Confusión en torno al "Cruz del Mar"

PARECE QUE comienza a instalarse en los hábitos políticos del Gobierno español la tendencia a que sea el ciudadano quien a través de informaciones recortadas deduzca por sí mismo la verdad en aquellos casos que afectan gravemente a la seguridad del Estado o de la nación.Después de la «Operación Galaxia», la solución del caso del asesinato de los pescadores del Cruz del Mar puede quedar como un nuevo ejercicio para las aptitudes detectivescas de nuestros conciudadanos. Hace ya más de tres semanas que el ministro de Transportes regresó de Canarias con la «certeza de haber reunido pruebas con cluyentes» que permitían al Gobierno identificar a los autores del atentado terrorista que costó la vida a ocho pescadores españoles. Tres semanas después esperamos esas supuestas pruebas, y todo sugiere que las mismas podrían ser utilizadas para incriminar indistintamente a los diferentes posibles autores o incitadores de los hechos.

Durante una semana, las identificaciones llevadas a cabo por los. supervivientes permitían sospechar que podría tratarse de una operación del Polisario. De repente, el representante de ese Frente, recién llegado de nuevo a Madrid, ha afirmado en una conferencia de prensa, de la cual por primera vez TVE actuó como caja de resonancia, que su organización no es culpable y que tienen todas las pruebas sobre quiénes son los autores a la disposición del Gobierno español si éste las solicita.

Lo inconcebible de todo esto es cómo una organización que es una de las partes acusadas en el caso no ha sometido de motu proprio esas pruebas a las autoridades, de la misma manera que es lógico suponer que no se habría permitido al Polisario un nuevo foro informativo como el de anteayer si «aquellas pruebas concluyentes», que decía traer el ministro de Transportes, no le exoneraran, al menos en opinión de un sector del Gobierno. De lo contrario no habría explicación para esa pasividad gubernamental.

Durante toda la campaña de la izquierda española contra el Acuerdo Tripartito de Madrid, el Polisario prometió denunciar con nombres y apellidos a los españoles que acusaba de haberse beneficiado con «la venta del Sahara a Marruecos y Mauritania». Nadie ha recibido hasta ahora o hecho públicas esas revelaciones.

Sin embargo, ahora cabe pensar, al menos en,beneficio de la dignidad de este país, que no se trata de un gesto propagandístico; que nadie intenta negociar esas pruebas a cambio de algo más; que nadie quiere divertir a la opinión pública, porque ya no estamos para diversiones.

Partiendo de estos supuestos, ¿qué nos queda?: ¿que las pruebas acusan a Marruecos, a un GRAPO-marroquí o a un tercero que no es ni Marruecos ni el Polisario? ¿Que el Gobierno no logra unanimidad para decidir cómo abordar la situación dada la gravedad que supondría la implicación de un Estado?

El gesto del Gobierno español hace unos días afirmando que la Armada defendería a nuestros pescadores, con toda la dignidad que proyecta, aún no se ha explicado cómo podrá ponerse en práctica en unas aguas territoriales cuya soberanía reclaman dos Estados y el Polisario, a menos que haya decidido recordar a Rabat y Nuakchott, que España ha cedido la administración pero no la soberanía del Sahara y que está decidido a patrullar esas aguas.

Lo concreto es que estamos ante unos hechos graves que no se quiere o no se pueden afrontar y que de nuevo los intereses pro argelinos o pro polisarios o pro marroquíes nos convierten en centro de confrontación. Dicho de otra forma, que la guerra del Sahara, por nuestras debilidades reales o supuestas, por la ausencia de una política de Estado asumida por todos, se nos traslada a Madrid o contra intereses y ciudadanos españoles. Nada pues más lejos de las intenciones proclamadas por la diplomacia española de mediar en el conflicto. No sólo no mediamos, sino que contra España empiezan a desaho garse unos y otros. Es hora de hacer comprender a todos, con hechos, que no podrán volver sus furias contra España. Pero también es hora de que el Gobierno com prenda que el acercamiento a una parte no puede ser en detrimento de la otra y que no podemos permitirnos ese juego político.