Nuevo régimen pesquero para la flota española que faena en aguas de Mauritania

Un acuerdo de principio con Mauritania ha cerrado la poco afortunada sucesión de hechos que han marcado la política pesquera española del presente año. Tras cuatro días de misteriosas conversaciones en Madrid, luego de otra reunión de parecido signo en Nuackchott, parece que las delegaciones de ambos países han alcanzado una aproximación de sus posturas que, en conjunto, suponen de hecho un cambio en las bases del tratado vigente, suscrito en octubre de 1977.

Desde el cambio del régimen mauritano, acaecido el pasado verano, el Gobierno de Nuackchott ha venido manteniendo la pretensión de renegociar globalmente el vigente acuerdo pesquero entre ambos países, a pesar de que todavía restan dos años para su extinción. Las pretensiones mauritanas para la renegociación han consistido esencialmente en el incremento de la ayuda económica española y en la constitución de nuevas sociedades mixtas pesqueras, al estilo de las existentes con su vecino magrebí, Marruecos. Al parecer, la postura esgrimida por España en las conversaciones mantenidas en la capital mauritana fue la de mantener la vigencia del acuerdo en los plazos previstos, accediendo solamente a revisar algunas cuestiones.Al término de las negociaciones celebradas en Madrid, la impresión que se obtiene del comunicado final, difundido oficiosamente por el Ministerio español de Transportes, es la de que el vigente acuerdo ha sido en definitiva renegociado, ya que la mayor parte de las condiciones previstas en 1977 han sido modificadas. Sin excesivas concreciones, el comunicado ministerial señala que «se ha cuantificado el esfuerzo pesquero de la flota española en 90.000 toneladas de registro bruto. De ellas, 60.000 corresponden a buques de arrastre, congeladores y de fresco; 15.000 a arrastreros dedicados a la captura de merluza negra, y otras 15.000 para buques artesanales». La propia nota admite que ello supone una «ligera reducción en el tonelaje de la flota de congeladores y un ligero aumento para la flota de los otros dos grupos». Ninguna de estas reducciones o ampliaciones se cuantifica, ni se señala si existirán límites al volumen de capturas. Se indica, eso sí que las bases de este acuerdo de principio son de aplicación inmediata, sin que el nuevo acuerdo haya sido firmado, ni ratificado parlamentariamente, ni mucho menos revocado el actualmente vigente.

El ministro de Transportes español, por su parte, señalaba ayer en unas declaraciones radiofónicas, que «una tonelada de merluza pescada en aguas mauritanas nos costará a partir de ahora más cara». Ello hace suponer -a falta de otros datos- que puedan haber sido revisados los cánones establecidos en concepto de cuota pesquera o que, incluso, pueda haberse acordado un volumen de ayuda económica española a Mauritania.

Otro de los términos del acuerdo de principio revelados por el Ministerio de Transportes español es la cesión del 51% del capital de la sociedad de transformación pesquera Imapec, con sede en Mauritania, y que hasta ahora era ciento por ciento propiedad del INI, a través de Simex (Sociedad de Inversión Mobiliaria en el Exterior). No se han especificado, sin embargo, las fórmulas por las que el capital mauritano se hará con el. porcentaje mayoritario de la sociedad.

En el aludido comunicado final oficioso tampoco se cita, sorprendentemente, la presencia en un determinado momento de las negociaciones del vicepresidente primero del Gobierno español, teniente general Gutiérrez Mellado, a pesar de que el rumbo de las negociaciones parece que varió sustancialmente a partir de dicho momento. La intervención del ministro de Defensa en las negociaciones se ha interpretado en medios políticos como significativa de que pudieran haberse incluido en los acuerdos finales suministros de material militar español al Ejército mauritano. Hasta ahora, España ha suministrado diverso material militar a Mauritania. En concreto, la Empresa Nacional Bazán ha cumplimentado un importante pedido de suministro de lanchas patrulleras a la Marina mauritana; dos de estas unidades chocaron recientemente en la bahía de Cádiz durante unas pruebas de navegación, resultando muertas varías personas.

Las negociaciones entre las delegaciones española y mauritana han sido calificadas hasta el último momento por parte española como «rutinarias y previstas en los acuerdos vigentes», negando en todo el transcurso de las conversaciones que en realidad se estuviera negociando una revocación de las condiciones del acuerdo de 1977.

Hasta el momento, no se ha producido reacción alguna del sector pesquero canario. La respuesta a los acuerdos firmados hasta el momento ha sido de rechazo, tanto en los casos de Marruecos y Mauritania, como en el acuerdo transitorio con la CEE. En las últimas semanas, armadores, organizaciones pesqueras y centrales sindicales con implantación en el sector se han unido en contra de las normas contenidas en el Plan de Reestructuración Pesquera que ha elaborado la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante. Su titular, Víctor Moro, fue sujeto de duras acusaciones en el seno del Congreso, a raíz de una interpelación socialista sobre la política pesquera. El señor Monro era diputado de UCD y en aquel momento no ostentaba cargo alguno; anteriormente fue director general de Pesca. La mayoría que ostenta UCD en la Cámara evitó que la interpelación tuviera consecuencias. Unas semanas después, el ministro de Transportes designaba a Víctor Moro responsable máximo de los asuntos pesqueros en la Administración.