Tres años de desentendimiento entre empresarios y trabajadores

La organización empresarial más importante en el campo de la enseñanza privada, CECE, ha prestado un decidido apoyo a la huelga convocada por los sindicatos independientes del sector.Tal apoyo contrasta ostensiblemente con la trayectoria de absoluto desentendimiento y falta de diálogo entre empresarios y trabajadores a lo largo de los tres últimos años.

Ya en los primeros días de enero del pasado año las centrales iniciaron las conversaciones para negociar un convenio que sustituyera al firmado en octubre de 1976, primer convenio del sector, que se había negociado en el ámbito del sindicalismo vertical y que ponía fin a cuatro años de negociaciones y aplazamientos. La falta de entendimiento supuso una huelga en el sector, del 18 al 26 de abril, que coincidió con la huelga de la enseñanza estatal. El laudo dictado el 29 de abril no satisfizo las reivindicaciones de los trabajadores ni entraba tampoco en la consideración de determinados aspectos profesionales.

Durante todo el primer trimestre del presente curso las negociaciones se vieron paralizadas por el problema de representatividad planteado por la coalición de las llamadas centrales independientes, FESIE y FESITE-CGT.

El pasado 11 de enero se iniciaron las negociaciones con la constitución de la comisión negociadora, integrada por dos miembros de cada una de las centrales sindicales: CCOO, FETE-UGT, USO, CSUT, SU y UCSTE, así como dos representantes de FESIE y FESITE y de las asociaciones patronales, Federación Española de Centros de Enseñanza y Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza.

Las centrales independientes, FESIE y FESITE, se retiraron de las negociaciones y se ratificación en su postura el día 16, en la primera reunión negociadora. Esta retirada dio pie a los empresarios para finalizar las discusiones, al igual que había sucedido el pasado año, alegando que no estaban representados todos los trabajadores del sector y que sus demandas superaban los topes salariales del decreto-ley de 26 de diciembre. Asimismo, los empresarios justificaban su decisión en que las centrales pretenden «llevar a la práctica los postulados de la escuela pública autogestionaria».

Las centrales denunciairon la falta de voluntad negociadora de la patronal y manifestaronque el nivel de participación en la gestión solicitado era de un 25%.

Asimismo reflejaron la extrañeza del hecho de que media hora después de finalizadas las conversaciones las patronales presentasen la solicitud de conflicto colectivo, firmada incluso por el señor Martínez Fuertes, presidente de una de las organizaciones que no había estado presente en el inicio de la negociación. Como respuesta, las centrales convocaron una huelga del sector para los días 8 y 9 de febrero, que sólo se realizó parcialmente en Madrid y algunas provincias. La falta de acuerdo abocó en el laudo, firmado el 5 de febrero, que fijaba subidas salariales de alrededor de un 12% y que fue contestado por las centrales.

La politización del conflicto se puso de manifiesto con la convocatoria de una huelga por parte de las centrales independientes para el 26 de marzo, rechazada por las otras centrales y que coincidía con el anuncio de un cierre patronal por un sector del empresariado para el mismo día. Los empresarios de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza (ACADE) denunciaron el 14 de marzo el intento de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CEC), que preside Martínez Fuertes, como un asunto de trasfondo político dirigido a presionar en favor de subvenciones suficientes para consolidar la «libertad de enseñanza». Recordando además que el alineamiento del señor Martínez Fuertes a la petición de equiparación salarial entre los sectores privado y estatal no es consecuente con su postura de intransigencia, que impidió que se llegase a un acuerdo. Días antes, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) manifestaba, al término de su asamblea general, su apoyo a las reivindicaciones del sector no estatal.