UCD puede definirse hoy sobre los estatutos vasco y catalán

La definición de la política gubernamental respecto a los estatutos del País Vasco y Cataluña siguió acaparando ayer la atención de los miembros del Gabinete y el grupo de notables de Unión de Centro Democrático (UCD), que se reunieron por cuarta vez al respecto. En círculos próximos al partido gubernamental se afirmaba anoche que hoy mismo puede ser convocado el comité ejecutivo para conocer los motivos de desacuerdo con los mencionados proyectos, de inminente debate en la Comisión Constitucional del Congreso.

A su vez, en el País Vasco, nueve partidos y coaliciones han lanzado una campaña unitaria en apoyo del Estatuto de Guernica, al que consideran «la única vía de normalización de la vida en Euskadi». El PNV, PSOE, Euskadiko Ezkerra y PCE se encuentran entre los responsables de esta campaña, en la que invitan a participar activamente a la población.«El Estatuto», en opinión de los firmantes del manifiesto, «recoge una amplia capacidad de autogobierno, reintegra los derechos nacionales de Euskadi y abre vías de solución política a nuestros problemas más agudos». El partido abertzale ElA, integrado en la coalición Euskadiko Ezkerra, reafirmó también en su primer congreso, celebrado durante el pasado fin de semana, el apoyo a dicho texto.

Por otra parte, Herri Batasuna puso en marcha el domingo el mecanismo para la redacción de un Estatuto paralelo al elaborado en Guernica. Ante la imposibilidad de concentrar en Alsasua la asamblea nacional popular vasca, réplica de la magna asamblea recientemente celebrada en Vitoria en apoyo del Estatuto de Guern Ica, Herri Batasuna organizó, en cuatro puntos del País Vasco y Navarra, pequeñas reuniones en las que se elaboraron las conclusiones que han de servir de guía a los redactores del Estatuto paralelo.

El Consejo General Vasco, por otra parte, reunido ayer por vez primera desde su constitución, no trató el tema de la incompatibilidad que afecta a su presidente, Carlos Garaicoetxea. En cambio, aprobó sendas resoluciones en las que condena las amenazas proferidas por ETA político-militar a los funcionarios del Estado y solicitó del Gobierno la retirada de las FOP de la cárcel de Soria, así como el regreso al País Vasco de los presuntos miembros de ETA recluidos en ese centro.

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