El Papa, contra el proyecto de estabilización de los servicios asistenciales de la Iglesia italiana

El papa Wojtyla acaba de intervenir por vez primera en el debate actual italiano sobre las relaciones entre Iglesia y Estado. Ha sido una ducha de agua fría para quienes pensaban que el nuevo Papa, por el hecho de no ser italiano, se iba a mantener al margen de la política de este país.

Juan Pablo Il ha intervenido en una materia extremadamente delicada como es el problema de las 10.000 instituciones asistenciales y de beneficencia, todas ellas en manos, hasta ahora, de la Iglesia. El Parlamento italiano ha aprobado hace unos meses la famosa ley 382, según la cual todos estos institutos deberían ser absorbidos por las regiones. Fue una tentativa no de estabilización, sino más bien de promoción de la política regional. Se trataba también de poner un poco de orden en un campo en el cual no pocas veces habían estallado escándalos de todo tipo: ineficacia, explotación de la miseria, complicidad política para transferir dinero del Estado a los partidos a través de estas organizaciones religiosas.

Ataque de los obispos

La ley 382 fue muy atacada por algunos obispos italianos y de un modo particular por el arzobispo de Florencia, cardenal Benelli que criticó la ley de «comunista» y de contraria a un régimen político de libertad democrática.La aplicación de esta ley es uno de los problemas planteados por la reforma del concordato entre la Iglesia y el Estado que, en Italia, está en plena actualidad y que en estos días deberá pasar a discusión y aprobación del Senado.

El papa Wojtyla, en una audiencia a los juristas católicos, se ha puesto en contra de la ley 382, apoyando a los obispos que, la habían combatido en estos últimos meses. El Papa dijo en esta audiencia que no sólo existe el deber de ejercerla asistencia, sino también su «insuprimible libertad», la cual no sería respetada si tuviese que prevalecer «la tendencia de atribuir al Estado una función centralizadora y exclusivista de la organización y la gestión directa de los servicios». El Papa justificó esta injerencia en la política italiana afirmando que «no podía permanecer extraño a las preocupaciones que tocan la posibilidad para la Iglesia de desarrollar su misión de caridad».

Dijo el papa Wojtyla que incluso un «control rígido» por parte del Estado o de la Administración regional de estas instituciones de la Iglesia, «acabarían desnaturalizando su función propia y legítima de promoción, de propulsión de integración y también -si fuera necesario- de sustitución de la iniciativa de las libres formaciones sociales según el principio de la subsidiariedad».

Contra el divorcio y el aborto

Los primeros comentarios laicos a esta intervención pontificial en un problema italiano afirman que «Juan Pablo II ha salido en defensa de la Iglesia italiana con la misma fuerza y energía con la cual en los últimos días ha empezado a poner orden en el mundo de los religiosos y de los sacerdotes», y añaden, como Il Messaggero, de Roma, que con esta acción el papa Wojtyla «no parece todavía desmentir la hipótesis de un «Tiber más ancho», es decir, una mayor autonomía de la conferencia episcopal», aunque es una señal de alerta.El Papa aprovechó también esta ocasión para alabar la firmeza con la cual la Unión de Juristas Católicos italianos se habían opuesto al divorcio y al aborto.