El calendario legislativo

AUNQUE CON cierto retraso respecto al horario que hubiera debido preverse, el Gobierno ha anunciado el calendario de proyectos de ley que serán enviados al Congreso a lo largo de los doce próximos meses para completar y desarrollar el texto constitucional.Solamente cuando esos borradores gubernamentales hayan alcanzado, tras su aprobación por las dos Cámaras, la condición de leyes orgánicas o de leyes ordinarias sustantivas, los principios enunciados en la Constitución podrán convertirse en elementos operativos del ordenamiento jurídico democrático. Congresistas y senadores tendrán que trabajar de firme en las ponencias y comisiones a fin de poner término a la actual situación de semiprovisionalidad que domina zonas muy amplias de nuestra convivencia, instaladas en un limbo delimitado por las declaraciones de principio de la Constitución y la vieja legislación.

Si bien la época del consenso parece venturosamente concluida en lo que se refiere a los pactos secretos y a las maniobras venecianas de los estados mayores de los partidos, la tarea de debatir y aprobar los casi sesenta proyectos pendientes no excluye la posibilidad de acuerdos públicos y razonados entre los grupos parlamentarios para agilizar y acelerar el proceso legislativo. El prestigio de la institución parlamentaria tendría mucho que perder si la claridad de los debates dejara su puesto, con la excusa de la eficacia, a cambalaches negociados detrás de las bambalinas. Pero parecido o mayor daño producirían las demoras y tardanzas suscitadas por la vaciedad retórica y el gusto por la oratoria de algunos diputados y senadores, el obstruccionismo de los grupos parlamentarios y la acumulación de enmiendas sobre aspectos menores o con propósitos puramente testimoniales. Confiemos en que esta nueva legislatura consiga encontrar un espacio parlamentario equidistante tanto de los acuerdos secretos suscritos por unos cuantos líderes fuera del Congreso e impuestos luego a la Cámara mediante la disciplina de voto, como de la utilización de las tribunas y escaños para realizar ejercicios personales o para hacer demagogia de grupo y compensar con palabras los errores de la propia práctica.

En cualquier caso, el Gobierno ha adquirido el compromiso formal de remitir, en fechas precisas, casi sesenta proyectos de ley al Congreso. Resultaba evidente que la composición de las Cámaras y los usos parlamentarios le concedían al señor Suárez y a su partido un monopolio de hecho de la iniciativa legislativa. Las críticas a las que dio lugar el implacable cercenamiento por UCD de las proposiciones de ley de los demás grupos parlamentarios en las últimas semanas nacían tanto de su abusiva utilización del artículo 134 como del silencio del Gobierno respecto al calendario de sus propios proyectos.

Cabe discrepar, como en el caso de la postergación de la ley sobre refugiados políticos, de la secuencia y ordenación de los proyectos. Sin embargo, la determinación de las prioridades es una decisión que compete al Gobierno en el ejercicio de sus facultades legales. Porque hay que distinguir entre los reparos que puedan formularse acerca de ese proyecto político y la crítica de fondo dirigida contra la atonía y los silencios del presidente Suárez durante los dos pasados meses. El anuncio del calendario legislativo es la primera prueba tangible de que el Gobierno parece decidido a cumplir con sus deberes y a renunciar a seguir vegetando.