El debate sobre los desequilibrios territoriales

EL DEBATE parlamentario sobre desequilibrios regionales ha llegado o bien demasiado tarde, por la renuncia de los grupos políticos en la anterior legislatura a enseñar todas sus cartas en esta espinosa cuestión, o bien demasiado pronto, ya que en las vísperas de la discusión sobre los estatutos vasco y catalán resultaba arriesgado examinar aisladamente lo que sólo constituye una pieza de un abigarrado mosaico. Sin duda, el espectro de lo que promete ser un duro, áspero y prolongado debate en torno al marco jurídico de las instituciones de autogobierno en Euskadi y Cataluña a lo largo de los próximos meses fue la invisible presencia que restó al Pleno espontaneidad y franqueza y lo lastró con excesivas precauciones y cautelas. Ahora bien, ni el inoportuno emplazamiento de la sesión, dentro del calendario de los plenos, ni el pretexto formal de que la inexistencia de una comunicación previa por parte del Gobierno le dispensaba a éste de intervenir en el debate pueden disculpar la aparatosa ausencia anteayer del presidente y de sus ministros en el banco azul y el mutismo del ministro de Administración Territorial en las discusiones. La explicación dada por el ministro para las Relaciones con las Cortes confirma la escasa idoneidad del señor Arias-Salgado para desempeñar su cartera. El señor Arias-Salgado, en unas declaraciones a la prensa, ya había manifestado su honda comprensión del comportamiento del señor Pérez Llorca durante la sesión en que éste fue desautorizado por el presidente con el argumento de que resulta difícil contenerse cuando se va ganando por seis a cero. Anteayer confirmó su visión colegial de la vida parlamentaria, pues su explicación de que el hermético silencio del Gobierno debía ser interpretado como un esfuerzo para concentrar su atención en escuchar la opinión de los grupos parlamentarios en temas relacionados con los estatutos de autonomía parece reducir al Congreso a un patio de recreo donde los alumnos charlan y juegan ante la mirada benevolente y el oído aguzado del padre prefecto.

El eventual desacuerdo, no demasiado verosímil, dentro del propio Gobierno para determinar qué ministro era realmente competente para intervenir en el Pleno demostraría que los difundidos temores acerca de la falta de dirección y cohesión del equipo gubernamental no son tan infundados. Porque sería inaudito que ante un debate de tanta importancia simbólica, como el celebrado anteayer, el presidente añadiera a las desconsideraciones de no hacer acto de presencia en el banco azul, la negligencia de no aclarar las responsabilidades respectivas del ministro de Administración Territorial y del ministro de Economía. Desde fuera, sin embargo, no son muchas ni muy vigorosas las dudas acerca del actor adecuado para desempeñar el papel. El señor Fontán, de cuyas capacidades como negociador y hombre dialogante alguna gente que le es muy próxima se hace lenguas, está todavía inédito como titular de la cartera de Administración Territorial. Aunque la actuación de su predecesor en el departamento de Regiones sitúa casi a ras de tierra el listón que ha de saltar para mejorar los resultados obtenidos por el señor Clavero, lo único cierto hasta ahora es que ha firmado «el decreto con nombre y apellidos» contra el señor Garaicoetxea, pese a la buena impresión inicial que su nombramiento había producido en los medios cercanos al PNV. El debate sobre desequilibrios territoriales hubiera sido una excelente ocasión para que los diputados y el país entero conocieran sus opiniones sobre cuestiones íntimamente relacionadas con los regímenes autonómicos.

El debate se mantuvo en un nivel de excesiva generalidad en lo que respecta a las causas históricas y culturales del desarrollo desigual de la economía española. Merecen especial atención las intervenciones del señor Unzueta, del PNV, y del señor Pujol, de la Minoría Catalana, a propósito de la necesaria solidaridad económica que debe existir entre los diversos territorios españoles. La burda confusión entre autonomía e independencia, el otro gran fantasma que suscitaba desconfianza y rechazo en amplios sectores de la población española frente a Euskadi y Cataluña, ha quedado suficientemente exorcizado por las reiteradas, insistentes y machaconas declaraciones de los dirigentes del PNV y de CiU sobre la inexplicable vinculación entre la unidad española y los regímenes de autogobierno vasco y catalán. Las explícitas manifestaciones hechas anteayer por el señor Unzueta y el señor Pujol acerca de los propósitos de los nacionalistas vascos y catalanes de contribuir a la disminución de la desigualdad económica entre las regiones abre una optimista perspectiva para deshacer ese otro gran equívoco que asocia a las autonomías con los privilegios fiscales y la perpetuación del subdesarrollo en las zonas más deprimidas de España. En cualquier caso, una conclusión es segura: el centralismo político, llevado hasta la exasperación bajo el franquismo, no hizo más que favorecer el desequilibrio regional y ahondar la fosa económica que separa a los vascos y catalanes de los andaluces, extremeños o canarios. Aunque no sea un corolario lógico, tampoco cabe descartar que la descentralización y las instituciones de autogobierno puedan frenar la tendencia a que esa brecha aumente o incluso contribuir a cerrarla.

El debate concluyó con la aprobación de dos propuestas de UCD y CD, con los votos de ambos grupos y la abstención de los restantes, que se sitúan en un techo demasiado elevado de abstracción y generalidad para merecer un comentario. Fueron, en cambio, derrotadas, por los votos del partido del Gobierno y de sus principales aliados para la investidura, las proposiciones de los nacionalistas vascos, Minoría Catalana, socialistas y comunistas, que trataban de ofrecer medidas concretas y señalaban plazos al respecto. Sólo el punto segundo de la moción del PSA, que pedía la realización de una encuesta sobre el regreso de los emigrantes a sus tierras de origen, recibió el apoyo de todos los grupos. La guillotina manejada por el Gobierno para descabezar la propuesta vasco-catalana de creación de una comisión parlamentaria, las detalladas sugerencias del Grupo Comunista o el plan de desarrollo regional socialista podría tener, retrospectivamente, su más firme eximente en la aprobación rápida,. satisfactoria y razonablemente negociada del Estatuto de Guernica y él Estatudo de Sau.