El diario "Arriba", de Madrid publicará sólo dos números más

Los trabajadores del periódico Arriba han decidido sacar dos números más de este periódico -el de hoy y el de mañana- a pesar de que el director, Alejandro Armesto, les comunicó ayer que podían abandonar su trabajo y marcharse a sus casas tras conocer la decisión del consejo de administración de Medios de Comunicación del Estado de cerrar algunos periódicos de la cadena, entre ellos Arriba.A las diez de la noche, los trabajadores iniciaron una asamblea en la que informaron los miembros del comité nacional sobre el contenido de la entrevista que mantuvieron por la tarde con el ministro de Cultura, Manuel Clavero. La misma asamblea que a la hora de cerrar esta información continuaba reunida en los locales del edificio Arriba decidirá qué otro tipo de acciones desarrollarán ante las medidas del Gobierno.

El real decreto prevé, en líneas generales, el derecho de los trabajadores a integrarse en la Administración del Estado u optativamente a percibir la correspondiente indemnización en el caso de suspensión de algunos periódicos u otros medios de prensa adscritos al organismo Medios de Comunicación del Estado. Este derecho de opción deberá ejercitarse en el plazo de dos meses a contar desde el momento en que se adopten las medidas de suspensión.

En los supuestos de que el personal decida integrarse en la Administración del Estado, una comisión interministerial dependiente del Ministerio de la Presidencia del Gobierno se ocupará de las adscripciones del personal que haya optado por incorporarse a la Administración del Estado o a los diferentes organismos de la misma. El mismo Ministerio de la Presidencia podrá modificar las adscripciones del personal y determinar los organismos en los que presten sus servicios, siempre que no impliquen traslado forzoso de residencia. En cualquier caso, de los supuestos en los que el personal decida integrarse en la Administración del Estado, ésta se subrogará los derechos y obligaciones resultantes de la relación de trabajo actualmente establecida.

El real decreto será igualmente aplicable en los supuestos de reestructuración de plantilla de cualquier medio de prensa estatal.

Las primeras manifestaciones públicas por parte del Gobierno en contra de la existencia de una cadena estatal de prensa surgieron en 1977 de boca del entonces ministros de Información y Turismo, Andrés Reguera Guajardo, quien apuntó la necesidad de la privatización de la cadena.

Los trabajadores de la cadena se movilizaron y tras las presiones de los distintos grupos parlamentarios se consiguió en los pactos de la Moncloa la formación de una subcomisión especial dentro de la Comisión de Cultura, que se ocupaba del estudio del tema junto con los trabajadores.

Unión de Centro Democrático prosiguió en su postura en contra de la continuidad de los medios del Estado y en 1978 insistió en un informe en la necesidad de eliminar este tipo de prensa, «ya que en una democracia pluralista no es congruente ni hay antecedentes en otros regímenes democráticos en el sentido de que el Estado sea titular de una cadena de periódicos». A estas razones hay que añadir las estrictamente económicas, ya que la cadena produce unas pérdidas anuales de más de mil millones de pesetas.

Entre tanto, los trabajadores de la prensa del Estado presentaron un proyecto de regionalización que se basaba en una concepción de los periódicos públicos como patrimonio laboral y cultural del pueblo, de las diversas regiones y nacionalidades del Estado español. El Gobierno preparó, por su parte, un proyecto de disolución de la prensa del Estado en el que se contemplaba que los periódicos serían puestos a disposición por este orden de los entes preautonómicos, diputaciones provinciales, ayuntamientos, cooperativas de trabajadores, y en último término serían subastados.

El nuevo ministro de Cultura, Manuel Clavero Arévalo, anunció en un almuerzo con los directores de periódicos de Madrid la imposibilidad de una prensa pública. Posteriormente, el día 8 de junio, el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, anunciaba el propósito del Gobierno de la eliminación en una primera fase de los periódicos Arriba, Solidaridad Nacional y La Prensa.

A partir de este anuncio los trabajadores de los Medios de Comunicación Social del Estado iniciaron una serie de acciones -asambleas permanentes, comunicados, publicaciones de dossiers- encaminadas a hacer imposible de llevar a la práctica las intenciones del Gobierno.

Postura de las centrales

Las centrales sindicales han reiterado últimamente su posición en defensa del mantenimiento de los Medios de Comunicación del Estado. Comisiones Obreras «defiende y apoya la existencia» de estos medios, previo saneamiento de su estructura financiera, para garantizar los 4.000 puestos de trabajo y «garantizar al conjunto social de 33 ciudades una voz no mediatizada por intereses privados y al servicio, pues, de los Gobiernos autonómicos, los municipios y el conjunto de las organizaciones sociales». La Unión General de Trabajadores «se ratifica en la defensa» de estos medios «y rechaza todo intento liquidacionista por parte de UCD».