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Pleno del Congreso

Críticas de socialistas y comunistas a UCD por la falta de programa económico

El Gobierno llevó ayer al Parlamento una nueva estrategia -decidida, al parecer, a altas horas de la noche anterior en la Moncloa-, con la que pretende combatir la multiplicidad de intervenciones críticas contra la política del Gabinete. La técnica consiste en abrumar al hemiciclo mediante el uso de la palabra por parte de un número crecido de miembros del Gobierno.El nuevo procedimiento, introducido al amparo del precepto reglamentarío que permite al Gobierno intervenir en cualquier momento del debate, no gustó a los socialistas, en nombre de los cuales Virgilio Zapatero y Eduardo Martín Toval alegaron que las normas específicas dictadas para este debate sólo permitían intervenir a un miembro del Gobierno. La interpretación centrista era contraría a este criterio y fue la que, en definitiva, prevaleció a través de la exégesis que hizo el presidente del Congreso, Landelino Lavilla.

La sesión comenzó con las intervenciones de los portavoces del Grupo Socialistas de Cataluña, Ernest Lluch, y del Grupo Comunista, Ramón Tamames. El señor Lluch afirmó que de la intervención del ministro de Economía se deduce que el Gobierno no tiene voluntad real de salir de la crisis, sino sólo de limitar los salarios.

Añadió que no hay aún el marco legal para las relaciones laborales que reclaman los sindicatos y los patronos, y que mientras no exista no se recuperará la inversión prívada. También echó en falta medidas concretas contra 21 paro, y dijo que el Gobierno no ha dado nínguna explicación sobre las perspectivas económicas y sobre las medidas adoptadas en Consejo de Ministros.

A continuación, Ramón Tamames calificó a la comunicación del Gobierno de deficiente y poco confidente, mientras continúa el alza de precios y disminuye la actividad económica, aumenta el paro y se dice que aumentará la productividad y el empleo, pero no se dice el cómo ni el cuándo.

Del paro y la inflación -dijo- sólo se puede salir con la planificación democrática y no con una política del corte de la OCDE, UCD o CEOE. Después de resaltar otros defectos de la situación, agregó que además se sacrifica a quienes traen malas noticias, como es el caso del ex director del Instituto Nacional de Estadística Blas Calzada, al parecer por haber publicado un índice de precios que no agradó al Gobierno.

Abril: "Tamames miente"

El final de la intervención del señor Tamames suscitó la subida fulminante a la tribuna de oradores de Fernando Abril, quien circunscribió su intervención a la alusión sobre el cese del director general del INE, y acusó al señor Tamames de haber dicho una mentira y ser consciente de estar diciéndola. Explicó que el cese fue debido a la petición del señor Calzada, desde hacía mucho tiempo, e hizo votos por la honorabilidad del Gobierno y de sus miembros.

El señor Tamames replicó a su vez al vicepresidente del Gobierno y suavizó su acusación anterior, al señalar que él se había referido a algo que «todo el mundo pensó», cuando se produjo el cese del señor Calzada.

El diputado del Grupo Socialista del Congreso Enrique Barón hizo una crítica muy dura a la exposición gubernamental sobre la sítuación económica. El señor Barón estimó demasiado optimistas los planteamientos del señor Leal para el año actual, y acusó al Gobierno de no haber cumplido ninguna de las reformas estructurales incluidas en los pactos de la Moncloa.

Criticó especialmente la falta de iniciativas gubernamentales sobre el tema del paro, en torno al cual lo único que se puede decir -señaló- es que «el Gobierno está parado». Sobre los precios inanifestó la gravedad de que no se controlen las alzas de los correspondientes a energía y automóviles, entre otros. Descalificó la argumentación centrista según la cual, sí suben los precios es a causa de que los salarios aumentan o por culpa de las subidas del precio del petróleo debidas al ayatollah Jomeini.

Por último criticó la realización de peligrosos nuevos planes de desarrollo, sin un previo debate parlamentario, y sin que sean consultadas las centrales sindicales, mientras las organizaciones empresariales tienen derecho de consulta ante cada nueva medida económica gubernamental.

Por el grupo centrista, Luis Gamir explicó que la política gubernamental en materia económica está contenida en los programas electorales del 15 de junio y del 1 de marzo, así como en los discursos del presidente del Gobierno y en las medidas parciales puestas en práctica para resolver una crisis heredada, procedente de 1973. Asimismo, manifestó que la políti. ca centrista fue asumida en parte por los partidos con representación parlamentaria a través de los pactos de la Moncloa.

Responde el Gobierno

Seguidamente intervino el ministro de Trabajo, Rafael Calvo, quien anunció para plazo muy breve, que no concretó, la presentación de una reforma laboral completa, «no consultada con las centrales sindicales ni con las organizaciones patronales, incluida la CEOE».

El señor Calvo criticó la actitud de algún sector de la Oposición que con una mano pide consultas y con la otra formula propuestas legales unilateralmente. Sobre la proposición de ley socialista sobre la lucha contra el paro, manifestó la disposición gubernamental para que sea díscutida.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, en una intervención muy breve, trasladó a la Cámara la responsabilidad que varios grupos de la Oposición habían atribuido al Gobierno en relación con el retraso en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año actual.

Por último, el ministro de Economía, José Luis Leal, intervino para reiterar, frente a las críticas recibidas, que el programa del Gobierno «ahí está» y que no es cierto que exista un futuro lleno de tinieblas,como algunos se empeñan en dibujar.

Entre otras respuestas a las críticas recibidas, señaló que el Gobierno es el primer interesado en la corrección del índice de precios al consumo, para conocer con exactitud quién abusa y por qué. Recordó que para la pequeña y mediana empresa se habían reservado 118.000 millones de pesetas. Justificó la prioridad gubernamental de fomentar el crecimiento, como base de todas las restantes metas económicas. Negó que el Gobierno realice una política monetarista y dijo que, por el contrario, responde a un planteamiento global, incluido en un programa que es público.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de mayo de 1979

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