Reservas de la izquierda ante el decreto de financiación de los ayuntamientos

Los ministros de Hacienda y Administración Territorial, Jaime García Añoveros y Antonio Fontán, respectivamente, convocaron ayer una conferencia de prensa en Madrid para informar ampliamente acerca del decreto-ley sobre medidas urgentes de financiación de los ayuntamientos, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes. El texto gubernamental ha sido acogido con reservas por la izquierda.

El señor Fontán aseguró que con las medidas básicas estipuladas en este decreto-ley, las corporaciones locales no van a tener dificultades para atender sus presupuestos ordinarios en lo que queda de año. Tales medidas son, en síntesis, las siguientes: los ayuntamientos recibirán 8.000 millones mediante el cobro de dos pesetas por cada litro de carburante vendido, operación canalizada a través de CAMPSA, el Ministerio de Hacienda y el Banco de Crédito Local, y 8.250 millones de pesetas más por el aumento de los impuestos municipales sobre temas tales como radicación, licencias industriales, contribución urbana y gastos suntuarios en restaurantes, cafeterías y establecimientos similares.Otra de las medidas básicas contempladas en el mencionado decreto-ley es la actualización de los valores catastrales de la contribución territorial urbana en un 30%

El mencionado decreto-ley, presentado por los representantes del Gobierno como suficiente para el buen funcionamiento de las corporaciones locales, ha sido acogido con ciertas reservas por los dos grandes partidos que controlan la mayoría de los ayuntamientos, El PSOE, que, según su experto en temas municipales, Joaquín Leguina, asegura haber arrancado del Gobierno importantes partidas para la izquierda en la elaboración del contenido del decreto, considera que sus efectos van a ser beneficiosos para los municipios entre 20.000 y 80.000 habitantes -precisamente los controlados por UCD-, mientras que los ayuntamientos de las grandes ciudades apenas podrán «poner un parche» a los numerosos problemas que tienen planteados. El razonamiento del señor Leguina se basa en que la percepción de las dos pesetas por litro de carburante va a suponer para un Ayuntamiento como el de Madrid un ingreso anual de 1.700 millones de pesetas, «y otra cantidad tan irrisoria como ésta será la derivada de la actualización del catastro », por lo que, en opinión de Joaquín Leguina, este proyecto de ley es un pequeño paso hacia adelante, pero ni mucho menos satisface las necesidades de los ayuntamientos.

La negociación del decreto-ley sobre medidas urgentes para financiar los ayuntamientos duró, aproximadamente, dos semanas, se efectuó en Madrid, y en ella participaron los ministros García Añoveros, Antonio Fontán y Fernando Abril, por parte del Gobierno, y una comisión de expertos del PSOE, por parte de la oposición. La significativa ausencia del PCE, tanto más significativa después del pacto municipal realizado tras la victoria de la izquierda en las elecciones locales, ha sido acogida en este partido con cierta expectación, pues podría significar una amenaza para congelar lo que, en opinión del PCE, es el verdadero problema de los ayuntamientos: la liquidación de los intereses de las enormes deudas contraídas por los municipios antidemócratas. Esta supuesta congelación podría hacerse efectiva en octubre, cuando se presente a debate en las Cortes el proyecto de ley sobre Régimen Local, amparándose en lo estipulado en el decreto aprobado el viernes, en lo que se refiere a las haciendas locales.

Con todo, las fuentes informantes del PCE dejaron constancia de que se trataba de una apreciación muy inmediata, y señalaron que se mantendrían alerta en el desarrollo de los acontecimientos. Sobre el decreto del viernes, los responsables municipales comunistas coincidieron con los socialistas en calificarlo de parche.