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Tribuna:

La empresa pública, un retiro para políticos

La cuenta de resultados presentada por el Instituto Nacional de Industria (INI) respecto a la evolución de las empresas de su grupo en 1978 plantea una vez más la urgente necesidad de acertar con un tratamiento adecuado, racional y coherente de la empresa pública en el ordenamiento económico español.La inclusión en los pactos de la Moncloa, firmados en noviembre de 1977, de un compromiso de elaboración de un estatuto de la empresa pública, que el Gobierno debería remitir al Parlamento en un plazo máximo de seis meses, fue un atisbo de esperanza en el sentido de abordar racionalmente el tema. El intento quedó frustrado por la inhibición del Gobierno y las pugnas interministeriales y sigue incluido en el capítulo de fallidos de la política económica que pilota Fernando Abril, junto al Plan Energético Nacional, la nueva ley de Relaciones Laborales y la reforma del sistema financiero, entre otros muchos temas.

Sea o no necesaria su formulación como tal, lo cierto es que la definición de los puntos contenidos en el estatuto proyectado es de todo punto urgente. El momento económico actual exige una norma al respecto que delimite el concepto de empresa pública, fije sus objetivos y especifique los límites a conceptos empresariales tan claros como la función social, el beneficio, los excedentes de explotación y algún otro. No parece muy racional perpetuar por más tiempo el concepto de subsidiariedad, tal y como apareció definido en las concepciones paternalistas de la política económica del más bisoño Franquismo.

Otro tema de capital importancia es señalar los límites y condiciones exactos para garantizar una gestión y un planteamiento empresariales en el sector público, bajo el norte irrenunciable de la profesionalización a todos los niveles. Dicho de otro modo, lo que el estatuto debería definir es el papel de la empresa pública en el ordenamiento económico, a partir de la premisa de que su concepción y funcionamiento deben ser los propios de una unidad empresarial, en tanto en cuanto que, aunque pública, se trata de una empresa y no de un ente distinto. Frecuentemente, la estructura de las empresas públicas españolas recuerda la de un superburocratizado ministerio, sin que ello quiera significar que esa sea la imagen idónea de la Administración de un país europeo y moderno.

La demora en el planteamiento serio y racional del tema de la empresa pública española no es casual. El Gobierno viene incumpliendo sistemáticamente los plazos que él mismo se marca, demostrando claramente que no está dispuesto a renunciar al impar instrumento que suponen los consejos de administración y las estructuras directivas de las empresas públicas, a la hora de proveer consolacoones o retiros más o menos temporales para sus servidores más afectos. Fue una de las habituales prácticas de franquismo, no abandonada por los sucesivos Gobiernos, ucedistas hasta el momento. Esta utilización es especialmente habitual en las etapas de renovación de los puestos de la Administración, como la presente.

Desde la última remodelación ministerial y el consiguiente baile de cargos, políticos ucedistas de todos los sectores, más o menos caídos en momentánea desgracia, pululan por los despachos adecuados en busca de un asiento en la empresa pública, ya sea a nivel de presidente o de simple consejero. Los rumores son ya abundantes y los ensamblajes ciertamente sorprendentes. También, como en la pasada legislatura, algún ilustre diputado demanda para sí un asiento, so pretexto de que el sueldo que percibe por su función parlamentaria le es insuficiente.

La falta de seriedad con que el Gobierno viene abordando el tema de la empresa pública y la utilización que hace de ella no son precisamente un acicate para que los profesionales que se incluyen entre sus directivos sacrifiquen su actividad profesional frecuentemente con niveles retributivos inferiores a los del sector privado, en aras de una mayor racionalidad y eficacia. De alguna manera, la actitud del Gobierno sólo contribuirá, de perpetuarse, a que todo sea un poco peor cada año.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de mayo de 1979