Aplazado el debate del estatuto jurídico de RTVE

Con la disolución de las Cortes acordada ayer por el presidente Suárez se ha abierto. un período de interinidad en la labor parlamentaria que afecta a diversos proyectos de ley de carácter social que sufrirán una demora de prácticamente tres meses, hasta que entren en funcionamiento los nuevos parlamentarios.Entre ellos destaca el proyecto de ley de estatuto de régimen jurídico de Radiotelevisión Española, que pudo ser introducido ayer en las Cortes antes de su disolución. El proyecto de estatuto del Gobierno no es el primero que se presenta, puesto que el Partido Comunista de España (PCE) hizo lo mismo con su proyecto. Las diferencias básicas entre uno y otro radican, entre otros puntos, en la designación del director general de RTVE, que, según el presentado ayer por el Gobierno, será nombrado por él mismo, mientras que el del PCE propugna un nombramiento por decisión del Parlamento. También existen diferencias importantes en la aceptación de publicidad por parte de TVE y en la composición del consejo asesor. En el proyecto gubernamental predominan los miembros del consejo nombrado por el Gobierno sobre los procedentes del Parlamento; es decir, lo contrario que en la propuesta comunista.

El próximo 3 de enero, la Dirección General de Desarrollo Comunitario presentará a la opinión pública su proyecto de estatuto del menor, coincidiendo con el comienzo del Año Internacional del Niño., En el citado proyecto de estatuto que presentará el Gobierno, a propuesta del ministro de Cultura, se pretende potenciar los derechos del niño. Sin embargo, su discusión en las Cortes sufrirá el retraso correspondiente al disolverse las actuales Cortes.

La ley de Peligrosidad Social, sin duda una de las menos populares de cuantas conforman el actual sistema jurídico-legal, continuará en vigor hasta que no sea aprobada definitivamente la reforma del Código Penal vigente. Los proyectos gubernamentales recogen la propuesta socialista de derogar la citada ley de Peligrosidad Social o cuando menos modificarla sustancialmente para incluir algunos de sus delitos, o tipificados como tales, en el nuevo Código Penal con un tratamiento distinto al que se utiliza en la actualidad. Esta ley engloba una serie de comportamientos sociales -prostitución, homosexualidad, adicción a las drogas- de difícil valoración jurídica al estar íntimamente vinculados a la moral social y ésta a los distintos criterios que rigen una sociedad.

El Concordato entre España y la Santa Sede, pese a tener una cualificación jurídica superior a la de una ley -se le considera un tratado entre dos países-, sufrirá un retraso en los trámites ordinarios para su nueva redacción, puesto que las Cortes deberán ratificar el nuevo acuerdo entre el Gobierno español y la Santa Sede.

En lo que se refiere al divorcio, al parecer, los principales partidos con representación parlamenta:ria tienen ultimados o muy adelantados una serie de proyectos de ley. La disolución de las Cortes retrasará notablemente la concreción práctica de los distintos proyectos de los partidos políticos.