La necesidad de revisión salarial

En diciembre de 1978, Abril Martorell presentaba al país el programa económico para 1979. Todas las medidas de política monetaria, de rentas, de empleo, etcétera, estaban subordinadas a la consecución de un objetivo considerado como prioritario por el Gobierno de UCD: reducir la tasa de inflación en 6,5 puntos respecto al año anterior.Bajo el pretexto del todavía alto nivel de inflación se descartó, una vez más, combatir el paro. La política de empleo, recogida en el plan económico, suponía un nuevo incremento de la cifra de parados, ya que en su objetivo de crear entre 100.000 y 150.000 puestos de trabajo no tenía en cuenta ni tan siquiera el crecimiento vegetativo de la población.

La política monetaria en nada ayudaba a iniciar la reactivación industrial que está necesitando la economía, y dejaba de afrontar la discriminación crediticia que pesa sobre la pequeña y mediana empresa.

La política salarial, recogida en el decreto-ley de rentas y empleo y a pesar de que el incremento del IPC durante 1978 se elevó al 16,5%, fija una banda del 11% al 14% para las subidas salariales. La llamada «cláusula de garantía» del decreto-ley se establece de tal forma que fueran mínimas las posibilidades de aplicarse. De este modo se establece en el 6,5% la subida del IPC en los seis primeros meses del año como condición de la revisión salarial, cuando el propio plan del Gobierno preveía una subida del 5,34% en ese mismo período.

Más precios, más paro

Pero el plan del Gobierno empieza a hacer agua rápidamente. En los tres primeros meses, el paro aumenta en 50.000 trabajadores y en el primer cuatrimestre se alcanza ya el incremento del IPC previsto por el programa gubernamental para todo el primer semestre. Mientras tanto, el crédito bancario sigue creciendo por debajo de las previsiones iniciales.

El objetivo fundamental del Gobierno continúa siendo reducir la inflación, para evitar así que entre en vigor la cláusula de revisión salarial. Con esta intención se pone en marcha a finales de abril un conjunto de medidas, entre las que se encuentran una política monetaria más restrictiva, que va a dañar a la pequeña y mediana empresa, y una revaluación de la peseta, que va a afectar duramente al sector exportador, cuando precisamente el ligero crecimiento de la economía, experimentado en el año 1978, se ha basado principalmente en la actividad exportadora.

La situación es tal que en el mes de mayo el Gobierno se ve .obligado a reconocer en el Parlamento la invalidez del programa económico de diciembre y se compromete a presentar un nuevo plan en el plazo de dos meses. El Gobierno ha incumplido este compromiso, pero parece ser que a finales de julio presentará unas líneas generales de política económica posiblemente más centrado en algunos objetivos sectoriales, como dar salida definitivamente al PEN, que en cuantificar con claridad y precisión unos objetivos económicos. Y ello porque quiere tener las manos libres para sentar las bases de un nuevo pacto social.

El objetivo de descargar el conjunto de la crisis económica sobre los trabajadores y sobre la pequeña y mediana empresa no se detiene, y en los primeros días de julio el Gobierno, aprovechando el alza de los precios del crudo y ante la imposibilidad e incapacidad de contener ya la inflación, se lanza a una subida generalizada en los precios de diversos productos: autopistas de peaje, leche, gasolina, butano, transporte ferroviario, aéreo y marítimo, gasóleo,fuel-oil,tarifas telefónicas, tarifas eléctricas. A estas subidas ya establecidas se añadirán próximamente alzas en fertilizantes, pan, cemento, harina, aceite, tabaco, productos siderúrgicos, etcétera. De esta forma, a la disminución de los salarios reales se une la liberalización de los precios como forma de aumentar el margen de beneficios de los grandes empresarios.

El Gobierno de UCD es perfectamente consciente que al elevar los precios está disminuyendo el poder adquisitivo de los trabajadores, haciéndoles «ahorrar forzosamente» cantidades que son trasvasadas a las grandes empresas (por ejemplo, el alza de tarifas eléctricas dará unos ingresos suplementarios a las compañías eléctricas de más de 50.000 millones de pesetas, objetivo que está en relación con, vía tarifas, financiar las centrales nucleares, finalidad prioritaria y casi única del PEN, plan que desde luego no es un plan «nacional» sino un plan nuclear realizado a hechura de la oligarquía).

Este Gobierno que pretendió asentar sus teorías de congelación salarial en la inflación prevista del año posterior, y no en la necesaria recuperación del poder adquisitivo perdido durante la vigencia de los convenios, ve que hace aguas su propia teoría y pretende ahora convencer de que los trabajadores no deben fijarse en el IPC. ¿En qué si no?

Poder adquisitivo

Y así, según la teoría de la inflación prevista, podemos elaborar el siguiente cuadro del poder adquisitivo de un salario de cien pesetas en enero de 1978, y de 113 pesetas en enero de 1979. (tengamos en cuenta que nos colocamos en la parte superior de la banda 11-14%, y que muchos trabajadores no han llegado al 13%). Calculamos una inflación diciembre 1979-diciembre 1978 del 16%, lo que pensamos que es conservador, si tenemos en cuenta que según el propio Abril Martorell, las subidas de productos energéticos provocarán dos puntos de alza y si consideramos que en el pámer semestre del año, y pese a la contención artificial de los precios, se va a superar el 7%. El alza prevista del 16% es un cálculo absolutamente realista que el Gobierno no desconoce, pues sus propios asesores, por ejemplo Fuentes Quintana, lo afirman.

En la tercera columna se ha incluido el poder adquisitivo mensual, si el ejobierno únicamente revisa en un 1,5% los salarios, tal y como confirman los diversos rumores.

El cuadro anterior muestra que la subida que pretende el Gobierno es absolutamente insuficiente para mantener el poder adquisitivo de los salarios. Por eso, la CSUT, el Sindicato Unitario y otras centrales sindicales están exigiendo una revisión salarial que mantenga el poder adquisitivo, o sea, en torno al alza del IPC en estos meses.

Salarios frente a beneficios

En resumen, creemos que la política del Gobierno de UCD desde finales de 1977 está produciendo para los trabajadores menor participación en la renta nacional y más paro, mientras que para las grandes empresas está produciendo grandes beneficios (por ejemplo, Standard Eléctrica aumentó en 1978 sus beneficios netos en un 46%, Nestlé, en un 67%; Agromán, 36%; Huarte, 26%; FOCSA, 26%, así como su cash-flow: FECSA, un 29%, Petronor, 56%, CEPSA, 30%...). Entre tanto no se acometen las reformas estructurales que España necesita.

En esta situación pretender decir, como hace Abril Martorell, que un alza salarial provocaría paro, es falso. Se ha demostrado una vez más en estos dos últimos años que unos menores salarios no contribuyen a crear empleos. A su vez, no toda inversión crea empleo, sino que muchas veces lo sustituye. Así, la inversión de dos billones de pesetas en 1978 no sólo no incrementó el número de puestos de trabajo, sino que la población ocupada disminuyó en 359.800 trabajadores. Tanto en 1978 como en 1979 los salarios reales han disminuido y el paro se ha multiplicado.

No es irracional ni antipatriótico denunciar esta situación, exigir un cambio de política y defender el puesto de trabajo y el salario. De otra forma, flaco servicio haríamos a la naciente democracia.

Secretaría técnica del Sindicato Unitario