Privilegio y poder

LA DECISION de ceder la mayoría del capital de SEAT a la sociedad italiana FIAT tal vez tenga sentido y sea coherente con la nueva política de fabricación de automóviles en España. Lástima que las escasas y confusas explicaciones oficiales acerca de esa estrategia industrial recién inaugurada impidan un juicio inequívoco al respecto. Sin embargo, lo que difícilmente podría resultar justificable, sea cual fuere el ángulo elegido para considerar la cuestión, sería la aceptación por el Estado español de las condiciones impuestas por la FIAT para llevar adelante la operación. La sociedad italiana no ha hecho, probablemente, mas que situar su oferta en el nivel más elevado posible, a fin de reforzar su posición negociadora. Lo incomprensible sería que la otra parte implicada en el trato diera su definitiva conformidad a las seis cláusulas del acuerdo, entre otras cosas porque su aprobación probablemente exceda de las facultades del propio Gobierno.Los privilegios de la FIAT en España son ya una vieja y triste historia. La empresa turinesa se asentó en nuestro país a comienzos de la década de los cincuenta, cuando la industria internacional ignoraba por razones políticas nuestro país y la ayuda americana no había dado otro fruto que «Bienvenido, mister Marshall». No se puede descartar que las viejas afinidades entre nuestras autoridades económicas y algunos cuadros directivos de la FIAT jugaran cierto papel en la creación de la fábrica de Martorell. En cualquier caso, la sociedad italiana nos hizo pagar un alto precio por su ayuda para romper el «cerco económico». A la reserva del mercado nacional se añadieron los pagos por royalties y asistencia técnica. Los puestos de trabajo creados por esa naciente industria del automóvil valieron su peso en oro, ya que las remesas al exterior por ambos renglones ha representado una cifra varias veces superior al capital desembolsado por FIAT para cubrir el 34% de SEAT, con independencia de sus beneficios como accionista. La sociedad italiana tuvo, además, otras compensaciones y ventajas. FIAT fue un licitador afortunado en las adquisiciones de Renfe y de otras empresas públicas, y también recibió, como accionista, su parte en los privilegios concedidos a Vespa. No faltaron tampoco excelentes oportunidades a sus directivos para hacer buenos negocios en el complejo mundo que rodea a la empresa automovilística, y hasta con las concesiones de licencias para la explotación de taxis. Todo tiene en este mundo recompensa, con excepción de la virtud; y el tráfico de influencias arrastró en su movimiento hasta el núcleo directivo del grupo a algunos de nuestros ilustres compatriotas.

No deja de ser sorprendente el estoicismo con que la FIAT ha contemplado el rápido descenso de la participación de SEAT en el mercado español, su escaso interés por renovar modelos e instalaciones claramente obsoletos, y su falta de colaboración para apoyar en el mercado internacional la exportación de algunas de sus líneas. Pero las seis condiciones que los italianos exigen, ahora, para la salvación de SEAT, iluminan con bastante claridad su extraña indiferencia en ese inmediato pasado.

La libertad de precios y el derecho a regular el empleo son dos condiciones que se sitúan en el terreno de lo discutible, o incluso de lo razonable, pero siempre que no constituyan excepciones para la empresa italiana, sino normas generales para toda la industria española. Pero las restantes cuatro cláusulas son ya, descarada e irremediablemente, la institucionalización del privilegio. La exigencia de créditos interiores sin el aval o la garantía de FIAT es cuando menos sorprendente. La petición de que SEAT sea declarada industria de interés preferente para poder importar en condición de tal, y sin derechos arancelarios, los equipos ya obsoletos de la fábrica de Turín pertenece a la picaresca de esas comedias protagonizadas por Alberto Sordi o Gassman. Finalmente, la exigencia de una autorización gubernamental para que FIAT sea mayoritaria en SEAT no implica la supresión de los royalties a la casa matriz.

Las condiciones son, cuando menos, intolerables, e incluso insultantes. FIAT encuentra facilitada su posición por las enormes pérdidas de SEAT, por la preocupante situación de paro y por la rígida negativa de las centrales sindicales a una negociación razonable sobre la flexibilización de la plantilla. Pero ni el Gobierno, ni el INI, ni los demás accionistas deberían perder la cabeza y ceder ante ese abusivo negociador. Incluso habría que preguntarse si los inmensos beneficios que han extraído FIAT y sus gentes de sus inversiones en España están compensados por las ventajas que su presencia ha deparado a nuestra economía. Otras preguntas se imponen, también, acerca de esta negociación, ¿Acaso ha desaparecido la dignidad y la imaginación del capital público, todavía accionista mayoritario de SEAT? ¿O es que es tal la confusión entre SEAT y FIAT que nadie está defendiendo en este trato los intereses de nuestro país?