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Editorial:

¿La última oportunidad?

DE NUEVO las débiles esperanzas de un enderezamiento de la dramática situación del País Vasco, donde se juega su futuro el sistema democrático, parecen desvanecerse por la acción cruzada de comportamientos de opuesta o distinta significación, pero coincidentes en sus efectos des estabilizadores sobre el frágil equilibrio que podría permitir una salida política del conflicto.Las armas de ETA militar siguen disparando sobre jefes del Ejército, miembros de las Fuerzas de Seguridad y civiles. El atentado contra las obras de la central de Lemóniz ha costado la vida de un trabajador. Las explosiones en la madrugada de ayer en San Sebastián y Pasajes parecen anunciar una estrategia complementaria, a cargo de alguna de las dos ramas de ETA, contra edificios oficiales, al tiempo que el secuestro del delegado del Ministerio de Industria en Pamplona por ETA político-militar contribuye a aumentar la sensación de inseguridad y desprotección de los funcionarios públicos en la zona.

La condena de los crímenes terroristas, la constatación de ese clima de insensibilidad moral que lleva a algunos sectores de la sociedad vasca a olvidar que el primero de los derechos humanos es el derecho a la vida, el análisis de los componentes irracionales y de la confusión ideológica del radicalismo abertzale y el recordatorio de que más de un tercio de la población que habita y trabaja en Euskadi continúa votando opciones no nacionalistas, son elementos tan abundantemente repetidos en estas mismas páginas que parece inútil detenerse en su glosa. Las elecciones de marzo y abril de 1979 mostraron, sin embargo, que un sector minoritario, pero significativo, del pueblo vasco, en el que se incluyen trabajadores inmigrados, apoya de alguna forma el independentismo y el recurso a la violencia de ETA. Seguramente, en el electorado de Herri Batasuna hay un núcleo, irreductible a cualquier razonamiento, de apasionados profetas de una Euskadi unificada, independiente y socialista. Pero es probable que otra parte de los seguidores de Telesforo Monzón haya expresado fundamentalmente, con su voto, su desesperación ante la falta de perspectivas de una verdadera autonomía vasca y su rencor contra una equivocada política de orden público que convierte acciones desafortunadas o incidentes que en otro contexto no pasarían de las páginas de sucesos de los periódicos, en elementos susceptibles de originar convulsiones en la vida politica nacional.

Pero tal vez el segundo factor que antes apuntábamos -la ausencia de perspectivas ciertas sobre un verdadero régimen de autonomía- sea todavía más decisivo para explicar la desesperada apuesta a favor de la violencia de los votantes de Herri Batasuna. En este terreno, las responsabilidades del Gobierno, o del sector que dentro del Gabinete recomienda dureza en las negociaciones con el PNV, son muy graves. Porque el conflicto vasco es probablemente el primer gran desafío histórico con que se enfrenta el presidente Suárez, hasta ahora eficaz solucionador de problemas simplemente políticos. Constituye, en suma, una cuestión de Estado que necesita, para ser resuelta, hombres de Estado y no simples profesionales del poder.

Las elecciones de marzo y de abril registraron en el País Vasco, junto al impresionante ascenso de Herri Batasuna, la consolidación de las posiciones del PNV y el derrumbamiento del PSOE. La equivocada estrategia de los socialistas, que abandonaron sus tradiciones solidarias con el resto del país por un nada convincente nacionalismo, con la consecuencia de que la clase obrera inmigrada les retiró parcialmente su apoyo sin ganar nada a cambio, dejó despejado el camino para que el PNV se convirtiera en la primera fuerza electoral y política del País Vasco. En cualquier caso, nacionalistas vascos y socialistas, que poseen conjuntamente una cómoda mayoría en Euskadi, han elaborado y aprobado el Estatuto de Guernica, que proporciona un marco suficientemente amplio para auténticas instituciones de autogobierno y cuya compatibilidad con la Constitución es afirmada por sus redactores y sólo podría ser negada por el todavía inexistente Tribunal Constitucional.

Aquellos políticos de UCD que esgrimen el argumento de la anticonstitucionalidad del Estatuto de Guernica están, sin duda, en su derecho, como en él están los partidos de oposición que tienen por inconstitucional el decreto-ley sobre seguridad ciudadana; pero ante el problema vasco, que adquiere caracteres cada día más correosos, convendría dejar en manos del futuro Tribunal de Garantías Constitucionales el dictamen definitivo sobre la materia. Ahora lo urgente es sacar la negociación con el País Vasco del punto muerto en que se encuentra.

Sin embargo, y haciendo gala de una irresponsabilidad y una frivolidad inauditas, algunos destacados miembros del Gobierno, que no dudaron en avalar con su palabra el dudosamente constitucional decreto-ley de seguridad ciudadana, han instalado, de antemano, su propio Tribunal Constitucional para descalificar el Estatuto de Guernica y han iniciado su guerra de nervios con el PNV, a través del cual pasa cualquier posibilidad de pacificación de Euskadi, con el inoportuno decreto de incompatibilidad promulgado contra el señor Garaicoetxea. Este sector de UCD, alguno de cuyos portavoces no dudó en calificar de ayuda objetiva al terrorismo de los GRAPO o de ETA la moción socialista que preveía eximentes para los asilados latinoamericanos que hubieran utilizado la violencia en sus combates contra las dictaduras de esos países, piensa que su postura les sitúa en el centro del punto de mira de los terroristas. No es probable, sin embargo, que ETA comparta su criterio. Porque lo cierto es que en la lucha contra el Estatuto de Guernica coinciden, por supuesto que sólo objetivamente, los terroristas con sus armas y aquellos hombres de UCD que, con sus libros bajo el brazo, se aprestan a denunciar por anticipado cualquier sombra de duda o de sospecha acerca de la impoluta y nívea constitucionalidad del texto ratificado masivamente hace dos domingos en Vitoria.

Las negociaciones con el PNV sobre la Constitución, hasta ahora mal conducidas por el señor Abril Martorell y el señor Pérez Llorca, por su Inclinación a desdecirse de sus compromisos, constituyen un mal precedente para los nacionalistas vascos. Sería muy grave que el señor Suárez y sus ministros olvidaran que los líderes del PNV creen de verdad en los principios que mantienen, gusten o no a los demás, y en la limpieza de los tratos, El decreto contra Garalcoetxea, las intrigas de pasillo o de salón y el empleo de una «cultura» constitucional ista para invalidar por anticipado el Estatuto de Guernica son sombríos augurios de que el Gobierno poco ha aprendido de la experiencia de sus negociaciones con el PNV y continúa alimentando su estrategia vasca de pobreza imaginativa, miopía política y cobardía histórica.

En el tema de la resolución de la autonomía vasca, las semanas valen por anos, y todos los titubeos gubernamentales sólo han originado mayores exigencias por parte de las fuerzas políticas vascas. Puede que el Estatuto de Guernica sea el último vagón del último tren para la pacificación de Euskadi en el seno del Estado español; y si las cosas son así, resulta obligado subrayar el pavoroso espectáculo que ofrece UCD, divida en este asunto entre halcones y palomas, mientras los partidos de la oposición guardan un tan cómodo como peligroso silencio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de junio de 1979