Aumento de la inversión pública y fomento del empleo, intentos de compensación a la limitación salarial

El destinatario de la política económica propugnada por el Gobierno es el empleo en dos frentes: el primero, a corto plazo, al romperse la tendencia decreciente de puestos de trabajo, y el segundo, a medio plazo, al mantenerse los equilibrios conseguidos durante 1978, según declaró en la mañana de ayer en conferencia de prensa celebrada en el palacio de la Moncloa el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Fernando Abril, en el acto de presentación del documento sobre política económica para 1979.

El señor Abril puso de manifiesto que el programa económico irá acompañado por un decreto-ley sobre topes salariales y que entró en las Cortes para su estudio por la Comisión de Urgencia Legislativa, disposiciones reguladoras de la negociación colectiva, de la contratación laboral a plazo fijo, de política presupuestaria, un decreto instrumentando la participación de empresarios y sindicatos en el Instituto Nacional del Empleo y la Seguridad Social, y una serie de medidas de saneamiento de estructuras, como son el reforzamiento de los programas de inversión y del Fondo de Acción Coyuntural, con el objeto de crear mayor número de puestos de trabajo.Tras señalar que el Gobierno está dispuesto a asumir sus responsabilidades, el señor Abril justificó la adopción de la fórmula del decreto-ley en base a la urgencia que se trataba de imprimir a la política de contención de rentas -en breves fechas curnplen varios miles de convenios-. Por lo que respecta a las causas que han impedido llegar a un acuerdo formal con patronal y sindicatos, el vicepresidente segundo no quiso hacer ningún tipo de juicio sobre los participantes en las reuniones, aunque hizo referencia a que los condicíonantes políticos han impedido llegar a un acuerdo formal y explícito en materia económica.

Tras negar que el programa económico del Gobierno estuviese sujeto a algún tipo de consenso con las fuerzas políticas o económicas, el señor Abril afirmó que le resultaba muy difícil pensar que el programa pudiera ser rechazado por las centrales sindicales, ya que entre los aspectos esenciales de la política gubernamental se habían recogido algunas de las aspiraciones básicas de los sindicatos presentes en las negociaciones.

Preguntado por el aspecto laboral, obviado de la política del Gobierno, el señor Abril manifestó que ésta había sido una de las razones por las que no se había llegado a un acuerdo. Sin embargo, y tras señalar que se espera un primer trimestre presidido por un clima electoral, Fernando Abril dijo que la postura del Gobierno es la de europeizar las relaciones laborales en España, si bien su modificación debe ir precedida de una serie de contactos entre las partes. Quizá debido al clima laboral existente -dijo- al día de hoy no se encuentra el marco idóneo para variar sustancialmente estas relaciones.

El vicepresidente hizo especial referencia en que el programa económico recogía preocupaciones de las centrales, como eran el paro, las inversiones públicas, el saneamiento del Instituto Nacional de Industria o el reforzamiento del Instituto de Crédito Oficial.

En el transcurso de la conferencia de prensa, el señor Abril Martorell señaló, a preguntas de los periodistas, que no existen causas objetivas para establecer un incremento de los precios energéticos, como respuesta al alza experimentado por los precios petrolíferos. «El Gobierno no aprobará ningún aumento de precios mientras no existan causas objetivas que así lo demanden. La política del Gobierno en materia de precios es muy estricta y no permite ningún tipo de desviaciones en tanto en cuanto no existan razones para ello.» «Estas razones no se producen durante el primer semestre de 1979, ya que, a pesar del incremento del crudo establecido por los países de la OPEP, España pagará durante los primeros seis meses menos dinero -en pesetas- por el petróleo que en igual período de 1978.»

La mayoría de las fuerzas sindicales españolas ha contestado, sin demasiada energía, con rapidez la propuesta del Gobierno en materia salarial. En este sentido, CCOO rechaza el plan económico del Gobierno, ya que las medidas propuestas no constituyen el programa económico en profundidad que requiere la grave situación de nuestro país. Tras calificar de «parche electoral» el programa gubernamental, CCOO pone de manifiesto que las ayudas al desempleo continúan siendo muy inferiores a las necesitadas realmente, a la vez que apunta el hecho de que la fijación de unos topes salariales inferiores al incremento del coste de la vida durante 1978 supone una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y pensionistas, de todo punto inaceptables.

Termina el comunicado de CCOO haciendo un llamamiento a los trabajadores para articular responsablemente las acciones necesarias que permitan alcanzar mejoras sustanciales en las condiciones de vida y de trabajo en la negociación de los próximos convenios colectivos.

UGT, por su parte, mostró su firme voluntad de reivindicar en las próximas negociaciones colectivas subidas salariales de hasta un 16%, siempre de forma responsable y con cierta flexibilidad, según los sectores.

Calificaron la publicación de un decreto-ley como representativa de la debilidad del Gobierno, que se llama de centro izquierda, pero que es de centro derecha.

UGT abundó también en la pérdida de competitividad de los salarios con la fijación de los topes salariales, aunque no se atrevió a decir que se vaya a llegar a movimientos de presión social graves. «Va a ser un mes de enero con cierta conflictividad, lógica y asumible por la coyuntura social actual. Va a haber un pulso entre el Gobierno y las centrales sindicales.»

Por su parte, la CSUT ha rechazado el decreto-ley sobre topes salariales, por considerar que, además de producirse una congelación salarial; se fijan topes por debajo del alza del coste de la vida.

Esta central exige la negociación de convenios y denuncia las intenciones de la CEOE, que, según ha informado, pretende presionar al Gobierno para que aplace la negociación hasta finales de marzo del año próximo.

La CSUT ha enviado telegramas a los portavoces de los grupos parlamentarios en los que piden la oposición al decreto de congelación salarial.

Por su parte, el Sindicato Unitario ha señalado que el decreto supone una gran limitación al derecho de la libre negociación entre las partes y una clara toma de posiciones del Gobierno en pro de las propuestas y exigencias hechas por la CEOE en materia salarial y, por tanto, en contra de los trabajadores.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a la hora de cerrar esta edición no se había definido.

El decreto-ley sobre política de rentas que debería haber recibido el visto bueno de la Comisión de Urgencia Legislativa del Congreso, se enfrentó con dificultades de última hora, al retrasarse la reunión de la Comisión hasta las nueve de la noche de ayer, en base al rechazo de alguno de sus integrantes por no haber tenido conocimiento del texto hasta una hora antes de la hora inicialmente prevista para su celebración (una de la tarde).

En este sentido, el PSOE señalaba que se había tenido conocimiento del decreto-ley a través de la prensa, lo que supone un absoluto desprecio hacia el Parlamento, y que se había pedido un aplazamiento con objeto de estudiarlo con más detenimiento. Según manifestó a últimas horas de la noche un portavoz del PSOE, este grupo decidió votar negativamente la aprobación del citado texto.

(Texto resumido del programa en páginas 38 y 39.)