Galicia y su autonomía

Secretario general del partido Socialista de Galicia-PSOECualquier aproximación política al tema de la autonomía de Galicia, al igual que con respecto a cualquier otra, tiene forzosamente que establecer dos tipos de referentes; de un lado, el estrictamente histórico, que sitúe en sus términos esenciales la génesis y el desarrollo de los movimientos autonomistas, y, de otro, el marco referencial constituido por la norma básica de convivencia que, con sus defectos y virtudes, instaura en España la denominada democracia formal, es decir, la Constitución promulgada el pasado mes de diciembre de 1978.

La sistemática transposición del tema autonómico en Galicia a la época de los Reyes Católicos supone, cuando menos, una falsedad histórica, si se deja de comprender y analizar el significado de la construcción del Estado burgués a partir de la consolidación de la burguesía centralista en España, cuyas coordenadas no giran alrededor de la destrucción del ancien régime, cual aconteció en la Francia revolucionaria, y, ni siquiera, en la asunción clara de su papel como clase, según se puede constatar en el desarrollo capitalista asentado en la moral protestante y al que dedicó sus lúcidas páginas Max Weber.

Quiere todo ello decir que, en gran parte, el desarrollo político de los autonomismos en Galicia viene marcado por una clara oposición entre la fórmula autonomista de la ilustración burguesa -llámese «regionalismo», «federalismo», etcétera- y la lucha del campesinado para ser protagonista de su historia inmediata, sin perder sus propias pautas estructurales asentadas en una concepción feudal o, cuando menos, precapitalista de la sociedad y la economía.

Dos modelos opuestos

La oposición entre ambos modelos es clara en los primeros años de este siglo. Los agrarios de Basilio Alvarez y los «nacionalistas» de las «Irmandades da Fala», aun apareciendo coincidentes en sus objetivos autonomistas, respondían, sin duda, a puntos de partida esencialmente distintos. Es claro, pues, que el pensamiento e ideología socialista, al encarar el tema autonómico en Galicia, no puede encerrarse en análisis superestructurales y, mucho menos, en los juegos semánticos a los que tan proclive es la derecha. La autonomía, para ser válidamente asumida debe contener, por tanto, los suficientes elementos de desarrollo -no sólo de crecimiento cuantitativo- sociales, culturales y económicos que permitan el paso de una economía atrasada y de pendiente al modelo socioeconómico vigente en la actualidad en Europa.

Ante tal reto, es necesario dejar constancia de que ello nunca se podrá lograr por nuestras propias fuerzas, Para que así fuese, tendríamos que movernos en otra hipótesis -léase Constitución- y en otro modelo distinto: el de los llamados países socialistas, del cual, aun sin ser objeto del presente, puede afirmarse su relatividad con respecto a la independencia como valor absoluto. Descartado, al menos aquí, el asalto al palacio de Invierno, la larga marcha y Sierra Maestra, nuestro único objetivo debe dirigirse a una lectura política de la norma estatutaria, para ver cuánto permite y no tanto cuánto impide. La tradición de la lucha del movimiento obrero se ha asentado siempre en esta estrategia, forzando las contradicciones del sistema hasta alcanzar esas «condiciones objetivas» que siempre tienen más de utopía que de realidad.

El reconocimiento de esa incapacidad autárquica viene a llenar de contenido el concepto de solidaridad entre los pueblos españoles que los socialistas repetimos frente al tema autonómico y cuyo reconocimiento aparece reflejado en el artículo 2 de la Constitución. Solidaridad que se inspira en el hecho objetivo de la desigualdad existente y en la negación del proceso uniformador, tan caro a las ideologías totalitarias.

Un estatuto adecuado

El Estatuto de Autonomía de Galicia, presentado actualmente en las Cortes, cumple en bastante grado las exigencias que se deducen de los anteriores razonamientos. De una parte, es necesario no perder de vista que tal norma estatutaria ha sido elaborada en una situación en que la correlación de fuerzas podría haber inclinado la balanza, claramente, en favor de tesis más conservadoras y centralistas, lo cual, si no ha sucedido, se debe tanto al buen sentido político de cierta derecha cuanto a los esfuerzos técnicos y políticos del Partido Socialista, apoyado explícita e implícitamente por las restantes fuerzas de izquierda y nacionalistas extraparlamentarias.

La lengua gallega

Los reparos, generalmente puntuales, que se ofrecen en los medios de difusión frente al Estatuto, y muchos de los cuales asumo personalmente, no deben generar, en cambio, un movimiento de rechazo cuyas consecuencias pagaría de inmediato el pueblo gallego. Es cierto, por ejemplo, que en el artículo 5, sobre el tema del idioma, la redacción actual elimina la expresión «deber de conocer el gallego», así como la obligación de procurar que los funcionarios en Galicia adquieran el conocimiento del gallego, pero no es menos cierto que en su redacción actual, que quizá pueda ser mejorada, se hace una afirmación clara de cuál es la lengua propia de Galicia, así como la obligación de los poderes públicos de potenciar la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa. Serán, pues, medidas legislativas y de gobierno concretas las que ofrezcan en su día una lectura progresista o reaccionaria de este artículo.

El "Proyecto de los 16"

Algo similar ocurre con el tratamiento demagógico que se nos viene ofreciendo del llamado «Proyecto de los 16», como si el acuerdo obtenido ahora entre los partidos con representación parlamentaria en Galicia -UCD, PSOE y CD- tuviese un vicio de origen que lo invalidase frente al acuerdo o consenso que en aquel «Grupo de los 16» establecieron los tres partidos citados, más el Partido Comunista, el Partido Galeguista, el Partido Obreiro Galego y el Partido do Traballo de Galicia.

Deben plantearse objetivamente los «reparos» al Estatuto, pero, siempre, desde posiciones de racionalidad, y así, el famoso «3% del censo» es indudablemente una norma restrictiva ante un comportamiento electoral abstencionista, pero al mismo tiempo supone un reto a todas las fuerzas políticas, especialmente las minoritarias, a fin de romper ese abstencionismo ofreciendo programas y fórmulas que le hagan atractivo al pueblo gallego el concurrir a las urnas, y para eso, el camino comienza, ha comenzado ya, sensibilizando al pueblo en favor del Estatuto de Autonomía que es, sin duda, el mejor posible en este momento.