Moro: ¿del terrorismo a los crímenes de Estado?

LAS REVELACIONES del semanario italiano L'Espresso sobre el secuestro y asesinato de Aldo Moro no suministran, probablemente, todas las claves sobre este oscuro crimen. Sin embargo, las declaraciones del juez instructor del sumario de que al menos una parte de la información corresponde a la verdad invierten dramáticamente las perspectivas desde las que hasta ahora los medios oficiales y la opinión bien pensante consideraban el caso. Aun sin coincidir con las líneas que la sensacional información de Gianluigi Melega apunta, ya Leonardo Sciascia, uno de los hombres de letras que enlaza con la mejor tradición de lucidez y pasión por la verdad de la intelectualidad europea, había señalado, casi en solitario, la necesidad de una interpretación política global para entender el abominable crimen.Y fuera de Italia, las sospechas de que el terrorismo contemporáneo es alimentado y apoyado desde inverosímiles instancias de poder político y social adquieren pleno derecho de ciudadanía. No es la imaginación calenturienta de los periodistas, ni el gusto enfermizo por inventar conjuras, ni la voluntad consciente de mentir para inculpar al adversario, ni la propensión a la paranoia lo que mueve a rechazar muchas de las versiones oficiales acerca de esa «enfermedad del siglo» que es el terrorismo. Simplemente, es que los datos no encajan en las hipótesis simplistas a que nos tienen acostumbrados nuestros tutores.

En el debate televisivo del pasado lunes, los cuatro protagonistas del espacio coincidieron en dar por buena una notable tautología: los crímenes terroristas se explican porque los terroristas son unos criminales. Ese necio retroceso hacia la antropología del mal evita, naturalmente, cualquier planteamiento acerca de los efectos patógenos de la pobreza y de la miseria, de la ausencia o mediocridad de la enseñanza, de la socialización de los estereotipos autoritarios a través de la estructura familiar y productiva, del desempleo generalizado, etcétera.

La tendencia a explicar el crimen por la naturaleza demoníaca de su autor evita analizar las causas históricas y sociales que explican, aunque no justifiquen, dicho crimen. El derecho a la vida es el primero y básico de cualquier declaración de derechos del hombre. Pero impedir los asesinatos exige no sólo desarmar y detener a los que los realizan, sino erradicar también las causas de fondo que hacen posible las levas de homicidas. De otro lado, y esta es la enseñanza que se desprende directamente de la información de L'Espresso, la teoría del criminal, animalizado como perro o como hiena, es una tupida y maloliente cortina de humo detrás de la que pueden operar, con la mayor impunidad, los estrategas de los crímenes de Estado.

Algunos políticos se jactan de que España figura, hoy día, a la cabeza de los sistemas democráticos. Esa arrogante presunción puede ser rebajada en algunos grados, precisamente comparando la reacción del Estado y de la judicatura italianos en el «caso Moro» con la sorda pared edificada por el ministro español del Interior, que hizo pública la otra noche en Televisión sus bodas con el comisario Conesa hasta que su cese en la cartera los separe, ese mismo comisario tan eficaz, a quien, según informaciones publicadas y no desmentidas, el magistrado Cruz Cuenca telefoneó dos días antes de su muerte para comunicarle la hora en que acudiría a su despacho el día que lo asesinaron y solicitarle protección.