El reparto de un territorio

Hace hoy tres años se firmó en Madrid el acuerdo tripartito por el que España cedía el Sahara a Marruecos y Mauritania a cambio de una serie de compensaciones económicas y, según fuentes oficiosas, de ciertas concesiones diplomáticas. Culminaba así un proceso en el que una fuerte presión marroquí, unos oscuros intereses económicos y la delicada situación política española determinaron un giro radical en nuestra política, desde una decidida defensa del principio de autodeterminación del Sahara, de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas, al pacto directo con Rabat y Nuakchott.Once meses atrás, Pedro Cortina Mauri, ministro de Asuntos Exteriores, había declarado: «España no se ha apartado en ningún momento de una línea de actuación congruente con la doctrina de la ONU aplicable a este territorio, que propugna el principio de la libre determinación de la población.» Esta misma postura se reafirmaría en los meses siguientes, tanto en las declaraciones, de los representantes españoles como en las de diversas autoridades militares con responsabilidades en el tema sahariano.

Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia

El 16 de octubre de 1975 el Tribunal Internacional de Justicia hizo público el dictamen consultivo que le había sido pedido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Redactado de forma equívoca, fue interpretado por cada una de las partes de la forma que más favorecía a sus intereses. Esa misma noche, el rey Hassan II anunciaba por televisión una marcha pacífica, la marcha verde, de 350.000 voluntarios marroquíes sobre El Aaiún. Inmediatamente, España solicitó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad para ocuparse del tema. El Gobierno de Madrid parecía, por tanto, intentar buscar la solución dentro del marco de las Naciones Unidas. Sin embargo, el 21 de ese mismo mes, José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento, efectuaba un viaje relámpago a Marruecos para entrevistarse con el rey Hassan. Tres días después, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Ahmed Laraki, proseguía las conversaciones en Madrid. Para tener las manos libres en caso de acuerdo, el Gobierno envió a las Cortes un proyecto de ley que confería el derecho a descolonizar el Sahara. Mientras tanto, la iniciativa parecía haber pasado de Asuntos Exteriores a la Presidencia del Gobierno, cuyo titular, Antonio Carro Martínez, era partidario, junto con Carlos Arias y con Solís, del acuerdo con Marruecos.

El 2 de noviembre, el Príncipe Juan Carlos, Jefe de Estado en funciones, como consecuencia de la enfermedad de Franco, visitó inopinadamente El Aaiún, donde afirmó que España respetaría sus compromisos internacionales. El 6 de noviembre, la vanguardia de la marcha verde franqueaba sin incidentes la frontera saharaui. Dos días más tarde, Antonio Carro se entrevistó con el rey Hassan en Agadir y al día siguiente el monarca marroquí declaraba terminada la marcha, dando la orden de repliegue.

Las negociaciones continuaron en Madrid, donde las delegaciones de Marruecos y Mauritania llegaron los días 11 y 12 de noviembre. El 14, un comunicado conjunto anunciaba la conclusión de un acuerdo, sin dar precisiones sobre su contenido. De hecho, Marruecos y Mauritania acababan de repartirse el Sahara.