecto a otras profesiones y actividades de características iguales a la nuestra, y en segundo lugar, respecto a otros arquitectos del Estado, dado que otros colegios, como es el caso de Madrid, acordaron no decretar incompatibilidades de esta naturaleza».

«La actual junta de gobierno del colegio», añaden los señores Estévez y Martínez Suárez, «defendió en la práctica, con las mismas normas deontológicas que se nos aplica a nosotros, la incompatibilidad entre cargo de concejal y libre ejercicio de la profesión, y habrá que explicar ante la opinión pública por qué a los concejales de las anteriores corporaciones se les visaba los proyectos hasta febrero de este año».

«La incompatibilidad que se nos pretende imponer, aunque diga el colegio que es solamente profesional, se convierte de hecho en política.» Los dos arquitectos citados defienden la incompatibilidad de los arquitectos que sean funcionarios públicos «para los que todavía no se ha decretado y se les permite simultanear su trabajo funcionarial con el libre ejercicio profesional». «Como demócratas», terminan diciendo, «creemos que la mejor manera de luchar contra cualquier manifestación de caciquismo sería comenzar por un reajuste entre las proclamas programáticas y la política efectiva. La postura de la junta de gobierno del colegio está de sobra ante la progresiva pérdida de peso político de grupos económicos y sociales que en su práctica cotidiana no se destacan por la defensa de los intereses de la clase trabajadora».