Próxima reunión de alcaldes para pedir soluciones financieras al Gobierno

Varios alcaldes, pertenecientes a todos los partidos políticos, serán convocados en los próximos días a una conferencia nacional, que se celebrará en Madrid y en la que se estudiará la situación económica de las haciendas locales y la actual dependencia legislativa que se tiene de la Administración central. La reunión ha tenido ya sus preliminares en una entrevista que el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento madrileño y los responsables de la Delegación de Hacienda tuvieron el pasado martes con sus colegas barceloneses.

«La reunión de Alonso Puerta, como representante del Ayuntamiento, y de los señores Leguina y Aymerich, como responsables de la Hacienda local, con representantes de algunos ayuntamientos catalanes, entre ellos el de Barcelona, no sólo ha sido para tratar el tema financiero, sino también el de los nombramientos habidos en las corporaciones y el alcance de las disposiciones dadas por Administración local», manifestó a EL PAIS el señor Tamames, primer teniente de alcalde.La situación económica de la hacienda municipal «y de todas las haciendas locales, ya que no hay ayuntamientos con menos deudas, sino más pobres y, por tanto, con menos posibilidades de obtener créditos»- es preocupante. En este sentido han sido realizadas diversas declaraciones por parte del concejal responsable y del delegado de Hacienda, y ha sido redactado el informe que se entregó a los concejales en el último pleno extraordinario.

«Queremos incluir, pero ya desglosado, este informe económico en el Plan de Acción Municipal (PAM), cuya redacción posiblemente terminaremos para los primeros días de julio. Este plan, una vez presentado al Pleno, será entregado a una comisión, que habrá que formar en tre los tres partidos representado en el Ayuntamiento madrileño para que lo desarrolle ya con proyectos definitivos que serán aprobados posiblemente en otoño», manifestó Ramón Tamames.

Al margen de la inclusión en este plan cuatrienal, se ha comenzado ya la elaboración de un presupuesto para el segundo semestre. «Creo que vamos a tener que dividirlo en un presupuesto ordinario y uno extraordinario. El primero tendrá que ser superior al del pasado año, ya que las necesidades previstas superan los 38.000 millones de pesetas; de ellos un poco más de los 25.000 pertenecerían al presupuesto ordinario y el resto corresponderían al extraordinario, que sería financiado a través de deuda pública, aportación del Estado -cifrada entre los 4.000 y los 5.000 millones de pesetas- y créditos. »

La prórroga del presupuesto del pasado año, que los ayuntamientos han tenido durante los cinco primeros meses, debido al aplazamiento en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ha motivado, según el segundo teniente de alcalde, que en el primer semestre haya habido más déficit de equipamiento. «No hay que olvidar que en enero se aplicaron los nuevos sueldos y se produjeron la mayoría de las subidas de costes. »

Sobre las medidas prácticas que se piensan tomar, tales como la actualización de registros de rentas y patrimonios, el señor Tamames manifestó que los principales impuestos que se van a revisar «serán los de solares, automóviles, plusvalías y radicación. En los dos primeros el número de personas que pagan se acerca a la mitad, en tanto los índices de valoración de plusvalía esperan una actualización que se podrá producir el próximo año. Asimismo, hay que lograr que el impuesto sobre contribución urbana lo lleve directamente el Ayuntamiento y no el Estado».

«Las tasas que se pagan sufrirán también cambios. Ya dijimos en la campaña electoral que la tasa de basuras era regresiva, pero a pesar de ello aporta al Ayuntamiento unos 2.000 millones de pesetas anuales. Mientras no se encuentre otra fuente y se varíen los impuestos, no se pude hacer nada, ya que todos estos cambios dependerán de una mejora global en la recaudación.»

Para paliar esta situación a nivel nacional y aparte de la presión que la conferencia de alcaldes pueda lograr, «hemos pedido en el Congreso que se abra un diálogo, ya que los problemas son propios de un proceso constituyente, donde no sirven las leyes, y el sistema fiscal es anticuado. Según una cuantificación que yo he hecho de las deudas de los ayuntamientos españoles, al 31 de diciembre de 1978 las deudas globales ascendían a 250.000 millones de pesetas, de los que 190.000 millones se deben al Banco de Crédito Local. Las deudas consolidadas del pasado año suponían 60.000 millones más y las previsiones para este año incrementan la cifra en 100.000 millones de pesetas. Y para solucionar esta situación, el Gobierno debe olvidarse de la empanada macroeconómica que tiene y debe abordar problemas concretos. Vamos a brindar una oportunidad para normalizar la situación a nivel político y esperamos que todo se solucione mediante la condonación y aplazamiento de créditos y la concesión de permisos para la obtención de créditos exteriores, ya que los ofrecimientos recibidos de organismos ingleses y franceses son muy interesantes».