Los alumnos del colegio Lourdes tienen que pagar tres veces más de lo que marca la ley

El colegio Nuestra Señora de Lourdes, uno de los ocho centros docentes que regenta en Madrid la fundación Hogar del Empleado, conoce desde finales del pasado año una situación conflictiva entre la Asociación de Padres de Alumnos y los responsables de la institución. En el origen se encuentra la aplicación de unas cuotas que en el mejor de los casos triplican el máximo legal en un colegio como este, subvencionado al ciento por ciento. La consecuencia de este ya largo enfrentamiento puede ser una drástica reducción de grupos, con el consiguiente riesgo de que centenares de niños queden sin plaza escolar.El conflicto se originó al presentar la fundación una propuesta de cuotas para este año que suponía un alza del 48% en EGB y BUP, y de un 45 % en COU. Traducido esto en cifras, quería decir que el colegio pretendía cobrar en el primer ciclo de EGB 1.462 pesetas mensuales y 1.867 en el segundo ciclo, cuando el máximo legal en Madrid es de 425 pesetas. En BUP la cuota mensual propuesta era de 2.291 pesetas y en COU de 3.016, siendo así que legalmente ni siquiera podía llegarse a las 2.500 en el transcurso de todo el curso, según establece una orden ministerial de aplicación a las antiguas filiales de institutos, que es el caso del colegio Lourdes.

Aunque los padres venían ya pagando con anterioridad cuotas superiores a las legales, esta subida de casi un 50% les llevó a solicitar del colegio una revisión minuciosa de las cuentas. De este modo, los padres manifestaron su desacuerdo con dos partidas del presupuesto, las destinadas a amortizaciones e intereses del capital inmovilizado.

A falta de justificantes -la dirección les manifestó que sólo conservaban la contabilidad de los últimos tres años, «porque nadie nos había pedido cuentas de nada»-, los padres entendieron que el capítulo de amortizaciones estaba artificialmente hinchado y que al capital inmovilizado no podía aplicársele un criterio de rentabilidad comercial, por tratarse de una fundación. La disparidad en el tema de las amortizaciones llega hasta el punto de que los padres entienden que el costo real del colegio, construido hace más de quince años, fue de unos diecisiete millones de pesetas, mientras que la fundación maneja la cifra de 59.

De hecho, la fundación había elaborado para el presente año un presupuesto en el que los padres debían abonar por amortizaciones e intereses un total de 7,3 millones, siendo así que en el transcurso de los tres últimos años se habían abonado menos de dos millones al Banco de Crédito a la Construcción y al Instituto Nacional de la Vivienda para afrontar los créditos.

La ausencia de una explicación contable clara llevó a los padres a no pagar las cuotas de enero y marzo -la devolución fue de unos seiscientos recibos sobre un total de 1.650 alumnos-, al mismo tiempo que se dirigían a diversas instancias ministeriales para conocer los máximos legales y denunciar la situación.

La Delegación Provincial de Educación dio una vez más la callada por respuesta, en tanto que el subdirector general de centros no estatales les contestaba el 25 de abril, manifestándoles que por las enseñanzas regladas sólo debían pagar 425 pesetas al mes y que otras actividades complementarias tenían que contar siempre con la aceptación de los padres.

Pese a este pronunciamiento oficial, el Ministerio no adoptó ninguna medida, y los padres se vieron obligados a pagar antes del 21 de mayo las cuotas atrasadas, según el precio fijado por la fundación, ante la amenaza del colegio de dar de baja a todos aquellos alumnos que no regularizasen su situación.

Paralelamente a este conflicto, el colegio comunicó a los padres su propósito de reducir a uno el número de grupos en los primeros cursos de EGB y BUP nocturno y a dos en los restantes cursos. La razón aducida fue la falta de demanda. La realidad es que en párvulos quedan excluidos 31 alumnos y en primero de BUP casi doscientos y que en los restantes cursos el número de estudiantes por aula se sitúa por encima de los 45, frente a los 35 que establece la legislación vigente para centros subvencionados. Todo ello en un centro privado que recibe de la Hacienda pública más de 33 millones de pesetas.