RTVE: ¿la democratización imposible?

Programador de RTVE

«La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.» Cuando, con un suspiro de alivio, los parlamentarios «consensuaron» este hermoso párrafo, artículo 20-3, del texto constitucional, algunos, contrariando nuestro incorregible optimismo histórico, dijimos que era lo suficientemente ambiguo como para permitir que todo siguiese exactamente igual en RTVE. Especialmente si se tenía en cuenta la ilimitada capacidad de UCD para jugar sucio en cualquier área en general y en la radiotelevisiva en particular.

Vistas las marrullerías gubernamentales para impedir que el titulado consejo rector de RTVE aconsejase o rigiese algo, y menos aún en relación con la «objetividad informativa» o con «el funcionamiento general» del medio, como se había acordado solemnemente en los pactos de la Moncloa; visto el admirable y silencioso estoicismo con que el Gobierno -y sus servidores en RTVE- aguantaba la más feroz y unánime campaña de denuncias, críticas y denuestos jamás desencadenada contra organismo público alguno; vista la increíble contumacia de esas gentes para no alterar ni un ápice sus prácticas viciosas, que han llevado la programación televisiva a los más bajos niveles de su historia y la desorganización del medio a un caos de difícil remedio; visto finalmente el escandaloso y arrogante abuso que hicieron de las ondas estatales para ganar las elecciones a toda costa, pensar que el proyecto de estatuto UCID iba a abrir el camino de una RTVE democrática, pluralista e independiente del Gobierno, los partidos o los grupos de presión, no sería pecar de optimismo histórico, sino de ceguera.

Allá en la época remota de la predemocracia, cuando todas las utopías parecían posibles, otro «histórico», éste del lector pesimísta, se atrevió a aguar el entusiasmo generalizado de quienes por entonces nos ocupábamos ya de estas cosas: «De ahí no se van ni con lanzallamas.» Y así, como estaba previsto hasta por los más obtusos, UCD demuestra meridianamente con su proyecto de estatuto que no está dispuesta a ceder por las buenas, ni quizá tampoco por las malas, ni aun las migajas delcontrol absoluto que ejerce, desde hace siglos, sobre la RTVE de todos los españoles.

Veamos cómo el grupo oligárquico se apresta a consolidar « democráticamente » su tradicional secuestro del inmenso poder radiotelevisivo:

a) El consejo de administración que configura el estatuto, ese talidomítico legal sobre el que habrá que volver, es el único punto del proyecto en el que UCID parece abrir la mano. Pero sólo lo parece: los ocho vocales que lo componen habrán de ser elegidos en el Congreso por una mayoría de dos tercios, sorprendentemente más alta que la que se exige constitucionalmente para la investidura del presidente del Gobierno o para que triunfe una moción de censura. Al no establecerse una alternativa para la elección, ésta, con la actual composición del Congreso, puede resultar sencillamente inviable. Salvo que se eche mano del vilipendiado consenso, con lo que, obviamente, UCD, con o sin el auxilio de sus aliados más o menos circunstanciales, se llevará siempre la parte del león.

Burocrática multiplicación

b) Al director general de RTVE, que se dibuja como un auténtico sátrapa, por las facultades prácticamente ¡limitadas que se le otorgan, lo nombra el Gobierno sin cortapisa alguna. Por su intermedio se adjudica asimismo el Gobierno el nombramiento del «personal directivo de todas las sociedades estatales de radio o de TVE». Es decir, de todo lo nombrable y hasta de lo innombrable.

c) El Gobierno se reserva sin más la creación de las llamadas «sociedades filiales», invento directamente trasplantado desde la televisión francesa y clamorosamente fracasado en el país vecino. Esta burocrática multiplicación de los panes y los peces, es decir, de los puestos directivos, los consejos asesores, los gabinetes técnicos, de estudios, de prensa, de relaciones públicas, etcétera, por cada una de las nuevas empresas en que se proponen descuartizar RTVE, no garantiza a prior¡ « la más eficaz gestión». Permitirá, sin embargo, a UCD aumentar su acervo de prebendas para premiar a los leales de dentro y de fuera a costa del erario público.d) El Gobierno se atribuye el derecho de obligar a RTVE a difundir «cuantas declaraciones o comunicaciones de interés público estime necesarias». Esta prerrogativa sin limitaciones, que deja asimismo al arbitrio gubernamental la apreciación de « interés público », recuerda demasiado la abusiva imposición franquista de las inserciones obligatorias.

e) El Gobierno, «a través del órgano que a estos efectos se designe», fijará periódicamente las obligaciones de RTVE.

f) Es el Gobierno quien también señala «el porcentaje y la distribución de las horas de programación nacional» en la llamada «organización regional» de RTVE, la cual ni se define ni se estructura.

g) El Gobierno, mediante su director general en el medio, es quien nombra, como en los demás casos de dirigentes, «al director o delegado regional» de RTVE en las comunidades autónomas.

h) Ni siquiera durante las campañas electorales se prevé un aflojamiento del dogal de hierro ceñido al cuello de RTVE: «el régimen especial» que regirá en ese período lo «regula» el Gobierno sin consultar siquiera con los partidos con quienes contiende en la liza electoral. La aplicación del plan gubernamental se atribuye en exclusiva a la Junta Electoral, lo que es regresivo respecto a la práctica de anteriores consultas electorales.

i) El Gobierno dicta las disposiciones relativas a la publicidad radiotelevisiva.

Intromisiones

Estos nueve importantes controles o intromisiones expresas no agotan la agobiante omnipresencia gubernamental en RTVE. En efecto, en el llamado Consejo asesor el Gobierno se reserva el nombramiento de diez de sus quince miembros. Cierto que este órgano fantasma, que compite ventajosamente con los famosos «entes representativos» del franquismo, no sirve para nada: no lo preside nadie, sólo puede reunirse cuando lo decida el consejo de administración «consensual» y sólo «opina» cuando se lo «requieran expresamente». Pero, por si acaso, el Gobierno amarra la mayoría absoluta, «no vaya a darle un disgusto el tercio sindical», como decía aquel inefable presidente de las Cortes dela dictadura llamado Esteban Bilbao.

El Gobierno, por medio de UCD, está presente en la comisión parlamentaria de control, y también en mayoría, al menos por ahora, ya que la representación habrá de ser «equilibrada según porcentaje de los grupos políticos». Por último, una disposición final autoriza al Gobierno a «dictar las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo de lo previsto en este estatuto», por supuesto sin contar para nada con la comisión parlamentaria, el consejo de administración o el consejo asesor. « Haced vosotros las leyes y dejadme a mí los reglamentos», como sentenciaba el astuto Romanones.

Después de lo expuesto es evidente que no existe ni el más lejano parentesco entre la televisión democrática, descentralizada, autónoma y plural, que desean abrumadoramente los pueblos de España, y esta broma de mal gusto que pretende gastarnos UCD.

No se regula ni el régimen de incompatibilidades ni los posibles recursos frente a las decisiones de los órganos directos. El ejercicio del derecho de ratificación es tan restringido y ambiguo que queda supeditado a la buena voluntad de los obligados a rectificar. Es más que cuestionable la mimética atomización de empresas que liquida las conquistas sociales de los trabajadores, contenida en la ordenanza laboral de RTVE a la que ni de pasada se alude, y amenaza la estabilidad en el empleo. Es preocupante que no se indiquen ni las mínimas directrices sobre la estructura interna de las empresas y que, junto a los directores de estas, no se prevea un órgano colegiado de gobierno. No hay la menor referencia a la infraestructura técnica. Se integran unilateralmente en RTVE la CES (emisoras sindicales), que son parte del patrimonio de los trabajadores organizados.

Desde estos y otros puntos de vista, el proyecto es más bien una chapuza jurídica que, desde mis modestos conocimientos legales, me atrevería a calificar de dudosamente constitucional. Si con él UCD mantiene su propuesta de consolidar a RTVE como el instrumento dócil y sectario del que ha usado y abusado hasta hoy mismo, el partido del Gobierno malograría frívolamente una ocasión histórica para configurar, de una vez por todas, un ente supragubernamental radiotelevisivo cuya independencia quedase garantizada frente a las apetencias de cualquier núcleo de poder, del signo que fuere.