Los alcaldes de las grandes ciudades exigen medidas para corregir los déficit municipales

Con la exigencia de medidas que mejoren el déficit de los ayuntamientos y la petición para los municipios, en el plazo de tiempo más breve, de la cuarta parte de los ingresos totales del sector público, concluyó la primera cumbre de alcaldes, tras las elecciones municipales, celebrada en Valencia, donde estuvieron representados los veinte municipios más grandes de España, que suponen una tercera parte del total de su población.La cumbre, promovida para atajar el caos financiero de los ayuntamientos democráticos, estableció a lo largo del día diversas comunicaciones telefónicas con miembros del Gobierno, que resultaron finalmente positivas al confirmarse una entrevista con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, hoy a las dos del mediodía en el palacio de la Moncioa, tras otras sendas entrevistas con el vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, presidente de las Cortes, Landelino Lavilla, y portavoces de los grupos parlamentarios.

A todos ellos una comisión de doce miembros (los otros ocho se autoexcluyeron por diversas razones) les hará entrega del documento final de la reunión. Los alcaldes de UCD, aunque no se encuentran en la comisión, manifestaron su apoyo explícito a las gestiones que se iban a realizar con los miembros del Gobierno y al contenido de la declaración. Tras estos contactos y tras la discusión parlamentaria hoy del presupuesto general del Estado para 1979, los alcaldes han considerado necesario reunirse nuevamente antes de agosto en Sevilla, por considerar esta cumbre «la primera de una serie que iremos estableciendo».

A la reunión asistieron once alcaldes del PSOE, tres de UCD, dos del PNV, y del PSA, PCE, Un¡dade Galega y Unión del Pueblo Canario, uno por cada partido. El alcalde de Madrid. Enrique Tierno Galván, excusó su asistencia y en su lugar le representaron el comunista Ramón Tamames y el socialista Alonso Puerta. Los alcaldes de UCD pertenecen a las corporaciones de Oviedo, Santa Cruz de Tenerife y Santander (único ayuntamiento de la cumbre que no es deficitario), los socialistas corresponden a Alicante, Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, Valencia, Valladolid y Zaragoza, el del PSA pertenece a Sevilla, por el PNV asisten los alcaldes de San Sebastián y Bilbao, y la relación concluye con los alcaldes de La Coruña (Unidade Galega), de Las Palmas de Gran Canaria (Unión del Pueblo Canario) y de Córdoba (PCE).

Esta cumbre se gestó en la reunión mantenida por los alcaldes de Barcelona, Málaga, Zaragoza, Valencia y una representación de Madrid en la ciudad, catalana. «Ha existido total unanimidad y en ningún momento ha sido necesaria la más mínima discusión o someter a votación ningún aspecto de la declaración», manifestó el socialista Martínez Castellano, alcalde de Valencia y presidente de la cumbre en calidad de anfitrión de la reunión. Martínez Castellano aseguró que por encima de las posturas partidistas se había afirmado la situación dramática de los ayuntamientos.

Las corporaciones locales españolas deben hacer frente a los servicios encomendados con dotaciones que suponen tan sólo el 9% de los ingresos totales del sector público, mientras que en los demás países europeos este porcentaje no desciende del 25%, llegándose a situaciones como la de Holanda, en que este porcentaje alcanza más del 60%. Por esta razón debe ampliarse a una cuarta parte de los ingresos totales del sector público el porcentaje destinado a los municipios, pues de lo contrario «no hay solución posible para el funcionamiento de los ayuntamientos democráticos», aseguró el alcalde de Barcelona, el socialista Narcís Serra.

La declaración conjunta de los veinte alcaldes establece un índice de medidas urgentes que se deberían arbitrar por decreto-ley para mejorar la situación de las haciendas locales. En esta línea de actuación mínima será necesario actualizar los valores catastrales en la contribución urbana, ampliar la aplicación del impuesto de gastos suntuarios, elevar el límite en el impuesto de radicación hasta cincuenta pesetas por metro cuadrado, con autonomía municipal para su articulación, y resarcir a través de los presupuestos del Estado las exenciones concedidas por el Estado y que afectan a las haciendas locales.

La política de reajuste del gasto municipal se debe realizar, según la declaración final de la reunión, mediante la Fijación de esfuerzos para eliminar los déficits de las empresas y organismos en los que participan los ayuntamientos, mediante el establecimiento de medidas encaminadas al control no exclusivamente fiscal del gasto municipal, como su racionalización mediante una fijación más exacta de las partidas presupuestarias y revisión de contratas y concesiones, y asimismo con la adecuada distribución del personal a fin de lograr su mejor eficacia.

Los veinte alcaldes establecieron asimismo un incremento de la eficacia recaudatoria municipal con la revisión de ordenanzas, actuahzación de censos tributarlos, codificación de los índices de valoración (especialmente del suelo), establecimiento de medidas para mejorar el rendimiento del patrimonio municipal, e incremento del tope de las sanciones potestativas de los alcaldes (circulación, limpieza, sanidad y ruidos), para compensar el coste de su gestión y aumentar su carácter disuasorio entre los ciudadanos.