Los ayuntamientos contarán con mas crédito oficial

La Comisión de Presupuestos del Congreso finalizó ayer el estudio de los Presupuestos Generales del Estado para 1979, tramitados por procedimiento de urgencia y sobre los que se pronunciará definitivamente la Cámara en la sesión plenaria del próximo martes. El problema financiero de los ayuntamientos quedó fiscalmente sin resolver a satisfacción de la oposición, si bien fue aprobada, a propuesta centrista, una autorización al Gobierno para ampliar en 20.000 millones de pesetas el crédito oficial previsto, parte del cual -al parecer, la mitad- se destinará a «atenciones urgentes de los municipios».El tema de las deudas de las haciendas locales había quedado en suspenso el pasado martes (véase EL PAIS del 6-6-79), como consecuencia de la admisión a trámite de una enmienda de la Minoría Catalana, según la cual se autorizaría al Banco de Crédito Local para conceder créditos a las corporaciones locales hasta un importe de 60.000 millones de pesetas, en lugar de los 30.000 millones que figuraban en el proyecto del Gobierno.

Paralelamente a la sesión plenaria del Congreso, el miércoles se celebraron negociaciones para tratar de encontrar una solución al problema, con participación del vicepresidente Fernando Abril; el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros; el diputado de la Minoría Catalana, Ramón Trías, y el socialista Enrique Barón. El PSOE se había adherido a la propuesta catalana, tras no ser admitida a trámite una enmienda suya por la que pretendía, más ambiciosamente, que el Estado se hiciera cargo de las deudas al crédito oficial de las corporaciones locales hasta su total extinción.

En el debate iniciado ayer a las nueve de la mañana por la Comisión de Presupuestos, el señor Barón desmintió la noticia de Efe -recogida en la segunda edición de EL PAIS de ayer-, según la cual se había producido un acuerdo con el Gobierno sobre esta materia. El diputado socialista pidió una suspensión de la sesión para intentar alcanzar un acuerdo, y poco después, José Miguel Bravo de Laguna, por el grupo centrista, defendió una enmienda transaccional que resultó finalmente aprobada, sin votos en contra y con las abstenciones de la izquierda y la Minoría Catalana.

Según el texto de esta enmienda, los presupuestos para 1979 autorizarán al Gobierno para ampliar en 20.000 millones de pesetas la dotación global del Tesoro al crédito oficial. Ese nuevo importe se destínará a «financiar atenciones urgentes de los municipios y a los sectores naval y siderúrgico y otros en crisis».

Enrique Barón reconoció que se trataba de un primer avance, pero lo consideró insuficiente para abordar los problemas financieros de los municipios. «Si el Gobierno puede atender con esta cantidad», dijo con ironía el señor Barón, «a los ayuntamientos, a los sectores naval y siderúrgico y también a otros sectores en crisis, UCD pasará a la historia de la política económica.»

Según pudo recoger EL PAIS, el compromiso del Gobierno es dedicar 10.000 millones a las deudas municipales. En medios de la oposición se puso en comparación esta cantidad con el total aproximado de 200.000 millones de pesetas de deudas de las corporaciones locales al 31 de diciembre de 1978, y que según la evaluación hecha recientemente por el comunista Ramón Tamames, llegará a finales de este año a los 410.000 millones de pesetas.

Por su parte, fuentes centristas expertas en materia fiscal se mostraron poco satisfechas con la solución adoptada y expresaron su esperanza de que el Gobierno aproveche la sesión plenaria para rectificar esta decisión, «que lleva el sello de Fernando Abril», e inclinarse por la enmienda de la Minoría Catalana.

En nombre de este grupo, Ramón Trías defendió ante la Comisión su propuesta, basada, entre otros puntos, en su convicción de que los ayuntamientos van a llevar el peso de los servicios públicos, como ocurre en todos los países democráticos; que una democracia sana sólo será aquella en que funcionan bien los ayuntamientos elegidos popularmente, y que, al mismo tiempo, se debía dar flexibilidad al Gobierno para la concesión de los créditos, del mismo modo que los ayuntamientos debían actuar con responsabilidad a fin de no aumentar demasiado el déficit presupuestario del Estado. La enmienda de la Minoría Catalana fue rechazada.