Fracaso de la huega general en Perú

Fuentes oficiales y portavoces de partidos políticos que no se adhirieron a la convocatoria, calificaron de «fracaso rotundo» la huelga general auspiciada en el país por la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), sindicato del Partido Comunista. La huelga, que debía tener una duración de 72 horas, solamente fue total en Ayacucho y Huancavelica. Las cifras más fiables hablan de entre un 15 y un 20 % de la población laboral sumada al paro.

En Lima, la capital, la mayoría de las personas acudieron normalmente a sus trabajos, ayudadas por la prácticamente normal circulación de los vehículos de transporte colectivo. Durante la mañana del primer día de huelga se produjeron incidentes aislados en barrios extremos de la ciudad. Algunas calles fueron bloqueadas y se observó la presencia de piquetes que trataban de impedir la entrada a las fábricas a los trabajadores.El despliegue militar y policial en todo el país fue espectacular. Lima y las principales ciudades peruanas aparecieron prácticamente tomadas por las fuerzas armadas, que usaron vehículos blindados en sus patrullajes.

El Gobierno del general Francisco Morales había declarado ilegal el paro y suspendido por treinta días las garantías constitucionales en todo el país. En uso de estas medidas excepcionales, la policía detuvo en las últimas horas a cerca de dos centenares de dirigentes sindicales y políticos de partidos de izquierda. Cinco revistas que apoyaron la convocatoria de la huelga fueron suspendidas y los periódicos recibieron órdenes estrictas de no publicar noticias que pudieran interpretarse como apología del paro.

Para la mayoría de los observadores, el recuerdo de los sangrientos sucesos producidos hace nueve meses, con ocasión de una huelga similar, ha pesado notablemente en el ánimo de los peruanos. En aquella fecha, la policía y el Ejército reprimieron durísimamente las manifestaciones convocadas para protestar, como en el presente caso, contra el alza del costo de la vida. Cifras oficiales reconocieron la muerte de cuarenta personas, mientras que dirigentes de partidos políticos aseguraron que se habían producido más de doscientas.

El clima de violencia resultante de aquellos incidentes obligó al Gobierno a retrasar la fecha inicialmente fijada para la celebración de elecciones para la asamblea constituyente, e, incluso, hizo temer a muchos la posibilidad de que los militares suspendieran los comicios.