La ley de Propiedad Intelectual cumplió ayer cien años

Con motivo del centenario de la promulgación de la ley de Propiedad Intelectual, el 10 de enero de 1879, se inauguró ayer una exposición documental que recoge e ilustra los avatares de esta norma aún vigente. En vísperas de una posible nueva ley, cuyo estudio parece estar ya muy avanzado, esta exposición de la Biblioteca Nacional, cuya apertura presidió ayer el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, muestras antes que nada la progresiva conflictividad de las relaciones entre el creador y la sociedad, desde que empezaron a mediar, por un lado la imprenta, y por otro, la fuerza del Estado como regulador. En España, el Estado borbónico.

Los seis estantes que constituyen la exposición dan un recorrido a la documentación existente, mostrada con una buena un criterio pedagógico, que la convierte en una lección de historia. Dos de las vitrinas muestran la prehistoria de la ley. La primera recoge los antecedentes históricos de la propiedad intelectual, desde la aparición de la imprenta. Si Guttemberg confirma sus primeras tentativas de ímpresión en Estrasburgo, en 1436, y el más viejo impreso español es una bula contra los turcos, datada en Zaragoza en 1473, se exponen ya provisiones reales de 1477, y los Reyes Católicos dictarán pragmáticas en 1480 y 1491 tratando de regular la importación de libros, desde las ya importantes imprentas centroeuropeas, o simplemente, su movimiento entre los reinos españoles. En 1502, se prohíbe la publicación de libros sin licencia, y los Austrias se encargarán de ir transformando lo que hasta la aparición del Estado moderno era unjuego de libertades, o, en el lenguaje de la época, de privilegios, en un campo donde se intuían los peligros de la subversión cultural y la gran importancia de la alfabetización en los recelosamente previstos movimientos de conciencia. Felipe III prohibirá la impresión de libros españoles en el extranjero, y en caso de que se hiciera, su importación, y Felipe IV aconsejará, sin encontrar las claves legales para obligarla, una reducción de aquel mundo editorial, dada «la abundancia de libros». Y eso ciue todavía estamos en una sociedad fundamentalmente analfabeta.El siglo XVIII marca los antecedentes de la ley canovista vigente hoy. Efectivamente, Fernando VI, en 1754, recopila el derecho establecido hasta entonces, y será Carlos III, el rey Borbón por excelencia, el hombre que sueña el Estado total, el que extenderá en 1764 la Real Cédula sobre el privilegio concedido a los autores y a sus herederos para explotar sus obras, que reconocen su carácter hereditario en el documento expuesto de 1778, y años antes, puesto que la Inquisición goza de poder tradicional para censurar escritos y espectáculos, y la racionálización borbónica entra en frecuente contradicción con el Santo Oficio, se establece en un hermoso documento expuesto igualmente el derecho de los autores a defenderse de la autoridad estatal-religiosa. El documento a la vista es de 1762.

La ley de 1847

Vienen más tarde los documentos, ya del siglo XIX que preceden y preparan el espacio legal de la ley. En torno a la edición de la ley de 1847, tal como apareció en La Gaceta de Madrid, la historia se detiene en el debate que cubre un siglo, desde las Cortes de Cádiz, en plena promulgación de La Pepa, hasta Alfonso XII y Cánovas del Castillo. Y acompañando a la definitiva, la de 1879, seguida de la Reglamentación del 80, además de los debates parlamentarios, el tratamiento de la noticia de la ley en los periódicos de la época. Las tres vitrinas que quedan se ocupan con documentos sobre inscripción registral -entre otros, el primer libro de registro-, textos de acuerdos sobre propiedad intelectual con otros países -España ratificó recientemente los acuerdos de la Convención Universal sobre Derechos de Autor, de París, dejulio de 1971- y una selección bibliográfica sobre el tema.La documentación expuesta procede, según dijo a EL PAIS Margarita Llopis, jefa del Departamento de Inscripción del Registro de la Propiedad Intelectual, y representante en la exposición de la Subdirección General de Archivos, del Archivo Histórico Nacional del General de Simancas, del de Presidencia de Gobierno, de los archivos de las Cortes, del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Centrál dc la administración de Alcalá, del Registro General de la Propiedad Intelectual -de donde se exhiben algunos libros curiosos, primeras ediciones y manuscritos- y de la propia Biblioteca Nacional, que ha prestado los grabados que ilustran la colección.

Sobre la ley vigente dice José María Chicho Ortiz, registrador general de la propiedad intelectual, en el texto-catálogo de la exposición: «Con ella se pretendió amparar y proteger lo que podríamos llamar la facultad creadora de cultura y la difusión de la misma intentando conciliar los diferentes intereses en lucha. Lo que sucede es que la ley quedó mediatizada por las ideas de una época en torno al concepto de propiedad. Publicada ya la Constitución española de 1978 y habiendo sido recogido en ella el «derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica» (artículo 20), inevitablemente surgirá el tema de la modificación de esta legislación centenaria pues las sucesivas reformas habidas desde entonces sólo suponen intentos parciales.» .

El INLE contra el plagio

Dentro de este orden de cosas, el Instituto Nacional del Libro Español acaba de hacer pública una circular en la que se hace eco de la preocupación de la Unión Internacional de Editores que, en las reuniones celebradas el pasado octubre en Frankfurt, se mostraron colectivamente alarmados ante la creciente extensión del plagio en cada vez más países.En una primera etapa, la UIE recogerá toda la información posible sobre plagios y piratería sufridos por las editoriales y autores, para en una segunda fase iniciar, tras seleccionar casos bien especificados de plagio en regiones determinadas, una ofensiva de tipo legal y publicitaria, con todos los medios a su disposición, desde la denuncia a las autoridades regionales, nacionales e internacionales, al recurso a los tribunales, pasando por la puesta en conocimiento ante la opinión pública.