Cuatrocientos veintisiete días de trabajos legislativos

Con la disolución de las Cortes españolas, nacidas de las elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 se pone fin a un período de vigencia legislativa de 427 días. El 22 de julio de 1977, la primera legislatura de las Cortes de la actual monarquía inició su andadura con el primordial objetivo de dotar de una Constitución al pueblo español. Aunque en el contenido de las elecciones nunca quedó claro, su carácter constituyente fue resaltado por los principales líderes de los partidos políticos. En poco más de diecisiete meses, las Cortes han desarrollado una intensa labor legislativa, presidida por la elaboración del texto constitucional. Catorce meses de debates fueron necesarios para ultimar un texto definitivo, refrendado positivamente por el pueblo español el pasado 6 de diciembre. Otras muchas tareas, no menos necesarias, fueron llevadas a cabo. La ley de Amnistía fue aprobada el 14 de octubre de 1977, lo que venía a dar satisfacción a la presión social existente. La necesidad de acomodación de la sociedad española a una situación de normalidad democrática se reflejó en la reforma del Código Penal en materia de anticonceptivos y adulterio. Los derechos de la persona fueron protegidos jurisdicionalmente con un reconocimiento más amplio, con la asistencia del letrado al detenido y con la tipificación del delito de tortura. En materia económica se llevó a cabo la tan esperada reforma fiscal y los partidos parlamentarios se corresponsabilizaron con el propio Gobierno en la política económica de los pactos de la Moncloa.

Las Cortes intentaron dar solución a la actual crisis política potenciada por el terrorismo, con la promulgación de la ley Antiterrorista, que derogaba el decreto-ley de parecido contenido promulgado por el Gobierno meses antes. Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el proyecto de ley por el que se regulan las funciones de los órganos superiores del Estado en relación con la Defensa Nacional, son las dos normas legales de aplicación en el ámbito castrense que las Cortes aprobaron. Asimismo, la ley de Policía Nacional supuso la adecuación de las funciones de esta institución a la actual situación. Hay que destacar la aprobación de la ley de Elecciones Locales, cuya celebración estaba prevista en los primeros meses del próximo año.

Múltiples tareas han quedado suspendidas con la disolución de la actual legislatura, como el proyecto de ley de Acción Sindical y la reforma del Código Penal en materia de terrorismo y reincidencia, y la reforma del Código de Justicia Militar, entre otras.

La composición y los cambios

En el Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario mayoritario era el de UCD, con 158 diputados, seguido por el socialista, con 107. Los restantes grupos parlamentarios no alcanzaban en número el tercio del total de 350 diputados.

En estos diecisiete meses se han producido varias dimisiones. Destaca la del diputado abertzale Francisco Letamendía, sustituido por el segundo de la lista y militante del Movimiento Comunista, Patxi Iturrioz. Rafael Alberti, del PCE, que dimitió, fue sustituido por Francisco Cabral. El diputado de UCD Josep Espinet, fallecido, fue sustituido por Marcel Lí Moreta. Juan Manuel Fanjul y Federico Mayor Zaragoza, de UCD, renunciaron a sus cargos y ocuparon sus puestos Oscar Alzaga y Julio Castro. Rosa Lajo, de Socialistas de Cataluña, dimitió; la reemplazó Lluis Sacrest. Por último, el comunista Antoni Gutiérrez ha renunciado a su escaño hace escasos días, siendo sustituido por Miguel Núñez.

De los 248 senadores que componen la Cámara alta, 207 fueron elegidos el 15 de junio y 47 designados por el Rey. Las vacantes y dimisiones en el Senado dieron lugar a elecciones parciales en las provincias afectadas. El 17 de mayo de este año, el socialista Fernando Morán resultó elegido en Asturias para ocupar la vacante ocasionada por la dimisión del comunista Wenceslao Roces; y el también socialista Alberto Javier Pérez resultó ganador en Alicante, en sustitución del fallecido Julián Andúgar, del PSOE. La reciente muerte del senador de UCD, Juan Antonio Grafflo no se ha cubierto.

La composición de los grupos parlamentarios, en ambas Cámaras, ha experimentado numerosos cambios desde su creación el pasado año. Cambios propiciados por la integración del PSP en el PSOE y por la estrategia de conirol sobre el Grupo Mixto.

Debates polémicos

Dejando a un lado la política del consenso, que ha presidido prácticamente lo más resaltable de la política parlamentaria desarrollada, no han estado ausentes los debates polémicos, que han aportado tensión y expectación. La descolonización del Sahara; la interpelación sobre orden público y terrorismo protagonizada por Fraga; el tenso debate Martín Villa-Letamendía; el Pleno sobre el tratamiento a que fue sometido el diputadp socialista por Santander, Jairle Blanco, por parte de las Fuerzas de Orden Público, y los sucesos de Málaga y Tenerife, resumen los momentos álgidos del enfrentamiento dialéctico en las Cortes.

El protagonismo parlamentario ha estado reservado, generalmente, a los líderes de los respectivos grupos, que se han reservado para sí las íntervenciones en los momentos importantes.

Los sucesos que más conmovieron a la opinión pública encontraron también eco en las Cámaras. Para ello se constituyeron comisiones especiales, como las de investigaciones sobre el estado en las cárceles españolas, las de los sucesos de Málaga y Tenerife y sobre todo el téma de las escuchas telefónicas, en, el Consejo General Vasco. Tema, este último, denúnciado por el senador Bandrés, que, junto con Xirinachs, ha destacado como estrella polémica en el Senado