Sigue la oposición cristiana a la creación del impuesto religioso

Organizado por las Comunidades Cristianas Populares de Madrid, se celebró una mesa redonda sobre el tema del impuesto religioso, en la parroquia del Valle, en Vallecas. Participaron el teólogo Enrique Miret Magdalena; el presidente de la Iglesia evangélica española, Daniel Vidal, y los también teólogos Casiano Floristán y Juan José Tamáyo Acosta.

Juan José Tamayo centró el terna en el contexto de los acuerdos parciales entre la Santa Sede y el Gobierno español. Destacó el sentido discriminatorio que por parte de la Iglesia católica y el Estado se da hacia las demás confesiones religiosas. El reconocimiento hecho por la Constitución de la libertad religiosa hubiera sido suficiente. Igualmente observó cómo en el silencio total que rodea a estos acuerdos se desvela una falta de consideración por parte de la Santa Sede y de la Iglesia jerárquica española hacia la corresponsabilidad de los cristianos en la marcha de la misma Iglesia. La firma de estos tratados parte de una concepción de Iglesia como estructura de poder, con capacidad para pactar en equilibrio de fuerza con el poder político, lo cual es contrario al espíritu del Evangelio y del Concilio Vaticano II. Hizo notar también el carácter anticonstitucional del impuesto religioso. La asignación explícita en la declaración tributaria supone una mención indirecta de la confesionalidad del contribuyente.Daniel Vidal, pastor de la Iglesia evangélica, subrayó que la libertad religiosa no es más que una consecuencia del marco de las demás libertades. «El Estado para los cristianos -dijo- tiene que ser tanto más Estado como cuanto menos ligado a una situación determinada.» La permanencia del Estado al servicio Je una ideología concreta supone volver a una situación anterior. En este sentido, la mención .explícita a la Iglesia católica en el artículo dieciséis de la Constitución es el reconocimiento de una cierta confesionalidad por parte de un Estado que se declara no confesional. La Iglesia está presente en la congregación de fieles, y ellos son los que tienen que definir, determinar y comprometerse con sus necesidades prioritarias. El mantenimiento de estas comunidades e iglesias locales es un compromiso más del conjunto de las obligaciones que deben marcarse los fieles. En esté sentido, el impuesto religioso es un obstáculo para la responsabilidad personal, desdibujando el papel de la Iglesia y del mismo Estado.

Casiano Floristán estableció los criterios teológicos que deben regir la administración de bienes y finanzas de la Iglesia. Señaló que la propiedad y administración de los mismos debe estar al servicio de los fieles y de la evangelización, con un criterio básico de pobreza y justa distribución. La Iglesia debe ser intendente de los pobres, aunque hoy día no es ella la única que tiene este carácter. Insistió también en la urgente necesidad de una cesión de todos los bienes que no tienen una función propia, y que son patrimonio de la cultura del pueblo.

Enrique Miret Magdalena expuso las distintas maneras de cómo se financia la Iglesia en el panorama mundial y las distintas formas que ha revestido esta aportación en España. Concluyó considerando improcedente la actual fórmula por la falta de independencia que supone para la Iglesia su sentido antievangélico y su carácter anticonstitucional. En el coloquio final los asistentes se manifestaron en contra de este proyecto por antipopular y por hipotecar a la Iglesia española una vez más. Se insinuó la posibilidad de negarse, como contribuyentes, a asignar una parte a la Iglesia católica.

Las relaciones Iglesia-Estado en España se basan en un documento que se renueva cíclicamente, el Concordato, y que en la actualidad se encuentra en la última fase de las negociaciones para su renovación.