Los socialistas reivindicarán soluciones económicas para los ayuntamientos

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá esta tarde los Presupuestos Generales del Estado para 1979, que serán aprobados con casi seis meses de retraso y cuando ya se conoce que el déficit, estimado en 200.000 millones de pesetas, será sobrepasado en un 10%. El Grupo Socialista, que mantendrá 44 de sus cien enmiendas, anunció ayer que, en línea con la reunión de alcaldes celebrada en Valencia, insistirá en la necesidad de llegar a una solución económica para las corporaciones locales, tanto a nivel presupuestario como mediante medidas políticas que permitan el saneamiento de los ayuntamientos.

Los diputados socialistas Enrique Barón y Ernest Lluch pusieron de manifiesto la grave situación creada a las corporaciones locales por la no admisión a trámite en la Comisión de Presupuestos de la enmienda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), según la cual el Estado se haría cargo de las deudas de las haciendas locales, «hasta su total extinción». Asimismo, lamentaron que fuera rechazada la enmienda de la Minoría Catalana, por la que se ampliaría el techo crediticio de 30.000 millones del Banco de Crédito Local a 60.000 millones.El señor Barón señaló que el Gobierno no quiso asumir esta propuesta, por estimar que el sector privado resultaría perjudicado. La solución transaccional propuesta por el grupo centrista, y consistente en aumentar en 20.000 millones el techo crediticio oficial, con destino a necesidades urgentes de los ayuntamientos, así como a financiar a sectores económicos en crisis, entre ellos el siderúrgico y el naval, fue estimada no satisfactoria por los socialistas.

Los representantes del PSOE señalaron que la solución de los problemas municipales ha de hallarse en un marco más amplio, en línea con las reivindicaciones de los alcaldes reunidos ayer en Valencia. En el Pleno del Congreso los socialistas defenderán una posición que anoche todavía no estaba decidida hasta tanto se hubiera valorado suficientemente el resultado de los acuerdos de Valencia. En principio, los socialistas creen imprescindible que se arbitren medidas que permitan el incremento de la eficacia recaudatoria de los Ayuntamientos. Para ello, sería preciso una reforma urgente de la ley de régimen local. Asimismo, propugnan el control de la gestión y el gasto de los ayuntamientos, y lograr que el Estado se haga cargo de las cuotas financieras de las deudas municipales.

Los socialistas criticaron la vía de las mociones utilizada por Unión de Centro Democrático (UCD) para encauzar las propuestas contenidas en las enmiendas de la Oposición. Enrique Barón declaró no ser partidarlo del sistema de mociones al Gobierno, sobre todo cuando sabemos que al vicepresidente segundo del Gobierno «no le preocupan». «Recurrir a las mociones sería, pues, como escribir en el agua.»

En relación con el déficit presupuestario, Ernest Lluch recordó que, cuando a finales de año los socialistas previeron un déficit de unos 220.000 millones de pesetas, Fernando Abril les llamó inflac¡onarios, siendo así que ahora es notorio que esa cifra será sobrepasada. En todo caso, los socialistas consideran que el déficit presupuestario español es de los más bajos de Europa y, en su opinión, los presupuestos del Estado deberían ser un instrumento más beligerante, sobre todo en materia de inversión.

Entre algunas de las 49 enmiendas que los socialistas mantendrán hoy en el Pleno del Congreso, los diputados socialistas destacaron la petición de aumento de la presión fiscal en un 1 % (lo que supondría un aumento de ingresos del orden de los 50.000 millones de pesetas); el incremento de las cuantías mínimas de pensiones a clases pasivas de 12.120 pesetas mensuales a 15.000, y de 7.900 a 12.000 pesetas; el mantenimiento de la dotación para educación -disminuido de 40.000 millones de pesetas en 1978 a 21.000 millones para 1979-, y la supresión de subvenciones al Tribunal de la Rota y otras canonjías vaticanas.