Terrorismo y ley de asilo

Me siento irritado y ofendido, como español y como argentino, al conocer las «argumentaciones» de UCD, expuestas por los señores Herrero de Miñon y Pérez Llorca, para no sancionar una urgentísima ley de asilo que libre a la inmensa mayoría de latinoamericanos, que huyen de la muerte y el hambre a que los condenan regímenes terroristas, del calvario burocrático y las disposiciones kafkianas que tienen que enfrentar, las más de las veces infructuosamente, para malvivir y encontrar un poco de paz en el suelo de su « madre patria ».Es evidente la mala intención o la memez de Pérez Llorca cuando descubre «eximiciones» de la actividad terrorista en el tímido articulado del proyecto socialista que alude al «estado de necesidad». La discusión se puede equiparar a la entablada acerca de determinar el sexo de los ángeles, si se acepta el sambenito de «terrorista», otorgado con generosidad por Gobiernos que lo son indudablemente, a todos los opositores o simples disconformes.

Mi abuelo paterno, don Constantino Salinas, militante socialista y médico, a la sazón presidente de la Cámara de los Diputados de Navarra al estallar la guerra civil, reunía varias condenas de muerte dictadas por la dictadura franquista, acusado, además de curar a los heridos del bando republicano, de volar algunos puentes durante la contienda. Nunca supe si era verdad o no lo de su fugaz adhesión a la dinamita, pero tampoco me importó. A las autoridades argentinas, por lo visto, tampoco, ya que mi abuelo murió en Buenos Aires, con la nacionalidad argentina y rodeado de su familia después de haber servido durante varios años a la sociedad en la que e encontraba como médico rural.

Mi hermano Luis Antonio se encuentra desde hace ya tres años y medio prisionero de la dictadura de Videla. Está acusado -cómo no- de terrorista. Tenía en el momento de su detención unos periódicos de izquierda, aunque posteriormente lo juzgaran también por la tenencia de unos hipotéticos explosivos. Ni aun así pudo la dictadura mantener la ficción de la legalidad de su cautiverio y, juzgado, fue condenado a tres años de cárcel que ya tiene cumplidos. Sin embargo, sigue detenido a disposición de la dictadura. Sólo la presión internacional podrá terminar con esta condena de acto. Aun así tiene suerte de no ser uno de los miles de «desaparecidos» y de contar con la defensa del consulado español en Buenos Aires, ya que ha manifestado querer recuperar la nacionalidad española, que le corresponde por sus padres. No hay abogados que se animen a defender a los presos políticos argentinos por temor a las represalias.

¿Qué coherencia hay entre la digna defensa de los hijos de españoles y presos políticos en general que hace el consulado español en Buenos Aires y las ofensivas palabras del señor Pérez Llorca?

¿Es que si mi abuelo hubiera volado puentes en verdad, o mi hermano se hubiese resistido violentamente a una detención que generalmente implica una horrible muerte -a la vera de un camino, en las aguas de un río o en una cámara de torturas-, no serían dignos de acogerse a un asilo por motivaciones políticas?

Basta de hipocresías, señores de UCD: quien no acoge a los refugiados es cómplice de los únicos terroristas comprobados, las dictaduras latinoamericanas.