El Congreso decidió acabar con las secuelas de la guerra civil

El Gobierno, el Grupo Comunista, el PSOE y UCD se pusieron de acuerdo ayer en el Pleno del Congreso para reivindicar en común la reconciliación nacional, expresada en la norma legal necesaria para acabar con la situación de injusticia que vienen padeciendo desde la guerra civil las viudas, padres y huérfanos de quienes combatieron en favor de la República. El Pleno de la Cámara aprobó la toma en consideración de sendas proposiciones de ley comunista y socialista, de cuyo estudio, junto con el decreto-ley aprobado el 16 de noviembre por la Comisión de Urgencia Legislativa, puede resultar una norma común.

La proposición de ley comunista, los causantes de cuyas pensiones son tanto los combatientes de la República como los de las milicias populares y fuerzas de orden público, fue defendida por el diputado Simón Sánchez Montero, quien recordó que el Partido Comunista de España y el Partido Socialista Unificado de Cataluña fueron los primeros que en 1956 levantaron la bandera de la reconciliación nacional. El señor Sánchez Montero recordó que en aquella época estaba en carne viva la represión de la. dictadura y las cárceles se hallaban pobladas.En contraste con aquella época, el diputado comunista se felicitó de la situación actual, cuyo símbolo es la fecha del'6 de diciembre. Añadió que el ambiente actual de reconciliación no será efectivo hasta que no se haya producido la efectiva igualdad entre los españoles que combatieron en uno y otro bando y sus familiares, aunque existen aspectos imposibles de compensar, tales como los años de miseria y abandono padecidos.

Expresó su parecer favorable en términos generales al decreto-ley del Gobierno, pero apuntó algunas deficiencias en el mismo, ya que la proposición de ley comunista pretendía incluir también a los muertos por represión de actividades políticas y como consecuencia de la huelga de octubre de 1934 en Asturias.

En nombre del Gobierno, José Miguel Bravo de Laguna recordó la iniciativa gubernamental y señaló que ni el Gobierno ni los partidos deben reivindicar en exclusiva la reconciliación, que -dijo- es patrimonio de todos los demócratas y justo orgullo de nuestra democracia. Manifestó que el Gobierno tampoco quiere ser el único en borrar la secuela del pasado, pero no acepta ir a remolque de los partidos. Señaló que los beneficiarlos de la disposición de que se trata no sólo serán familiares de comunistas, socialistas o anarquistas, sino de españoles de la España trágica.

Por UCD, José Pedro Pérez Llorca manifestó la buena disposición de su grupo en favor de la toma en consideración de todas las medidas que tiendan a «purificar nuestro pasado como mejor forma de construir el futuro ».

En defensa de la proposición de ley socialista intervino Ciriaco de Vicente, quien resaltó la especial satisfacción por el marco de concordia en que se desarrollaba el debate y aludió a la extensión de la propuesta socialista, que alcanza al reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil.

Durante el debate de ambas proposiciones de ley, los diputados de Alianza Popular abandonaron el hemiciclo. En el momento de la votación no se encontraban tampoco presentes los representantes de las minorías Vasca y Catalana. La toma en consideración de la proposición de ley comunista fue aprobada con 146 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, y la socialista por 142 votos favorables, ninguno en contra y dos abstenciones.

Previamente se aprobó la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Socialista de Cataluña sobre modificación del artículo 29,1 del texto refundido de la Seguridad Social Agraria y otra sobre modificación del decreto-ley de 1955 sobre seguro de vejez e invalidez. En ambos casos, UCD se abstuvo. Otra proposición de ley presentada por Blas Camacho y otros diputados de UCD sobre resolución del problema de la comarca de Malagón (Ciudad Real), a fin de promover su desarrollo integral, fue aprobado prácticamente por unanimidad.

Consorcio de transportes en Madrid

En la sesión de la mañana del Pleno del Congreso se discutió, entre otras cuestiones, la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Socialista sobre consorcio de transportes en el Area Metropolitana de Madrid, que fue defendida por Enrique Tierno, quien afirmó que la proposición recoge sustancialmente el proyecto del Gobierno, matizándolo en algunos puntos.

El debate sobre la proposición continuó por la tarde, con la intervención del ministro de Transportes, Salvador Sánchez Terán, que puntualizó que el texto del Grupo Socialista en realidad añade cuatro nuevos artículos al proyecto del Gobierno, y algunas enmiendas. El representante gubernamental reconoció que las grandes ciudades necesitan un órgano integrador del transporte, si bien este no debería establecerse sólo con la participación del Ayuntamiento y el Estado, y dijo que hay que establecer el ámbito de actuación. Finalmente, anunció que UCD se abstendría en la votación, por coherencia.

La proposición fue aceptada por 118 votos a favor, cuatro en contra y 106 abstenciones, de UCD y Alianza Popular. En la explicación de voto, el comunista Ramón Tamames dijo que es prematuro plantear la política de transportes en las grandes ciudades antes de las elecciones municipales, porque sería antidemocrático. En nombre de AP, José Martínez Emperador dijo que su grupo se abstuvo a la vista del anuncio hecho por el Gobierno de que pronto enviará un proyecto de ley a las Cortes sobre el mismo tema.

En la misma sesión de la mañana se aprobaron el proyecto de ley de aprobación de Presupuestos para 1978, de diversos organismos, entre ellos los Servicios de Publicaciones de Sanidad y los organismos autónomos. También se aprobó el proyecto de ley de declaración, de interés social de la construcción de la Casa del Mar en Laredo, y una proposición de ley sobre constitución de cotos sociales.