Inminente vuelta al trabajo de los camioneros británicos

La huelga de camioneros privados que durante cuatro semanas ha trastornado seriamente el abastecimiento británico toca a su fin. La inminente reincorporación al trabajo de los transportistas, unida al inicio del deshielo entre el Gobierno y los sindicatos, despeja en parte un horizonte de crisis laboral, todavía amenazado por las reivindicaciones pendientes de trabajadores manuales de los servicios públicos, mineros y maestros.

La decisión de un tribunal de arbitraje en Bristol de conceder a los camioneros de 12, región un aumento del salario base del 21% (9.000 pesetas por una semana de cuarenta horas) ha allanado el camino a un acuerdo nacional que puede quedar sellado hoy. Patronos y sindicatos se han comprometido a aplicar a todas las zonas en disputa este baremo, que cuadruplica los topes salariales gubernamentales y satisface prácticamente las aspiraciones de los huelguistas, cuyos portavoces lo consideran una gran victoria.En su primer encuentro con el Senado sindical en Downing Street, el primer ministro todavía ha insistido en que los acuerdos salariales venideros deberían ceñirse, en lo posible, a su vapuleado 5%. Pero, obviamente, no era este tema el que más preocupaba al señor Callaghan, quien claramente comunicó a los miembros del consejo general de las TUC que había llegado el momento de impedir que la agitación laboral vaya a más. Esta petición de tregua será desarrollada y negociada en las próximas dos semanas. El ministro de Hacienda se reúne hoy con el comité económico sindical, y el jueves el equipo económico del Gabinete discutirá la política de empleo con el organismo correspondiente de las TUC. Hay previsto un nuevo encuentro del señor Callaghan con el consejo general sindical en un plazo máximo de una semana.

Esta aceleración política, en busca de una concordia imprescindible cara a las próximas elecciones generales, tiene su reflejo en el Parlamento, donde un proyecto de ley destinado a restringir los márgenes de beneficios y reforzar el control de precios ha pasado su segunda lectura por un margen de once votos y puede estar listo para su aplicación a mediados de febrero. Conservadores, liberales y empresarios acusan al Gobierno de intentar una maniobra desesperada de manipulación económica con fines exclusivamente electorales.

Pero mientras la paz se fragua, la conflictividad laboral persiste. Ayer, los trabajadores manuales de los servicios públicos y municipales protagonizaron otra jornada de huelgas.