Los colegios universitarios, entre el sucursalismo y la penuria económica

Podría establecerse cierto paralelismo, tanto por sus orígenes como por las dificultades en que se ha desarrollado hasta ahora su existencia, entre los colegios universitarios y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dos instituciones nacidas al principio de los años setenta para intentar paliar la creciente masificación de la Universidad española, así como para contrarrestar las graves consecuencias de su característico centralismo.Pasado el tiempo, tal y como denunciaba recientemente su actual rector desde estas mismas páginas, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con una matrícula de 60.000 alumnos, sigue sin disponer de edificio propio y apenas puede comprenderse cómo logra sobrevivir desde la más absoluta precariedad. Una institución que pudo y aún puede ser la gran solución para acercar los estudios universitarios a quienes no tienen la posibilidad de acudir diariamente a las aulas por la distancia geográfica o por razones de trabajo se encuentra a merced de la capacidad económica y aun de la voluntariedad de los patronatos que rigen los correspondientes centros asociados debido a la desatención de la Administración.

De modo semejante, los colegios universitarios, nacidos para aproximar la enseñanza superior a las entidades de población alejadas de las tradicionales cabezas de distrito universitario, han vivido desde su creación entre el sucursalismo, la penuria económica y la amenaza de su privatización.

Ambigüedad jurídica

A estas características habría que añadir la de la ambigüedad, porque ambiguo es en gran medida el decreto-ley de 21 de julio de 1972, que define y regula el funcionamiento de estas instituciones.Pese a que en dicho decreto se tipifican los colegios llamados «integrados» como dependencias de la Universidad correspondiente, desplazadas geográficamente, en la práctica resulta muy difícil discernir cuándo un colegio tiene esa condición o la de «adscrito», que es la otra modalidad existente de colegios universitarios.

Por lo que a estos últimos respecta, la ausencia de una política clara por parte del desaparecido Ministerio de Educación y Ciencia conduce a que en ellos exista una duplicidad manifiesta. Por una parte, funcionan, en lo económico, como empresas privadas, puesto que dependen exclusivamente de la gestión de un patronato. Por otra, los organismos que componen estos patronatos, cuyo funcionamiento jurídico es análogo al de una empresa, son, en realidad, entidades de carácter público (diputaciones, ayuntamientos, cajas de ahorro... ), aunque algunos están virtualmente controlados por empresas estrictamente privadas.

Finalmente, en el aspecto académico, es obvia la relación con la Universidad correspondiente. No obstante, las universidades se han ido desinteresando cada vez más por sus respectivos colegios, lo que ha determinado un aislamiento progresivo, que repercute en el deterioro de la calidad de enseñanza y, sobre todo, en la ausencia casi absoluta de investigación.

También es cierto que este deterioro nunca podrá ser mayor que el existente en las propias universidades, puesto que el reducido número de alumnos por aula es un factor esencial para la calidad y en este aspecto los colegios gozan de un privilegio que para sí quisieran todas las facultades del país.

Se da la circunstancia de que es precisamente en este hecho en el que se basa la principal objeción que suele hacerse a la conveniencia de mantener estos centros, a partir de la tradicional tendencia a medir con criterios de estricta rentabilidad económica el interés de las instituciones educativas. Ciertamente, si en la mayoría de las universidades del país cada catedrático es responsable de la formación de unos 250 alumnos, el hecho de que los 15.000 alumnos que aproximadamente componen la actual matrícula de los colegios universitarios dispongan de unos mil profesores parece dar la razón a quienes consideran a estos centros como «la institución educativa más cara y menos rentable de todo el país».

Su crecimiento, condicionado por su propia estructura

No se tiene en cuenta, sin embargo, que es la anquilosada estructura con que han nacido la principal causa de su cada día más exigua matrícula, pues no puede olvidarse que los colegios se crearon para atender a los alumnos del primero de los tres ciclos en que, según las previsiones , de la ley General de Educación, habrían de estar estructurados los estudios universitarios. Consecuentemente, los alumnos acudían a los colegios, en un primer momento, con la intención de cursar en ellos un ciclo completo de la carrera. Al no cumplirse las previsiones de la ley, puesto que el primer ciclo no ha pasado de ser una expresión teórica, los estudiantes prefieren adelantar su desplazamiento a la correspondiente universidad pensando que es preferible iniciar la carrera en el mismo centro en que se va a terminar, con objeto, sobre todo, de no sufrir en los cursos finales las mismas in comodidades de adaptación con que tradicionalmente se encuentran al iniciar sus estudios.Así, pues, el aparente desinterés actual de los estudiantes y sus familias hacia los colegios universitarios es consecuencia directa de la reducción de objetivos de los mismos, de su imposibilidad de crecer. La entidad de las poblaciones en que se asientan la mayoría de los colegios (Vigo, Toledo, Castellón de la Plana, Jerez...) permite pensar en las posibilidades reales de crecimiento de casi todos ellos. La conversión en facultades de aquellas secciones en las que se ha detectado un interés creciente por parte de los estudiantes de la zona supondría un paso gigantesco hacia la ansiada desmasificación de la universidad.

La Administración no duda del importante juego que en este sentido pueden dar todavía los colegios universitarios, como se desprende del contenido del preámbulo del decreto de 20 de febrero pasado, por el que se crea una comisión interministerial para planificar la integración de estos centros en las universidades estatales. En dicho texto se alude a «la importancia de los colegios universitarios como centros que hacen posible la extensión horizontal de la enseñanza superior». Se reconoce también que «el tiempo ha acreditado, de una parte, la importancia de su función en el orden académico y su influencia en la vida cultural de las ciudades y provincias en que radican, y, en consecuencia, la necesidad de su continuación, y de otra han puesto de manifiesto el extraordinario esfuerzo económico que representa, especialmente para las entidades públicas, provinciales y locales, el mantenimiento de estos centros».

La integración, un acto de justicia con las haciendas locales

También para el colectivo docente de los colegios universitarios, profesores no numerarios en su inmensa mayoría, el proceso de integración es una medida que «hará justicia a las haciendas locales, es decir, al pueblo contribuyente, que con tanto esfuerzo ha levantado estos gérmenes de universidad».Estos profesores han expresado públicamente en varias ocasiones los criterios que deberían presidir este proceso de integración, que entienden «debería estar planificado sobre las necesidades que preven las distintas autonomías en su aspecto universitario, considerando la rentabilidad social y no estrictamente económica de los centros».

Estos criterios, en su aspecto financiero, incluyen el que las subvenciones del Ministerio a los colegios universitarios tengan carácter global, así como que sus aportaciones en el período de transición se establezcan mediante conciertos con los patronatos de acuerdo con baremos objetivos; que sea el Ministerio quien financie las posibles ampliaciones y que inicie un proceso de homogeneización económica y presupuestaria entre los distintos colegios,

Por otra parte, es lógico que tanto los profesores como el personal no docente de los colegios universitarios aspiren a que la integración no sólo no suponga un riesgo para su futura estabilidad laboral, sino que, por el contrario contribuya al afianzamiento de sus puestos de trabajo, de tal manera que se «habiliten los plazos y medios necesarios para que el profesor complete los requisitos académicos obligados, previo reconocimiento de los años de docencia, y que se posibilite su integración en los departamentos de la universidad a todos los efectos».

La aspiración, por último, a estar presentes de alguna manera en la comisión interministerial que estudie la regulación de la integración parece que va a ser tenida en cuenta por las autoridades ministeriales, que, desde que se hicieron cargo del nuevo departamento de Universidades e Investigación, han manifestado en reiteradas ocasiones su mejor disposición para que en todas las reformas estructurales de la universidad sean escuchadas las opiniones de los afectados.

En tal sentido, los profesores tienen puestas sus esperanzas en el contenido del real decreto publicado el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado por el que se modifica la composición de la comisión interministerial para la integración, particularmente porque en él se contempla la «posibilidad de que esta comisión pueda organizar sus trabajos en subcomisiones o ponencias, así como recabar las colaboraciones, que, con carácter ocasional o permanente, estime oportunas».