Preparadas las bases para las nuevas inversiones de FIAT, Ford y G. Motors

La nueva regulación para los fabricantes de automóviles está ya repartida a los distintos Ministerios y puede ser aprobada por el Gobierno en su próxima reunión. El Ministerio de Industria pretende que la nueva ordenación esté aprobada antes del cambio de Gobierno y que pueda entrar en vigor con carácter inmediato. De la nueva regulación depende en buena medida que se materialicen los proyectos de inversión en España que estudian en estos momentos las dos grandes multinacionales del sector -General Motors y Ford-, así como que FIAT tome la iniciativa en la dirección de SEAT y asuma, junto al INI y algunos bancos españoles, la reestructuración de la empresa.

El decreto preparado por Industria y pendiente de la decisión final del Consejo de Ministros fue circulado y tratado en la última reunión de subsecretarios. Su contenido difiere de otros proyectos anteriores y no tiene por qué ser el definitivo. El proyecto al que ha tenido acceso EL PAIS tiene fecha de 23 de marzo y, según todos los pronósticos, será el que estudie el Gobierno en su próxima reunión. Además de este decreto, también se dará luz verde a otras disposiciones de menor o igual rango que afectarán a la importación de vehículos completos. Estas disposiciones son fundamentales para la decisión de invertir en España de los actuales fabricantes o de otros nuevos.En el transcurso de los próximos días, el Ministerio de Industria mantendrá conversaciones con los fabricantes a nivel individual, al objeto de informarses sobre el contenido del decreto y la política de la Administración en el sector. Se espera que antes de mayo estén maduras las decisiones de los grandes fabricantes americanos y se conozca su decisión definitiva sobre su entrada o ampliación de sus inversiones en España con carácter inmediato.

La filosofía básica del decreto y del proyecto de reordenación del sector parte de la consideración de que la industria del automóvil tiene posibilidades de crecimiento acumulativo anual y de penetración en los mercados internacionales, sobre todo en el área de países en desarrollo con bajo índice de motorización.

Para hacer frente a ese proceso se precisan grandes series de fabricación -más de 150.000 unidades por año y modelo-, que obligan a integrar las plantas y facilitar los intercambios entre instalaciones de distintos países.

La estructura del decreto puede calificarse de acumulativa, ya que cada una de sus partes se refiere a un tipo de fabricantes. Una afecta a los «viejos», establecidos antes del decreto de ordenación actualmente vigente -el llamado decreto Ford-, que data de 1972. Estos artículos afectan a SEAT, FASA y Citroën-Peugeot, sociedad que adquirió hace varios meses la planta española de Crhysler.

Una segunda parte del decreto afecta a Ford con carácter específico, tanto en el caso de que amplíe sus inversiones -mayores beneficios- o de que mantenga la actual planta. Una tercera parte se refiere a los posibles nuevos fabricantes que pretendan establecerse en España (en estos momentos es el caso de General Motors).

En todos los casos el decreto establece que es competencia del Ministerio de Industria la autorización para la instalación, ampliación o traslado de las industrías de este sector, tanto en fabricación de automóviles como de derivados. Según el decreto, deberá comunicarse a la Administración y aprobarse por ésta la capacidad de producción de cada planta o fabricante y los modelos a producir.

Para los fabricantes antiguos (antes de la Ford) se establece un proceso de reducción del grado de nacionalización -porcentaje del valor del coche producido en España- hasta un mínimo del 60% en 1984. Se establece también que el valor de la exportación de vehículos y componentes debe superar en un 20% al de las importaciones.

Para los fabricantes de reciente establecimiento -Ford- y para los posibles en un futuro inmediato -General Motors- se establece un grado de nacionalización en su producción del 55%. Esta ventaja sobre los otros se compensa con la exigencia de que el valor de las exportaciones supere el de las importaciones en un 50%.

Además, para estas marcas se limita el mercado nacional -al igual que en la actual regulación-, de forma que sólo podrán colocar cada una en el mercado nacional el 10% del total de vehículos matriculados en el año anterior. Esta limitación se establece hasta comienzos de 1983, en que quedará suprimida de forma total.

Esta limitación -caballo de batalla de Ford para la ampliación de su inversión en Almusafes- podrá aliviarse a razón de un 1% anual, a partir de este año, en función de los programas de inversión, grado de nacionalización o cifra de exportación de cada fabricante.

El reto establece también un mínimo de producción de seiscientos vehículos por día -200.000 al año- para posibles nuevos fabricantes que pretendan establecerse en España, con excepción de vehículos deportivos o modelos especiales con series pequeñas.