El calendario legislativo

LA POLÉMICA iniciada anteayer en el Congreso acerca del calendario legislativo nos ha devuelto, como en un mal sueño, a esas trifulcas de tono menor de la anterior legislatura en las que las arrogancias de unos son replicadas con comentarios supuestamente mordaces de los otros que no alcanzan siquiera la categoría de chascarrillo. El señor Arias Salgado afirmó, que los debates en el Pleno se realizarán cuando convenga al Gobierno y que el orden de presentación de los proyectos de ley del Ejecutivo no será negociado con el resto de los grupos parlamentarios. El señor Guerra, por su parte, confundió una vez más la ironía con la sal gruesa al apuntar la posibilidad de que el proyecto de ley orgánica de UCD para la formación del Tribunal Constitucional haya sido entregado, para su revisión, al juez instructor que hizo posible la fuga del señor Lerdo de Tejada.Es una impresión bastante generalizada que la abstención electoral y el despego de la opinión respecto a la vida pública tienen parcialmente su origen en la falta de adecuación de un amplio sector de la llamada clase política a las funciones para las que han sido elegidos o designados sus componentes. El cansancio que suscitan las tormentas en un vaso de agua escenificadas en los pasillos del palacio de la carrera de San Jerónimo por los representantes de los grupos parlamentarios, es tanto más preocupante cuanto que contribuyen a ocultar, tras una cortina de, impertinencias inanes, inmadurez y gusto por el protagonismo, cuestiones de gran importancia que afectan a los intereses de todos los españoles y de cuya solución deben responder solidariamente congresistas y senadores.

Del examen de los artículos de la Constitución acerca de la elaboración de las leyes, se desprenden conclusiones muy claras e inequívocas sobre el ámbito de la iniciativa legislativa. Por lo demás, la actual composición del Congreso, en el que UCD no tiene la mayoría, pero donde tampoco es fácil que el resto de los diputados se pongan de acuerdo para imponer una proposición de ley parlamentaria, asegura al Gobierno que sus proyectos de ley copen por entero la fuente de alimentación de las Comisiones y los Plenos. No se trata, así, pues, de discutir la sólida base jurídica de ese práctico monopolio de la iniciativa legislativa por el Gobierno, sino de considerar la conveniencia política de que la secuencia temporal de la presentación de los proyectos sea consultada con el resto de los grupos parlamentarios.

La inexistencia de obligación para hacerlo no significa, en modo alguno, la consagración de un derecho. Seguramente, la opinión expresada por otros grupos parlamentarios sobre la estructura del calendario legislativo podría resultar de utilidad al propio Gobierno.

Por lo demás, mucho nos tememos que no resulte innecesario recordar al Gobierno y a las Cortes el volumen y el peso de las tareas legislativas que han de ser llevadas a cabo en los próximos meses. Los simples ciudadanos tienen derecho a exigir, tanto por sus votos como por sus impuestos, que el Gobierno, los congresistas y los senadotes trabajen de firme para cumplir con sus deberes y para justificar sus títulos y emolumentos. Esto es, que elaboren, discutan y aprueben las leyes necesarias para colmar el vacío jurídico en el que nos moveremos, mientras la Constitución no sea plenamente desarrollada.