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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

Los trabajdores no han perdido la huelga

Efectivamente, los trabajadores de la hostelería malagueña no han perdido la huelga. La han perdido las centrales sindicales CCOO y UGT, que han llevado a los primeros a un auténtico callejón sin salida.La corta vida de las centrales sindicales -sólo dos años de actuación en la legalidad-, las rémoras que arrastran de su época de clandestinidad, la bisoñez de muchos de sus cuadros, el «infantilismo revolucionario» de bastantes de sus planteamientos, explican en cierta medida los errores cometidos por ellas en el tema de la hostelería malagueña. En caso contrario, ¿cómo se entendería su actuación?

El pasado 21 de marzo, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, se rompieron las negociaciones del convenio provincial, firmando ambas partes el acta de ruptura. Al presentar los empresarios solicitud ante la Delegación de Trabajo para la iniciación de conflicto colectivo, ésta última convoca a trabajadores y empresarios a un acto de avenencia, que no llega a celebrarse por incomparecencia de los primeros. Una semana más tarde, la autoridad laboral dicta laudo arbitral obligatorio. El laudo estaba ahí y contra él no cabía otra posibilidad legal que el recurso; las centrales, que se apresuraron a utilizar esta vía, mantuvieron, sin-embargo, al mismo tiempo la convocatoria de huelga, a iniciar el Domingo de Ramos. CCOO y UGT debían saber que, de acuerdo con la legalidad vigente, dicha huelga era ¡legal y que al poner a los trabajadores fuera de la ley los estaban haciendo acreedores de las sanciones correspondientes.

A sesor de los empresarios de la hostelería malagueña

de Sucre.Galería Dau al Set. Barcelona

Es curioso observar que CCOO y UGT protesten en este caso,contra la intervención de la Administración y el uso del laudo, cuando no mucho tiempo antes lo habían solicitado y conseguido ellas mismas para otro sector -concretamente el de la construcción- en la provincia malagueña.

Se establece, por tanto, un litigio entre los trabajadores y la Administración, por cuanto los empresarios estaban ya imposibilitados de establecer cualquier tipo de negociación que alterase el laudo. La huelga, que afecta en un principio, y sólo en forma parcial, a hotelesy apartamentos, se extiende cuando la acción de los piquetes supuestamente incontrolados se vuelve vandálica: incendios, coacciones personales, roturas de cristales, llamadas telefónicas en la madrugada, expulsión de clientes de los establecimientos, etcétera. Incluso el acuerdo que las centrales habían suscrito con los trabajadores autónomos, según el cual si éstos cerraban sus establecimientos el Viernes Santo, en señal de solidaridad, los piquetes los respetarían el resto de los días, lo rompen al obligar a cerrar coactivamente dichos establecimientos las jornadas posteriores.

Cuando las partes son citadas en Madrid para un acto de mediación en la Dirección General de Trabajo, los empresarios aceptan el ofrecimiento en la confianza de que de allí pueda salir una solución para el conflicto. Y, ante su sorpresa, se encuentran con que el director general de Trabajo quiere conseguir un «arreglo» a cualquier precio. Es decir, un alto responsable del ministerio que ha dictado el laudo, ante la fuerza de los hechos -la presión en la calle-, insiste en que se negocien aspectos que no sólo alteran dicho laudo, sino que vulneran el real decreto 49/78, sobre política de rentas y empleo (revisión a los seis meses de las tablas salariales, etcétera). De hecho, la solución del conflicto tendrá que pasar por la negociación del tema de los despidos y nada más; pero es preciso dejar constancia que si en un Estado de derecho todos los ciudadanos deben defender la legalidad, la Administración es quien más obligación tiene a ello.

Lo verdaderamente grave de todo este asunto es que el sector turístico está sufriendo unos daños irreparables. Si continúa apareciendo la huelga como un hecho inevitable en las épocas más señaladas (Fallas en Valencia, Semana Santa en Málaga, Navidades en Canarias, etcétera), una de las principales fuentes de divisas de nuestro país se canalizará hacia otras tierras. Esperemos, por el bien de todos, que las centrales sindicales -a las que nadie pretende poner «a los pies de los caballos»- adquieran la madurez suficiente que haga posible la realizacíón de un nuevo marco de relaciones laborales, en el que hechos como el que hoy analizamos no tengan cabida.

Las huelgas salvajes no son un buen camino. Aceptar los errores cometidos, hacer una autocrítica seria en estos momentos, es más sensato que culpar a otros de los fallos propios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de abril de 1979