Política y Administración

LA PARALIZACION evidente que la Administración española, ya de por sí bastante esclerótica, acusa estos días con motivo de la convocatoria de elecciones generales pone de relieve la necesidad de acometer cuanto antes una reforma en profundidad. Por un lado, los hechos señalan una proliferación de los cargos políticos o de confianza. Por otro, la excesiva acumulación de poderes y decisiones en manos de los ministros y directores generales, incluso en cuestiones triviales, y que procede, sin duda, del antiguo virreinato que los ministros de Franco ejercían en sus respectivos departamentos, dificulta un trabajo continuado y estable de los diferentes equipos. Por último, es palpable la creciente falta de profesionafidad de nuestra burocracia, ante la que motivos electoralistas o de espíritu corporativo el Gobierno ha venido contestando recientemente con una pasividad absoluta.La despolitización de la Administración pública, su modernización bajo criterios de eficacia y servicio al contribuyente, son objetivos básicos a conseguir. La dilapidación del gasto público en capítulos de dudosa conveniencia, la permisividad en el absentismo laboral del funcionariado, la baja productividad del mismo, la habitual mala clasificación de quienes sí trabajan y las diferencias abismales e incomprensibles entre las remuneraciones de algunos cuerpos del Estado son cosas que saltan a la vista y que hablan de unas estructuras burocráticas obsoletas y caciquiles. La reforma de la Administración es una tarea urgente, quizá no tan brillante como otras, pero mucho más necesaria y efectiva. Y la ineficacia del ministro Otero a este respecto, demostrable con el más somero de los análisis de su gestión, debe servir de aviso para las ulteriores navegaciones gubernamentales.