"El control del gasto público implica una modificación en la mentalidad ciudadana"

Jaime García Añoveros, 47 años, fue nombrado ministro de Hacienda en abril de este año. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, es catedrático de Hacienda Pública y Economía. Antes de acceder al escaño de diputado de UCD por Sevilla había ocupado el puesto de director del servicio de estudios del Banco Urquijo en la capital andaluza. En la anterior legislatura fue presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, desde donde colaboró activamente en la tramitación parlamentaria de la reforma fiscal iniciada por su predecesor en el Ministerio, Francisco Fernández Ordóñez.Pregunta. El presupuesto de este año, a punto de aprobarse por el Parlamento, supone para todo el sector público un déficit de casi 200.000 millones de pesetas. Este déficit ha sido criticado desde diversos ángulos por considerarlo incompatible con un objetivo de control de la inflación. ¿En qué términos justifica usted este déficit?

Respuesta. El déficit de 200.000 millones de pesetas no nos parece exagerado para el presupuesto de este año. Su cuantía no es relativamente muy alta con respecto al producto interior bruto o a las cifras globales del presupuesto del sector público, donde hay que incluir el del Estado, la Seguridad Social y organismos autónomos. Además es razonable este presupuesto, por la intención de utilizarlo como instrumento de política económica. En octubre, al presentar este presupuesto a las Cortes generales, el déficit era menor: 140.000 millones. En diciembre, dentro del programa de política económica, el Gobierno decidió aumentar el déficit en base a un proyecto de ley adicional que potenció el fondo de acción coyuntural. Se pensó entonces en la necesidad de incentivar la actividad económica en base a una mayor inversión pública.

El déficit pretende financiar fundamentalmente gastos de inversión, y no es exagerado.

Las inversiones que financiará este déficit además tienen las características de generar empleo, no incorporar importaciones, ni suponer importantes costes permanentes futuros. Con estas condiciones, el déficit es perfectamente razonable. Además su financiación es correcta: 70.000 millones con deuda, unos 20.000 con crédito exterior y el resto con apelación al Banco de España. Esta apelación puede encajarse perfectamente en el programa de política monetaria.

P. La impresión generalizada es que el gasto público en España se concreta básicamente en el mantenimiento del aparato burocrático. ¿Es satisfactoria para ustedes la estructura de gastos corrientes y de inversión en el presupuesto de este año?

R. En el presupuesto de 1978, los gastos de inversión crecen el 37 %, y los corrientes, el 22%. Hay un evidente esfuerzo en el primer aspecto, coherente con la cifra del déficit que comentábamos antes.

Creo que hay que evitar, de cualquier forma, el simplismo de distinguir maniqueamente entre gastos corrientes (malos) y de inversión (buenos).

Si los ciudadanos quieren servicios, éstos generan automáticamente gastos corrientes. Todo el mundo se felicita de que se inviertan 70.000 millones de pesetas en escuelas, como se hizo el año pasado, pero luego, al rechazar indiscriminadamente el aumento de gastos corrientes, se escandaliza cuando al año siguiente hay que dotar a esas escuelas de maestros a los que hay que pagar todos los meses. Hay gastos corrientes directamente improductivos, y sobre ésos habrá que actuar; pero hay otros que permiten dar los servicios que los ciudadanos demandan. El incremento actual en gastos de servicios es consecuencia de las demandas de los ciudadanos. Ahora, por ejemplo, tenemos pendiente el aumento de las plantillas de jueces, siempre está pendiente en enseñanza y en otros aspectos de cultura, sanidad, etcétera. Tratamos de evitar los gastos burocráticos y atender los gastos que permiten mejorar la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, existen incrementos de gastos corrientes, de personal, que no proceden con mucha racionalidad; el gasto público se resiente de la demagogia; un ejemplo es el del reconocimiento de los servicios de los funcionarios en situación de interinidad, por una ley aprobada a finales del año pasado, como consecuencia de una proposición de ley, que, amparada en la creación necesaria de algunas situaciones injustas, se tradujo en el reconocimiento de unos derechos que, en muchos casos, se pueden calificar de exagerados.

P. Otras de las creencias generalizadas es la de la ineficiencia y falta de racionalidad del gasto. Se estima que la Administración gasta por inercia, y que lo importante es conseguir el primer clavo para luego, año a año, montar la oficina completa.

R. En materia de gasto público hay unos temas que requieren atención específica y que implican decisiones políticas y de saneamiento administrativo. Es el caso de los Medios de Comunicación del Estado y otros organismos similares, algunas empresas públicas con déficit disparatados, y otros casos. Esto no se generaliza a todos los casos de empresas con déficit, ya que, si queremos un servicio ferroviario satisfactorio, sabemos que, como en los demás países, esto lleva consigo un déficit. Este déficit en sí no supone una explotación mala de Renfe, sino que hay que subvencionar el ferrocarril, si no queremos subir exageradamente las tarifas y clausurar líneas.

Es cierto que hay una creencia generalizada en la ineficiencia del gasto público. Esto, en parte, es una realidad; una vez que se ha hecho el esfuerzo de la reforma tributaria, que ha supuesto modificar hábitos de los contribuyentes y ha aumentado la presión fiscal y la recaudación, hay que hacer algo similar en el gasto.

Esto supone modificar los procesos de gasto comenzando por la elaboración presupuestaria. A la hora de preparar el presupuesto hay que hacerlo de manera diferente a lo habitual hasta ahora. El crecimiento del gasto no puede ser lineal, sino en función de unos objetivos y de estudios de costo y eficacia. Esto es el presupuesto por programas que queremos imponer progresivamente. En el de este año hay ya algunos ministerios con este tratamiento.

En el presupuesto del próximo año las instrucciones que hemos dado a los ministerios que han comenzado a preparar su presupuesto implican una racionalización del incremento de los gastos corrientes.

De cualquier forma, no es fácil conseguir ahorros sustanciales. Por mucha racionalización que se aplique, lo ahorrado no llega a ser importante sobre el total del gasto.

En segundo término hay que reforzar los mecanismos de control externo que no corresponden al Gobierno, sino al Congreso y al Tribunal de Cuentas. En breve enviaremos al Congreso el proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas para que se establezca de acuerdo con la Constitución y así desarrollar sus funciones. Pero el control parlamentario es necesario, es el verdadero control político; y para ello no hay que esperar a que el Tribunal de Cuentas envíe al Congreso la cuenta general; el Congreso puede y debe ejercer otros controles puntuales y con carácter continuado, en último término, el control del gasto público implica una modificación de la mentalidad de los ciudadanos en general. Es difícil controlar un gasto de algo que nadie considera suyo. No sólo son responsables el Ministerio de Hacienda o el Gobierno, sino toda la sociedad. Se trata de evitar desde el abuso individual en el seguro de desempleo hasta la demanda desmedida de subvenciones que protagonizan la mayor parte de sectores económicos a la menor oportunidad. En España no había hábitos de moralidad tributaria, que hemos pretendido establecer; tampoco existen hábitos en la sociedad española, de moderación y cuidado en el caso de los fondos públicos; en vez de considerar que el dinero público es de todos, muchos actúan como si no fuera de nadie; en cuanto se acercan a los fondos públicos, los ciudadanos se suelen ver invadidos por un irresponsable sentido de la prodigalidad. Pero cuando los gastos públicos son ya elevados, esta actitud es socialmente peligrosa; es mi propósito esforzarme en cambiar esta mentalidad. Pero es dificil que sea austera una Administración de un país que no sea también austero. La Administración también es país.

P. Sin embargo, hasta ahora todo han sido palabras. Hace un par de años se lanzó la ley de medidas fiscales urgentes y se reformó de un plumazo la imposición directa y los hábitos del contribuyente. ¿No se va a hacer algo similar con respecto al gasto que dé credibilidad definitiva a la reforma fiscal?

R. No se ha hecho, pero lo haremos. Estamos en ello. Es cierto, no obstante, que lo que hay que hacer con el gasto es menos espectacular, a corto plazo, que lo hecho con los ingresos. Deben agudizarse las normas represivas por la mala utilización de fondos públicos, no ya por fraudes o actuaciones relacionados con el Código Penal, sino por falta de eficacia y racionalidad. Pero no sería suficiente. Lo que tratarémos de hacer es reforzar el pro ceso interno, administrativo, del gasto y los mecanismos de control por parte de las Cortes Generales y del Tribunal de Cuentas. Esto no se puede hacer de golpe, sino de forma progresiva, aunque rápida. Se trata de modificar hábitos y mentalidades. Es muy importante establecer mecanismos de control del despilfarro, en cuanto participan en él, directamente, los ciudadanos; si existe una inspección tributaria que deseamos eficaz, también debe existir una eficaz inspección y vigilancia del seguro de desempleo, ciertas prestaciones de la Seguridad Social, mecanismos de distribución de subvenciones y ayudas de todo tipo.

P. Con respecto al funcionario o empleado del Estado es general la sensación fuera del sector de que ha conseguido un empleo tranquilo más o menos remunerado, pero sin control de rendimiento o exigencia de un trabajo riguroso.

R. Hay, que distinguir entre empresas públicas y Administración. En esta última no se encuentran los mejotes sueldos, si no todo lo contrario. Hay empresas públicas, no todas, donde sí se producen niveles retributivos desproporcionados. De ello, sin duda, la culpa es de todos, los gestores de las empresas y los sindicatos. En muchos supuestos, los funcionarios no son un ejemplo de laboriosidad; pero no se puede generalizar; en la Administración se encuentran ejemplos, y no precisamente aislados, de un extraordinario sentido de la responsabilidad frente al trabajo; y sin incentivos económicos importantes. Se están tomando medidas para racionalizar el trabajo de los funcionarios. Esto tiene que ir ligado al nuevo estatuto de la función pública. Además , este año tenemos previstas medidas elementales que mejoren la prestación de servicios. Lo prevalizado a situaciones de los funcionarios en las que se considere su dedicación exclusiva y un régimen de incompatibilidades. No basta con decir que hay que trabajar más, sino establecer un sistema de estímulos para hacerlo, tanto por retribuciones como por la ordenación del trabajo. Ya se han empezado a tomar medidas en este sentido en las empresas públicas. Hemos sido rigurosos en el cumplimiento de los límites salariales fijados en el decreto-ley de diciembre.